Jose Guadalupe Hernández Cisneros

Expediente 11/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
11/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
20/07/2017

Partes del expediente

  • Jose Guadalupe Hernández Cisneros y Otros.
  • Jose Guadalupe Hernández Cisneros
  • Juez Octavo de distrito en el estado de tamauliipas, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    ... se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. ...Por último, en cumplimiento al Manual de referencia anótese en el indicado libro de gobierno, ésta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la destrucción ordenada, anótese la data en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 11/2017-II, promovido por JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ CISNEROS; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil diecisiete, ante el Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y Director del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS", residente en Gómez Palacio, Durango, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, y que aparecen a foja siete vuelta de este expediente, los que no se transcriben por no ser necesario. Sustenta lo anterior, la tesis emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, Abril de 1992, página 406, materia común, bajo el epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." SEGUNDO. Por auto de cinco de enero de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila, estimó que no tenía competencia legal para conocer de la demanda de amparo (foja 06), por lo que declinó la competencia de la misma al Juzgado de Distrito en turno, con asiento en esta localidad. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que aceptó la competencia planteada el diez de enero de dos mil diecisiete, y admitió a trámite la demanda el veintidós de febrero del año en curso, previo desahogo a la prevención realizada en la primera de las fechas señaladas; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le compete, quien se abstuvo de formular pedimento; dada la naturaleza de los actos reclamados, no se tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesada; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y XII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados se atribuyen, entre otras, a diversas autoridades circunscritas a la jurisdicción de este órgano de legalidad. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión de los actos reclamados, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente apoya lo expuesto, la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en dichas premisas, los actos reclamados consisten en: El traslado realizado al Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS", con sede en Gómez Palacio, Durango, el veintiuno de septiembre de dos mil quince; y, La omisión de que se instaure un proceso penal en su contra. TERCERO. La autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Quinto distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó categóricamente la existencia del acto que se le reclama, consistente en instaurar proceso penal en contra del quejoso, sin que el mismo haya aportado prueba alguna que desvirtúe la negativa de la citada autoridad. Por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 1089, consultable en la página 755, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que al efecto establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. La autoridad responsables Juez Primero Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la omisión de instaurarle proceso penal al aquí quejoso, toda vez que como se desprende de las constancias que anexó a su informe justificado, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado en último término; la citada responsable le instruye la causa penal 199/2015, instaurada en su contra por el delito de secuestro; por lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, de las aludidas constancias se desprende que dicho juez instruye la aludida causa penal al hoy quejoso, por el delito de secuestro, desde el ocho de diciembre de dos mil quince, en la que, inclusive, se está substanciando el recurso de apelación que se interpuso en contra del auto de formal prisión que dictó el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien conoció inicialmente de la causa penal; medio ordinario de defensa que fue admitido el diecisiete de febrero de este año; de ahí que se reitera, no es cierto lo afirmado por el quejoso en el sentido de que no se le instaura causa penal alguna, surtiéndose la hipótesis contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la ley reglamentaria del juicio constitucional, por lo que, como se dijo, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto del mismo en el presente juicio de amparo. QUINTO. Las autoridades responsables Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y Director General del Centro Federal de Readaptación social número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo que además se acredita con las propias constancias que anexaron a sus informes, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 74, fracción III, de esta última ley, por lo que tales actos se tienen como legalmente ciertos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su antigua integración, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." SEXTO. En el presente asunto, no se determinará la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa mediante el estudio de los conceptos de violación expuestos, consistente en el traslado realizado al Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS", con sede en Gómez Palacio, Durango, el veintiuno de septiembre de dos mil quince, habida cuenta que quien esto resuelve advierte que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, y su estudio es preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, conviene dejar establecido que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo arriba dicho, por identidad de razón, la tesis III.2o.C.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, Materia Común, localizable en la página 2066, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." En la especie, quien aquí resuelve, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que no se entrará al estudio de fondo de la cuestión relativa al traslado de mérito reclamado por la parte quejosa. En efecto, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De la interpretación jurídica de los preceptos antes transcritos, se infiere que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Así, en el presente caso, de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama su traslado realizado el veintiuno de septiembre de dos mil quince, al Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango. Ahora bien, de las documentales que adjuntaron las autoridades responsables Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y Director General del Centro Federal de Readaptación social número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, a sus informes justificados, se advierte que desde el veintiuno de septiembre de dos mil quince, el aquí quejoso tuvo conocimiento de su traslado, toda vez que en esa data fue trasladado a dicho centro penitenciario. En consecuencia, si el quejoso fue trasladado el veintiuno de septiembre de dos mil quince al Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con asiento en Gómez Palacio, Durango, es evidente de que desde esa fecha, tiene conocimiento del aludido traslado, de su naturaleza, y de las autoridades que intervinieron; por tanto, resulta evidente que el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la ley de la materia, para la presentación de la demanda de amparo por lo que toca a ese acto, transcurrió del veintidós de septiembre al trece de octubre del citado año, descontándose de dicho computo los días veintiséis y veintisiete de septiembre; tres, cuatro, diez, once y doce de octubre de dos mil quince, por ser inhábiles; lo anterior, en términos del artículo 19, de la ley de la materia, tomando en cuenta lo establecido por el artículo 18 de la propia ley, que a la letra dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Motivo por el cual, al haberse presentado la demanda de amparo hasta el cuatro de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, es innegable que fue promovida de manera extemporánea, y por ende, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." [lo subrayado es propio] En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio en relación con el traslado reclamado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo; lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes en el juicio. SÉPTIMO. Publicidad de la información. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente la parte quejosa, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 78, 79, 155, 193 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 11/2017-II, promovido por JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ CISNEROS, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos legales precisados en los considerandos tercero, cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rogelio Josué Martínez Jasso, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, asistido del secretario José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...Lo anterior es así, toda vez que de autos se desprende que al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, y al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, residentes en esta ciudad, les reviste el carácter de terceros interesados, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo; a quienes se ordena emplazar a juicio, mediante oficio, con copia de la demanda de amparo, del auto admisorio y transcripción de este auto, en términos de la fracción II, inciso b), del artículo 26 de la invocada ley. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, y que los nombrados terceros interesados sean legalmente emplazados, y estén en posibilidad de comparecer al presente juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.

  4. Incidental

    Téngase por recibido el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS14/DG-06413/2017, enviado por la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número catorce, "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, por medio del cual manifiesta que en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de febrero del año en curso, ya rindió su informe previo, y remite copia certificada del mismo; al efecto, agréguese el oficio de cuenta para que obre como corresponda, ya que el dieciocho de abril del año en curso, se dictó la interlocutoria en el incidente de suspensión en que se actúa, y se resolvió lo conducente en derecho respecto de tal autoridad.

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