Jose Guadalupe Lara Ruiz

Expediente 1182/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1182/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Jose Guadalupe Lara Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destino de los incidentes. Toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó y concedió la medida cautelar; guárdense por separado los cuadernos incidentales, con la indicación de que es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años): conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En el mismo orden de ideas, con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Devolución de constancias. Devuélvase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el anexo que remitió como justificación a su informe de ley. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veintidós. Se agrega(n) promoción(es). Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, al que acompaña un disco compacto que contiene la videograbación de la audiencia celebrada el cuatro de octubre del año en curso, dentro del expedientillo ************** en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, según se advierte de la certificación de cuenta. Se da vista con informes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe rendido por el Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación, autoridad responsable ejecutora, recibido en este juzgado con número de correspondencia interna 18926, así como con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de los mismos; en la inteligencia de que, transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Copia de videograbación. Se autoriza expedir a las partes copia de la videograbación de la referida audiencia, para cuyo efecto, deberán proporcionar un correo electrónico, a efecto de que se les pueda enviar la copia de mérito o bien, acudir a este órgano haciendo uso del sistema de citas implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, con una memoria extraíble USB, a fin de que pueda guardarse en la misma una copia de la aludida videograbación. En la inteligencia de que lo anterior deberá solicitarse por escrito o acudir, dentro del plazo concedido de tres días, de lo contrario, fenecido dicho término, se procederá a resolver lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a las partes; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio al tercero interesado ************, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Feminicidios y Homicidios de la Fiscalía General del Estado.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de octubre de dos mil veintidós. Se agrega(n) promoción(es). Agréguese a los autos para que obre(n) como corresponda, el(los) oficio de cuenta signado por Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad de asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual en atención al requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, realiza diversas manifestaciones al respecto. Por tanto, una vez que se cuente con el informe requerido mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, al Director General de Actualización Normatividad, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, y confrontada que sea dicha información, se proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; en atención a su contenido se acuerda: Ahora bien, del oficio del cuenta se advierte que la autoridad responsable en el expediente laboral 04415/2020/10, del índice de la junta responsable, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se celebró convenio entre las partes del juicio, el que se resolvió aprobar y sancionar elevándolo a categoría de laudo consentido por las partes (incluida la parte demandada (aquí quejoso)), y se tuvo por pagada a la parte actora la totalidad de las prestaciones decretadas en el laudo dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en dicha controversia, Pruebas. Para acreditar su dicho acompañó las constancias citadas en copia certificada; pruebas que de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se les otorga el carácter de documentales públicas, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Causa de improcedencia. Consecuentemente, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que enseguida se explica. Marco legal. El precepto indicado señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Los dispositivos legales en cita establecen que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Caso concreto. En la especie, se actualizan los elementos de la referida hipótesis. El primero porque en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclamó la falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del expediente laboral 04415/2020, así como sus consecuencias jurídicas, esto es, la orden de ejecución dictada en su contra y el embargo trabado en el inmueble de su propiedad. Esto es, se trata de un juicio laboral en el que el accionante del amparo tiene la calidad de parte demandada. Por otro lado, igualmente se actualiza el cambio de situación jurídica, en tanto que del contenido del oficio remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se celebró convenio entre las partes en el juicio de origen, y se pagó la totalidad de las prestaciones que obtuvo la parte actora en el laudo emitido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Por virtud de lo expuesto, es claro que se generó un cambio de situación jurídica , debido a la emisión del convenio celebrado de veintiuno de septiembre del año en curso, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en este juicio de amparo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar el nuevo estado procesal, en el cual se demostró que la parte quejosa compareció a hacer pago de la condena del procedimiento en el que fue parte demandada y se tuvo por aceptado el mismo por la parte actora, e incluso se tuvo por concluido el juicio de origen. Lo que hace imposible que se pudieran analizar los actos reclamados, al no poderse reestablecer, en su caso, los derechos vulnerados de la parte promovente del amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Decisión. Por tanto, al haberse actualizado respecto de la orden de comparecencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual está señalada para las diez horas con cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil veintidós, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Notifíquese personalmente, por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la Adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.

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