José Guadalupe Leos Garduño

Expediente 280/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
280/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Edgar Emmanuel Velázquez Rodríguez
  • José Guadalupe Leos Garduño

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase esta circunstancia del conocimiento de la parte quejosa. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o copia certificada que deban ser devueltos a las partes; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 378/2021, del índice de este juzgado; en consecuencia, dese de baja del libro de gobierno correspondiente, sin necesidad de acusar recibo en razón de que el mismo fue remitido a través del portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y el sistema indicado lo arroja automáticamente.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de abril de dos mil veintiuno. REMITE INCOMPETENCIA. Agréguese a sus autos el oficio 6444/2021, en el que se transcribe el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual el Juez y el secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, remiten la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 283/2021, oficio del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional declaró que no le corresponde conocer, por razón de territorio de la citada demanda presentada por Javier Mercado Castelaso, en representación de Edgar Emmanuel Velázques Rodríguez, José Guadalupe Leos Garduño y José Guadalupe Moreno, y ordena turnar dicho juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas en turno, del que tocó conocer a este órgano jurisdiccional por razón de turno. ACEPTA COMPETENCIA. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al mencionado juicio de amparo, hágase lo anterior del conocimiento al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante oficio que se gire vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para su conocimiento y en acuse de recibo de su oficio 6444/2021, de veinte de abril de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Esta juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, como ya se acotó, se reclama el traslado de los quejosos del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas a los diversos Centros Federales de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila" y Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas"; y su ejecución. Sin embargo, dichos actos previo a ser reclamados por la vía constitucional, deben ser impugnados ante el Juez de Ejecución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas - pues la parte quejosa indica que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, autorizó el traslado cuando este ya se había ejecutado -, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, pues no debe perderse de vista, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. En ese sentido, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la Contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan. De igual forma, procede a desechar la demanda de amparo respecto a la resolución que calificó de legal el traslado de los quejosos Edgar Emmanuel Velázquez Rodríguez, José Guadalupe Leos Garduño y José Guadalupe Moreno, el primero y el último del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, donde se encontraban interno, al diversos Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila" y, el segundo, al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas"; y su ejecución, esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ahora bien, como se dijo, en el caso concreto el juicio de amparo es improcedente toda vez que en contra de las resoluciones del Juez de Ejecución de Sanciones, en el caso el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, calificó de legal el traslado, de los aquí quejosos verificado, procede el recurso de apelación, en términos del penúltimo párrafo del artículo 52 y del diverso 132, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley.En ese orden, los quejosos se duelen igualmente de que el Juez que señalan como responsable que calificó como legal el traslado ya ejecutado de los quejosos Edgar Emmanuel Velázquez Rodríguez, José Guadalupe Leos Garduño y José Guadalupe Moreno, el primero y el último del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, donde se encontraban interno, al diversos Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila" y, el segundo, al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-Chiapas"; y su ejecución. Por tal motivo, si la resolución reclamada calificó como legal la orden administrativa de traslado emitida en contra de los aquí impetrantes, resulta inconcuso que esa determinación, es recurrible a través del recurso de apelación, previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, al no haberse agotado dicho recurso antes de promover el presente juicio de amparo, se estima que el solicitante del amparo incumplió con el principio de definitividad, pues por mérito de éste se obliga al afectado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley de la que deriva el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, además que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia antes invocada, pues dicho medio de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo acudir al amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, toda vez que el autorizado de los quejosos señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida 531, número doscientos setenta (270), colonia Unidad San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Al respecto, toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a efecto que se constituya en el referido domicilio, y notifique a Javier Mercado Castelaso, el contenido del presente auto; asimismo lo requiera par que señale domicilio en la ciudad de Zacatecas, capital para oír y recibir notificaciones; apercibiéndolo que de no hacerlo así, las subsecuentes, le serán hechas por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Ma. Isabel Iniestra Villa y Javier José Mercado Cervantes, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogado, tal como exige el artículo 12 de la Ley de Amparo. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. SE ORDENA REGISTRO. Finalmente, toda vez que la demanda que dio origen a este juicio fue turnada vía sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien determinó que carece de competencia para conocer de dicho juicio por razón de territorio y remitió la demanda a este juzgado, que aceptó la competencia planteada y desechó la demanda de cuenta; en consecuencia, con transcripción del presente proveído, remítase atento oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para su conocimiento y a efecto que proceda a realizar registro de la citada demanda de que se trata, como turnada a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, a fin de equilibrar las cargas de trabajo entre Juzgados de Distrito.

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