José Guadalupe Guillen Martínez

Expediente 5/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
5/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/02/2017

Partes del expediente

  • José Guadalupe Guillen Martínez
  • Colegio de Estudios Científicos Y Tecnológicos del Estado de Zacatecas

Actuaciones

  1. Principal

    El quince de febrero de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta y uno de enero al catorce de febrero de dos mil diecisiete, sin contar los días cuatro, cinco, once y doce de febrero del actual, por ser sábados y domingos así como seis de este propio mes por haber sido declarado inhábil; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiséis de enero último, dentro del juicio de amparo número 5/2017-5 Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra el auto dictado por este Juzgado el veintiséis de enero del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que la resolución antes mencionada no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Karla

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 5/2017-5, presentes en audiencia pública la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida del Secretario de Juzgado licenciado Juan García Trejo, con quien actúa y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se hace constar que ninguna de las partes ofreció. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que no fueron formulados por las partes, con lo que se cierra el periodo relativo a ellos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 5/2017-5; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. En escrito presentado el dos de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José Guadalupe Guillén Martínez formuló demanda de derechos, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS: La omisión de pronunciar laudo dentro del juicio laboral número 146/2009. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular en auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, ordenó su admisión y registro con el número 5/2017-5; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad laboral residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio consisten en: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas de dictar laudo en el juicio número 146 /2009. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Una vez determinado cuales son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." No obstante que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en su informe justificado (foja 16), manifiesta que es parcialmente cierto el acto que se le atribuye, toda vez que, efectivamente, en el juicio laboral 146/2009, no se ha dictado laudo, virtud a que aún no se desahogan la totalidad de las pruebas ofrecidas, a saber, informe de autoridad a cargo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, lo cual se demuestra con las constancias que la propia autoridad remitió como justificación, consistentes en copia certificada del auto de doce de enero del año en curso, así como de los oficios enviados a las citadas instituciones; actuaciones contenidas en el referido expediente laboral, a las que se otorga pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de ésta legislación; se desprende su inexistencia. Efectivamente, se afirma lo anterior, atendiendo a lo siguiente: Como quedó precisado en párrafos precedentes, del análisis integral de la demanda de garantías, la cual fue presentada el dos de enero de dos mil diecisiete, se advierte que José Guadalupe Guillén Martínez reclama la omisión de la autoridad laboral de emitir laudo en el juicio laboral 146/2009. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que ya se hizo referencia, se desprende la existencia, entre otras, del acuerdo de doce de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, determinó que toda vez que no existía constancia de recibido de los oficios enviados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, de nueva cuenta giró atento recordatorio con la finalidad de que le remitan la información solicitada. Así pues, de lo expuesto se desprende que, para la fecha en que el quejoso José Guadalupe Guillén Martínez presentó su demanda, que, como ya se dijo, fue el dos de enero de dos mil siete, no existía la omisión de dictar laudo que atribuye a la autoridad responsable, pues mediante proveído de doce de enero del año en curso, dicha autoridad requirió nuevamente al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, a efecto de que le remitieran la información solicitada; por lo que será hasta que se declare cerrada la instrucción que la responsable tendrá la obligación de emitir el laudo correspondiente, dentro del término de diez días como lo dispone el artículo 262 de la Ley del Servicio Civil. Lo que significa que, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la autoridad responsable, todavía no estaba en condiciones de emitir el laudo cuya omisión reclama. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos, 73, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo número 5/2017-5, promovido por José Guadalupe Guillén Martínez, por los motivos indicados en el último considerando de esta resolución. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. DOY FE. L¨JGT.

  3. Principal

    En veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 914 y anexo.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas; sin perjuicio de su relación que se haga en el momento del desahogo de la audiencia constitucional. Ahora bien, con lo anterior dese vista las partes para que manifiesten lo que su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. FabiMtz*.

  4. Principal

    CUENTA. El cuatro de enero de dos mil diecisiete, el secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por José Guadalupe Guillén Martínez, registrada con el folio 48 y cuatro copias de ésta que se acompañan. La circunstancia de que los licenciados Gustavo Castillo Vera (733695) e Iván Navarro Solís (4404717), tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de enero de dos mil diecisiete . RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Guillén Martínez contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 5/2017-5, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión, porque no fue solicitado. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, misma que deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de ese proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía fax al número 01 (492) 4914800 extensión 1243. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que designe la responsable, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO DE LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte quejosa respecto de que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con ésta y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. CUESTIÓN RELATIVA A EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados en el presente juicio al Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacateca, Zacatecas; por tanto, con apoyo en el diverso numeral 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, empláceseles mediante oficio, con transcripción del presente auto y copia de la demanda de amparo. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la Ley de la Materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tienen como autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados Gustavo Castillo Vera (7363695) e Iván Navarro Solís (4404717), toda vez cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el ubicado en callejón de Guadalajarita número ciento nueve (109), zona centro, de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de amparo, dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCEROS INTERESADOS Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza y da fe. *Amci

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