José Guadalupe León Cruz
Expediente 902/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Guadalupe León Cruz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ****************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, respecto del proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: "Recepción y registro de la demanda Por recibida la demanda de amparo presentada por *****, en contra de actos del juez Penal de Oralidad de la Tercer Región en esta ciudad y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 902/2021-I. Desechamiento de la demanda Ahora, el juez de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El dispositivo transcrito señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Pues bien, en el presente caso se advierte de forma manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3 y 6 del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los artículos transcritos disponen, en principio, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de dicha ley, pero distinta a las previstas en el numeral 61; en relación con este punto, el diverso artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado y que el juicio de amparo puede instaurarse de forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información, en cuyo efecto se hará uso de la Firma Electrónica, conforme con la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2011, determinó: -Que, el requisito indispensable de la firma de quien formula una promoción o demanda, tiene dos excepciones: una, cuando el promovente no sabe firmar y otra, cuando no puede firmar. Un camino para solventar tal solución es la impresión de la huella digital y la firma a ruego de otra persona. -Señaló que la firma cumple dos funciones diferenciables: a) Individualización. La firma es un medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento, distinguiéndola de cualquier otra. Es afirmación de individualidad, significando que ha sido la persona firmante y no otra, quien ha suscrito el documento. b) Expresión de voluntad. La firma cumple la función de exteriorizar el propósito del sujeto de hacer suya la declaración contenida en el documento que suscribe. Es afirmación de voluntariedad, esto es, que se acepta lo que se manifiesta en el documento. -Que al realizar la suscripción de un documento, no solo queda determinado el sujeto, sino también el suscriptor o signante que quiere efectuar una declaración de voluntad. De la anterior ejecutoria derivó, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.),visible a página 2333, libro IV, enero de 2012, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial". En efecto, como lo sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la firma es un signo o escritura manuscrita, normalmente formado por nombre, apellidos y rúbrica, que una persona pone al pie de un escrito o de un documento para identificarse, autorizar el documento, o bien, expresar que aprueba su contenido. Ciertamente, un principio fundamental del grafismo, es que es individual e inconfundible, es decir, cada persona posee una escritura, que jamás se confundirá con la de otra, por ende, no existen dos grafismos iguales, pudiendo siempre uno ser distinguido del otro. En ese sentido, la individualidad gráfica es un principio que surge no sólo de razones teóricas, sino que constituye una afirmación práctica. Por ende, podrán existir grafismos parecidos e incluso muy semejantes, pero jamás idénticos. Del principio fundamental enunciado, surge la imposibilidad de la imitación gráfica perfecta, porque, si hubiese alguien capaz de reproducir la escritura de otro, con tal excelencia que ni aun un grafotécnico competente fuese capaz de reconocer la falsedad, no habría la referida individualización gráfica. Todas estas acotaciones son también aplicadas a la firma, como autoimagen que sirve de sello de identificación y afirmación del propio "yo" frente al entorno. En el presente caso, del escrito inicial de demanda, se advierte que arriba del nombre del quejoso aparece un signo "X", sin que aparezca que alguien más hubiera firmado a su ruego del quejoso, si es que este no sabe leer y escribir, corrobora la anterior afirmación, la siguiente digitalización: Sin embargo, a consideración de la suscrita, el signo "X", que obra en la última foja de la demanda de amparo, que aparentemente corresponde a ****, ????? no puede estimarse como elemento que dé un valor tal, para determinar que existe un documento firmado por la persona a la que se le atribuye. En efecto, el signo "X" no admite ser considerado como la firma que debe asentarse en los documentos donde aparezca la voluntad del quejoso de instar la acción constitucional. Ciertamente, la doctrina jurídica considera a la firma, como un signo gráfico íntimo y personal de cada individuo, compuesto a veces con la anotación manuscrita del nombre y/o con rasgos de figuras caprichosas, impresos con solidez y estabilidad por una persona; puede ser completa o parcial, con o sin ortografía e incluso puede estar formada por signos caligráficos que no constituyen letras, y sirve para amparar la autenticidad de los actos y la legitimidad de los compromisos que se hacen constar en un documento. La principal característica de la firma es que los signos gráficos son únicos respecto de la persona que los imprime, por lo cual, la firma no pueda ser reproducida de manera manuscrita por otra persona, de modo que esta característica la convierte en un sello de distinción propio y personal, respecto de quien la asienta. Así, la finalidad de colocar la firma en la demanda de amparo consiste en que: a. Se deje constancia de que la persona a quien se atribuye el acto es realmente quien lo emitió y, b. Se proporcione seguridad para constituir la prueba de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República. En ese sentido, se estima que el signo "X" es de suyo inútil como modo de expresión de la voluntad del promovente del amparo; por tanto, en ningún caso puede suplir a la firma. De ahí, que si en la demanda de amparo consta únicamente el signo de "X", éste no es contundente para determinar que se trata de la firma de la persona a quien se atribuye, porque al no constituir un trazo inequívoco, no da la certeza que evidencie fehacientemente la manifestación de voluntad de su autor. Por tanto, si en la demanda únicamente sobre el nombre del quejoso se encuentre el signo de "X", éste no resulta contundente para determinar que se trata de la firma de la persona a la que se le atribuye. Pues incluso, pudiera haber sido colocado para señalar en qué parte se debían poner la respectiva firma, lo que en forma alguna da certeza de que constituyan signos inequívocos que dejen ver la manifestación de voluntad de su autor. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis I.4o.C.69 C (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Libro 65, abril de 2019, tomo III, página 2035, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "FIRMA. EL SIGNO "X" PUESTO EN DOCUMENTOS PRIVADOS NO TIENE AQUELLA CALIDAD. El signo "X" no admite ser considerado como la firma que debe asentarse en los documentos donde se formaliza un contrato, en términos del artículo 1834 del Código Civil Federal (similar al correlativo del Código Civil vigente en la Ciudad de México). Ciertamente, la doctrina jurídica considera a la firma, como un signo gráfico íntimo y personal de cada individuo, compuesto a veces con la anotación manuscrita del nombre y/o con rasgos de figuras caprichosas, impresos con solidez y estabilidad por una persona; puede ser completa o parcial, con o sin ortografía e incluso puede estar formada por signos caligráficos que no constituyen letras, y sirve para amparar la autenticidad de los actos y la legitimidad de los compromisos que se hacen constar en un documento. La principal característica de la firma es que los signos gráficos son únicos respecto de la persona que los imprime, por lo cual, la firma no pueda ser reproducida de manera manuscrita por otra persona, de modo que esta característica la convierte en un sello de distinción propio y personal, respecto de quien la asienta. Así, la finalidad de colocar la firma en la forma escrita de un contrato consiste en que: i. Se deje constancia de que la persona a quien se atribuye el acto jurídico es realmente quien lo emitió y, ii. Se proporcione seguridad para constituir la prueba de que sí se aceptaron los términos del acto jurídico. En ese sentido es dable considerar, que el elemento esencial de la firma, consiste en otorgar seguridad, en principio, a las partes que participan en la constitución de un determinado acto jurídico. En este contexto, el signo "X" no cumple con las características ni con la finalidad de la firma que exige el artículo 1834 del Código Civil Federal, en tanto que no aporta un signo gráfico que logre individualizar determinado trazo que lo diferencie de otro y lo vuelva único respecto de la persona que lo asienta, con aptitud para generar seguridad a quienes formalizan por escrito un contrato. Por el contrario, la "X" es una marca o un signo de fácil anotación, que se puede hacer incluso con una regla, lo que demuestra que sólo es una forma de simular una firma, pero no constituye la firma por sí misma, ante la carencia de elementos gráficos que permitan identificar plenamente a la persona que celebró el acto jurídico. De ahí, que si en la forma escrita del contrato privado consta únicamente el signo de "X", éste no es contundente para determinar que se trata de la firma de la persona a quien se atribuye, porque al no constituir un trazo inequívoco, no da la certeza que evidencie fehacientemente la manifestación de voluntad de su autor." En mérito de lo anterior, no es posible proveer sobre una demanda presentada sin firma, lo cual resulta menester para satisfacer el principio de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República. En ese orden, cabe señalar que la falta de firma no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 8/20191 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." 2 También resulta aplicable, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE." Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata". 3 En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3º y 6, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113, de la ley de la materia, procede desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de derechos fundamentales. 2 Época: Décima Época; Registro: 2019715; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 65, Abril de 2019, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 8/2019 (10a.); Página: 79. 3 Época: Séptima Época; Registro: 235463; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen 80, Segunda Parte; Materia(s): Común; Tesis: Página: 29.????? Domicilio y autorizados. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, de esta ciudad; y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tal autorizado cuente con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita".
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