José Guadalupe Gómez Rubio

Expediente 823/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
823/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
15/01/2021

Partes del expediente

  • José Guadalupe Gómez Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado de autos y del contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el oficio 198/2020-M1-P1, que suscribe el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado de este Trigésimo Segundo Circuito, al que anexa el expediente del juicio ejecutivo mercantil 650/2005, un sobre cerrado, y expediente del juicio de amparo directo 550/2020 promovido por José Guadalupe Gómez Rubio. Acepta conocimiento. En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado de este Circuito, con fundamento en lo establecido en los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima se aboca a conocer de la demanda en cuestión. Acuse de recibo. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 823/2020-I. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria de liquidación de sentencia emitida el catorce de octubre de dos mil veinte, por el Juez de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima con sede en el municipio de Manzanillo, en el juicio ejecutivo mercantil 05-0650-123M. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, del capítulo correspondiente al acto reclamado, antecedentes del mismo y constancias de autos, se advierte que el quejoso reclama la sentencia interlocutoria de liquidación de sentencia emitida el catorce de octubre de dos mil veinte, por el Juez de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima con sede en el municipio de Manzanillo, en el juicio ejecutivo mercantil 05-0650-123M. Ahora bien, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser un hecho notorio para este juzgador las constancias que integran el juicio de amparo 740/2020-VII del índice de este juzgado, el cual de la certificación de cuenta se advierte fue promovido por la aquí quejosa, se ordena tener a la vista el mismo; en consecuencia, de dicho juicio se acredita que la parte quejosa es José Guadalupe Gómez Rubio, en el que señala a la misma autoridad que atribuye en el presente juicio -Juez de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima con sede en el municipio de Manzanillo-, el cual se admitió a trámite el día diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que reclama: La sentencia interlocutoria de liquidación de sentencia emitida el catorce de octubre de dos mil veinte, por el Juez de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima con sede en el municipio de Manzanillo, en el juicio ejecutivo mercantil 05-0650-123M. Consecuentemente, debe decirse que la acción constitucional deviene improcedente porque el acto aquí reclamado es materia de otro juicio de amparo [740/2020], el cual fue admitido y se encuentra en trámite, lo que impide que el suscrito analice de nueva cuenta un acto que es materia de estudio en otro juicio de amparo, ya que existe imposibilidad jurídica para analizar dos veces un mismo acto, además porque la causa de improcedencia contemplada en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese caso, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias en contra del mismo acto reclamado, por lo que procede desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente, al surtirse la hipótesis prevista por la citada fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265 del Libro 5, Abril de 2014 Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de tesis VII.P. 83 K, localizable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." También resulta aplicable la tesis publicada en la hoja 142, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216 Primera Parte, Pleno, que contempla: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR, EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de algunas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." De igual forma, la tesis de jurisprudencia 235, visible en la foja 193, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Asimismo, es ilustrativa la tesis XIX.2o.12 K, visible en la página 312, Tomo III, Enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." De igual forma, la tesis publicada en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Tomos de anexos. Con las constancias presentadas por la autoridad responsable y el quejoso al haber sido presentada la demanda como amparo directo, fórmense los legajos de anexos I y II. Luego, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al expediente electrónico en relación con el diverso artículo 91 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica al Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se determina la imposibilidad material para la digitalización de las pruebas exhibidas por la autoridad responsable. Por tanto, hágase saber a las partes que las mismas se encuentran a su disposición físicamente en el legajo de anexos. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Rubio Betancourt, Pablo Díaz Rodríguez y Armando Escareño Puga, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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