José Guadalupe López Montes

Expediente 610/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 1 actuación registrada, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
610/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • José Guadalupe López Montes

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Recepción de la demanda. Téngase por recibido el escrito presentado por *** través del cual cumple con el requerimiento hecho por este juzgado, a efecto de que aclarara la demanda de amparo que promueve, contra actos del Juez Primero Mixto Familiar y Civil, con sede en Manzanillo, Colima, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Admisión. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 617/2020-III. Requerimiento de informe justificado a las autoridades responsables. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por escrito y de la siguiente forma: 1. Dentro del plazo de quince días hábiles. 2. En donde de ser el caso de que el informe sea en sentido negativo, se le solicita (sin que sea obligatorio) lo rinda en el plazo de cinco días hábiles; lo anterior sin que contravenga la jurisprudencia por contradicción P./J.22/2018, ya que no se les restringirá el término de quince días que les otorga la Ley de Amparo para rendir su informe justificado, a fin de preparar con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en los que basarán su pretensión, al ser un acto inexistente, lo que permite garantizar a las partes el derecho a la tutela judicial efectiva y se impartirá una justicia completa, pronta e imparcial. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. Apercibidas de que, en caso de ser omisas a lo anterior, se presumirá cierto el acto que se les atribuye; asimismo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos), de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades que el informe que se les requiere deben preferentemente enviarlo al correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (31) 6-48-00 extensión 1251; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, las autoridades las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Aviso de causal de improcedencia y existencia amparos previos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a las autoridades responsables, como a la parte quejosa, para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; asimismo, se solicita que se informe sobre la existencia de amparos promovidos previamente por el solicitante de amparo, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con apoyo en el dispositivo 251 de la ley en comento. Pronunciamiento a la suspensión de oficio y/o apertura de cuaderno incidental. En razón de que la parte quejosa no solicitó la medida cautelar, se hace innecesaria la apertura del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas con trece minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Intervención al Ministerio Público Federal. Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5°, fracción IV de la ley reglamentaria. Designación y emplazamiento de tercero interesado. De la demanda de amparo se aprecia que a Claudia Fernández Villaseñor, le corresponde el carácter de tercera interesada, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En razón de que Claudia Fernández Villaseñor, tiene su domicilio en calle Lázaro Cárdenas número 120, colonia Centro, en Salagua, municipio de Manzanillo, Colima; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado; gírese atento despacho al Juez Mixto Familiar y Mercantil del Tercer Partido Judicial, con residencia en Manzanillo, Colima, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en el domicilio de la parte tercera interesada de referencia, y con copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, la emplace al presente juicio de amparo; asimismo, le requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir en que quede debidamente emplazada, señale domicilio la residencia de este juzgado para oír y recibir todo tipo de notificaciones, apercibida que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, le correrán por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este tribunal. A efecto de evitar retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica del emplazamiento de mérito. Se hace saber que por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, e inserto al oficio 14654/2018, en el que precisó que los juzgadores exhortantes tienen a su cargo la obligación de señalar con claridad el objeto de las diligencias que encomiendan, así como proporcionar todos los elementos necesarios para que se puedan llevar a cabo, y por su parte, los juzgadores exhortados en el ejercicio de sus funciones, más allá de la duda, incertidumbre o falta de certeza que pudieran provocarles alguna circunstancia relacionada con la diligencia encomendada, que pudiera incidir en su auxilio judicial, se encuentran aptitud de solicitar de manera inmediata, a través de todos los medios que se encuentran a su alcance, la aclaración de ciertos aspectos relacionados con la encomienda, la remisión de los documentos que considere faltantes, o bien, de cualquier elemento que estime imprescindible para dar cumplimiento al encargo que se le solicita; y como consecuencia de ello, las autoridades exhortantes estarán en posibilidad de ordenar se realicen las gestiones necesarias para que de manera puntual y con la celeridad debida, se desahoguen las interrogantes, las faltas advertidas o las peticiones formuladas sean cumplidas, trascendiendo esa colaboración y auxilio institucional en beneficio de los justiciables, para con ello respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se apercibe a la autoridad exhortada que en caso de incumplir con lo ordenado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos), de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.

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