José Guadalupe Gómez Guzmán
Expediente 1379/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1379/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2018
Partes del expediente
- José Guadalupe Gómez Guzmán
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la demanda resulta improcedente debido a la falta de firma autógrafa, entendiéndose por ésta según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al calce de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" y éste del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional debe decirse que la firma consiste en asentar al calce del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercitar un derecho, es por ello que, ante la falta de firma o cuando la firma que calza la demanda de amparo es notoriamente distinta o dudosa, no hay forma de saber si es voluntad del peticionario de garantías, promover el juicio constitucional. Ahora y advirtiéndose que la demanda de cuenta no contiene firma del interesado, lo cual no constituye que inste a este órgano jurisdiccional a conocer del juicio constitucional, dado que conforme lo establece el artículo 6° de la Ley de Amparo invocado, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte la norma o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, y cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita; de ahí se tiene, que si el líbelo del que hoy se provee carece de firma autógrafa, es evidente que no incorpora la voluntad del quejoso de presentar la demanda por no contener firma original, y como en el caso, dicha irregularidad no puede ser corregida mediante una prevención ni se trata de una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, ello deviene en la improcedencia citada. Ilustra a lo anterior por analogía las tesis, sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y la emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito. Y si bien es cierto el quejoso tiene su domicilio fuera de la residencia de esta ciudad y en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías puede presentarse en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, cierto es también, que el acto que aquí se reclama no se ubica dentro de los de tramitación urgente sobre los cuales no cabe la tardanza, que son aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de persona o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; por tal motivo el quejoso debe promover el juicio de amparo por escrito o de forma electrónica a través del uso de firma electrónica. 3.1 Desechamiento. Todo lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio para notificaciones. En virtud de que el promovente no señaló domicilio para recibir notificaciones, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso a), de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad...
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