José Guadalupe López Camberos
Expediente 504/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 23/05/2017
Partes del expediente
- José Guadalupe López Camberos
- José Guadalupe López Camberos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Sin que la parte quejosa recurriera mediante recurso de revisión el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido...
- Principal
Ensenada, Baja California, tres de mayo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, que remite el Presidente en funciones de la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la determinación dictada dentro del expediente laboral 35/2008, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, lo que remite en alcance a su informe justificado; documentales, que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, de la demanda de amparo se desprende que el acto que reclama la parte quejosa de la autoridad responsable, es la omisión para emitir dentro de los términos señalados por los artículos 735, 967 y 968 de la Ley Federal del Trabajo, fecha para la audiencia de remate de los bienes embargados, ello dentro del juicio laboral tramitado bajo el expediente 35/2008. Una vez precisado lo anterior, debe destacarse que en el juicio de amparo indirecto puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, cuando durante el trámite se acredita la existencia de una causal de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, según lo dispone la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, de la novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, de marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, que se refiere a que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que ocurre cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página treinta y ocho, que se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de autos se desprende que el veintiuno de noviembre de dos mil trece, se dictó el laudo en el expediente laboral 35/2008, resolviendo que la parte actora, aquí quejosa, había acreditado parcialmente su acción, ordenando a la parte demandada el pago de tres millones ochocientos veintisiete mil cuatrocientos ocho pesos 30/100, moneda nacional, correspondientes a las prestaciones de indemnización. De los antecedentes que narra la parte quejosa, se colige que mediante escritos de fecha dieciséis de abril y veintinueve de junio de dos mil dieciséis, solicitó a la autoridad responsable, se señalara fecha y hora para el verificativo de la audiencia de remate de los bienes embargados a la parte demandada, aquí tercera interesada, sin que se resolviera lo peticionado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, hizo del conocimiento que se había dado trámite a un incidente de tercería excluyente de dominio, iniciado por el licenciado Jesús Santamaría Romero, apoderado legal de Fernando Trules Treviño, aquí tercero interesado, habiendo señalado fecha y hora para el verificativo de la audiencia incidental, motivo por el cual, no era posible señalar fecha para la diligencia de remate de los bienes embargados; incidencia que resolvió el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Así las cosas, mediante el oficio de cuenta, la autoridad responsable Presidente en funciones de la Junta Especial número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, hace del conocimiento de éste juzgado que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, señaló fecha y hora para el desahogo de la diligencia de remate de los bienes embargados, la cual quedó para las nueve horas del cinco de junio del presente año; omisión que reclamó la parte quejosa, e indicando que con ello vulneraba sus derechos; por lo anterior, resulta evidente que se ha reparado el derecho contenido en el artículo 17 constitucional del quejoso. En las relatadas circunstancias debe arribarse a la conclusión de que, nos encontramos ante una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de suerte que con ningún elemento de prueba se podría desvirtuar esa situación, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento del juicio de amparo sin necesidad de esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la citada causal de improcedencia. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI y 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, al actualizarse en el caso una causal de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable, es que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo que nos ocupa, ello con el propósito de cumplir con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos de esta data. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, cinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, formulado por Elsa Rebeca Mungaray Lagarda; atento a su contenido, téngase a la promovente apersonando al juicio de amparo en que se actúa con el carácter de tercera interesada que le asiste, así como representante de la moral Pesquera Integral Isla Bonita, Sociedad Anónima de Capital Variable, carácter que se le reconoció en proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, en el que se ordenó el emplazamiento de la citada persona moral, por su conducto; de igual manera se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la citada legislación, a los licenciados Hanz Herberto Jr., Ana Elena y Angélica, los tres de apellidos Ruiz Romero, Rodolfo Rafael Carrillo Olea y Omar Manuel Valdez Figuera, toda vez que de la certificación inicial, se observa que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene como domicilio procesal el ubicado en avenida Diamante, número 85, del fraccionamiento Nueva Ensenada, Segunda Sección, de esta ciudad. Finalmente, por lo que respecta a la solicitud de la parte tercera interesada, respecto a que se sobresea en el presente juicio de amparo, dígase que dicha cuestión será analizada al dictar la sentencia correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Vistas las dos constancias actuariales que anteceden, de fecha veintiocho de marzo actual, de las que se advierte que la Actuaria Judicial de éste Juzgado de Distrito, dejó citatorio en el domicilio ubicado en calle Diamante, número 85, del fraccionamiento Nueva Ensenada, en esta ciudad, a fin de notificar y emplazar a las terceras interesadas Elsa Rebeca Mungaray Lagarda, y Pesquera Integral Isla Bonita, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que se encuentra transcurriendo el término a que hace referencia el artículo 27, fracción I, inciso b). Ahora bien, del estado que guardan los autos, se aprecia que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no podrá llevarse a cabo en razón de lo plasmado en el párrafo que antecede. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del tres de mayo de dos mil diecisiete. Notifíquese.
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