José Guadalupe Jiménez Padilla
Expediente 2614/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2614/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/05/2021
Partes del expediente
- José Guadalupe Jiménez Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de dicha Secretaria, mediante el cual, remite diversas constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, constancias que se ordenan agregar a los presentes autos, en virtud de que ya fueron allegadas y acordadas en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de dicha Secretaría, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de catorce de abril pasado, remite copia certificada de diversas constancias, entre ellas del acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de seis de marzo pasado, por el cual, ordena desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, ejercicio de 2019, aplicando la tasa de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), dejando insubsistente el pago erogado mediante recibo oficial A45980627, lo que se ordena agregar para que obre como constancia. Ahora bien, del análisis de los presentes autos, se advierte que en proveído de catorce de abril pasado, se tuvo al Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de dicha Secretaría, informando que la parte quejosa no se ha presentado ante sus instalaciones a recoger el cheque respectivo expedido a su nombre en cumplimiento al fallo protector, no obstante, de haber sido debidamente notificado por este órgano jurisdiccional. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Guadalupe Jiménez Padilla, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, y otras autoridades, cuyos efectos consistieron esencialmente, en: "a) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. b) Deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 45980627, emitido a su nombre por la Oficina Recaudadora número 75 de San Miguel El Alto, Jalisco, de la antes Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional). c) Reintegre a ésta el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto; y d) En lugar de dicho recibo, emita otro por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar el cálculo porcentual que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso h), de la ley reclamada). (.)" Por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio dirigido a la parte quejosa, mediante el cual, el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, le informa a la parte quejosa que debe acudir a las instalaciones de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, a fin de que le sea entregado el contra recibo y cheque correspondiente a la devolución de las cantidades ingresadas mediante recibo oficial A45980627, requiriéndose a la parte quejosa acudiera a dichas instalaciones, a fin de que le fueran entregadas las cantidades correspondientes al cumplimiento de la sentencia de amparo, por lo que se le dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que informara lo propio, lo cual, no aconteció. - Asimismo, mediante auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio que remite el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de la citada Secretaría, mediante el cual, remitió copia certificada de la orden de pago 1983216 que ampara la devolución materia de la ejecutoria de amparo, así como el oficio PF-DC-JA-3672, en el que requiere al quejoso se presente ante sus instalaciones a recoger el cheque respectivo, sin que a la fecha lo haya hecho, requiriéndose a la parte quejosa acudiera a las instalaciones de la responsable, a fin de que le fueran entregadas las cantidades correspondientes al cumplimiento de la sentencia de amparo, por lo que se le dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que informara lo propio, lo cual, no aconteció. - En veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio remitido por la Director de lo Contencioso de la Secretaria de la Hacienda Pública el Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de dicha Secretaria, mediante el cual, informo que la parte quejosa no se ha presentado a recoger la orden de pago 1983216 y cheque emitido a su favor. - Finalmente, el día de tres de abril del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de dicha Secretaria, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de catorce de abril pasado, remite copia certificada de diversas constancias, entre ellas del acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de seis de marzo pasado, por el cual, ordena desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, ejercicio de 2019, aplicando la tasa de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), dejando insubsistente el pago erogado mediante recibo oficial A45980627, lo que se ordena agregar para que obre como constancia. Pronunciamiento sobre el acatamiento del fallo protector. De la reseña anterior se advierte que la imposibilidad de cumplimiento cabal de la sentencia de amparo se actualiza, pues la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta. Al respecto, si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso, en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que en el caso de que surja la imposibilidad material o jurídica que tenga para cumplir con la ejecutoria de tutela conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que si los obstáculos que tenga la autoridad para ese efecto resultan insuperables, ésta tiene derecho a que se le dé la oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así, no se podrán imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, constitucional, dado que con la separación y consignación de la autoridad, tampoco podría hacerlo la autoridad sustituta. Esto último tiene sustento en la tesis que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, página 167, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto". Entonces, si bien del artículo 77 de la Ley de Amparo, se desprende que la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo, u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar lo dispuesto por la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la misma exija, cuando el acto sea de carácter negativo, esto será siempre y cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita. En el particular, se trata de una sentencia que constriñe a la autoridad responsable a un hacer, ya que conforme a la ejecutoria de amparo, tiene la obligación, entre otras, de devolver la cantidad erogada con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional, debidamente actualizada, pero su cumplimiento no es posible dado que el numerario correspondiente, si bien está a disposición del quejoso, éste no ha acudido a recibirlo, no obstante que se le han formulado diversos requerimientos en ese sentido. En consecuencia, el impedimento para que la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo acate, encuadra dentro de estos supuestos jurídicos, pues constituye un obstáculo para la continuación del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, pues así se desprende de las constancias de autos, por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria se declara de imposible cumplimiento, en lo conducente. Es de invocarse en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 140, cuyo epígrafe y sinopsis son: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla". Resulta igualmente aplicable, la jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, septiembre de 2009, página 441, con registro rápido de localización 166412, cuyo rubro y texto son: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS DETERMINA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación del artículo 105 de la Ley de Amparo se colige que corresponde al juez de distrito o al tribunal colegiado de circuito que haya conocido del juicio de garantías determinar si existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria de amparo. Así, cuando el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse emite un acuerdo en el sentido de que existe imposibilidad jurídica y material para que se cumpla la sentencia concesoria del amparo y dicha determinación se comunica oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia por haber dejado de existir el presupuesto que lo originó al resultar excusable el incumplimiento de la autoridad responsable y, por ende, queda sin efectos el dictamen relativo a la aplicación de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." - Envío del expediente a Tribunal Colegiado. Por otra parte, se está en espera de que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo1, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto; en el entendido de que, aun cuando éste no sea recurrido, una 1"Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación." vez que dicho plazo fenezca se proveerá lo relativo a la remisión del presente juicio de amparo a la superioridad, para que determine si existe o no imposibilidad para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como lo establecen los artículos 193 y 196 último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia P./J.23/2018 (10a)2, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para 2 De la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Página: 274. resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio que remite la Directora de lo Contencioso de la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de dicha Secretaria, mediante el cual, informa que la parte quejosa no se ha presentado a recoger la orden de pago 1983216 y cheque emitido a su favor; lo cual se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y se tiene a la autoridad informando las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, si bien allega el contra recibo que ampara las cantidades a devolver a la parte quejosa, a la fecha no ha remitido el acuerdo del Procurador Fiscal de dicha Secretaria, del que se advierta la orden de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, así como la orden de dejar insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 45980627, emitido a su nombre por la Oficina Recaudadora número 75 de San Miguel El Alto, Jalisco, de la antes Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla a cabalidad la ejecutoria emitida en el presente asunto y al efecto, realice lo siguiente: Remita copia certificada del acuerdo dictado por el Procurador Fiscal de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del que se desprenda la orden de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Remita constancias de las que se advierta la orden de que deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 45980627, emitido a su nombre por la Oficina Recaudadora número 75 de San Miguel El Alto, Jalisco, de la antes Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional). En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), publicado por el Diario Oficial de la Federación, el ocho de enero de dos mil veintiuno; así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por el Subdirector de la Dirección de Amparos contra Leyes "B", de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual devuelve el oficio 5504/2021, dirigido a la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, de diez de marzo de dos mil veintiuno, por las razones ahí expuestas; en esas condiciones, lo procedente es reexpedir dicho comunicado, al cual se le deberá anexar copia del citado auto, a la dirección correcta, para los efectos legales conducentes.
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