José Guadalupe Juárez Valencia
Expediente 673/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Guadalupe Juárez Valencia
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de agosto, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito que suscribe **********, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de los actuales, lo que hace en la forma y términos de su ocurso de cuenta. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: El auto de doce de julio de dos mil dieciocho, pronunciado por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, en el juicio *********** de su índice de ese juzgado, mediante el cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de dos de julio del año en curso, en el que causó ejecutoria la sentencia definitiva y que aduce le fue notificado indebidamente, el veintiocho de mayo del año en curso. Atento a esto, el suscrito considera que en la especie se cristaliza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, y al ser parte formal en el juicio de origen, el quejoso se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el medio ordinario legal de defensa correspondiente, como lo es el recurso de revocación establecido en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el cual textualmente reza: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del negocio. De la interpretación literal efectuada del numeral transcrito, se obtiene que son revocables por el juez o tribunal que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del negocio los decretos y los autos que no fueren apelables. En el presente caso, el procedimiento en el que se emitió el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia. Ahora la determinación en la que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones, en modo alguno pone fin al procedimiento incidental, por ello no se trata de una sentencia interlocutoria, pues no resuelve la propuesta de anular o validar la notificación impugnada. Por esta razón, es que se estima que el medio de defensa ideal para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación, previamente por tratarse de un auto. Cabe señalar que la redacción del precepto que se refiere la tesis acabada de copiar, es idéndica a la del artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, por tanto el suscrito considera que esta legialación otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si el referido numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; y si en la especie el impetrante de amparo reclama acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, pronunciado por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, en el juicio C-841/2017 de su índice de ese juzgado, mediante el cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de dos de julio del año en curso, en el que causó ejecutoria la sentencia definitiva; es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamo no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, es parte formal en el contencioso de origen. Por ello, se insiste que el quejoso previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación- para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pudiera considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 4°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 673/2018-IV. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en la fracción V del artículo 114, en relación con lo estipulado en la fracción V del numeral 108, así como el artículo 110, todos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. a) La primera irregularidad advertida surge de lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que el recurrente haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, se estima que si bien es cierto, el impetrante en su escrito inicial de demanda, narra algunos antecedentes del acto reclamado, también lo es que, omite realizarlos bajo protesta de decir verdad. Circunstancia que resulta necesario ya que, acorde a lo establecido por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a hacer una narración bajo protesta de decir verdad de todos y cada uno de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. b) Por otro lado, la segunda irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 114, en relación con lo estipulado en el 110 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." De la transcripción del artículo anterior, en lo que interesa, se desprende que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta las copias suficientes para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo al peticionario del amparo la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar por duplicado el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar y no tuviere que concederse de oficio. En el caso concreto, el quejoso omitió anexar las copias suficientes para darle trámite a la vía constitucional que intenta, por lo que se necesitan dos tantos más para ser distribuido de la siguiente manera: Autoridad responsable (una copia). Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (una copia). Tercero Interesado (una copia). Incidente de suspensión (dos copias) Conclusivamente, ante las omisiones incurridas por el promovente, lo procedente conforme a la fracción V del numeral 114, en relación con los artículos 108 -fracción V- y 110, todos de la Ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste que los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los realiza bajo protesta de decir verdad. Exhiba dos copias más de su demanda de amparo, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase al quejoso manifestando su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26 -fracción III- de la ley de la materia, la presente determinación y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Puente López y Jorge Emmanuel Cuevas Ojeda, en virtud de contar con su cédula profesional números 1706967 y 7673444 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c-, de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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