José Guadalupe Gastélum Ramírez
Expediente 266/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 21/11/2019
Partes del expediente
- José Guadalupe Gastélum Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2", con residencia en Tijuana, mediante el cual, informa su imposibilidad para llevar a cabo el registro, control y cobro de la multa impuesta por este juzgado de distrito a Ana Lourdes Ortega Ávila, en su carácter de Presidente del Tribunal de Arbitraje en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, y solicita se gire oficio a la Administración Desconcentrado de Recaudación de Baja California "1", con sede en Mexicali, Baja California, quien es competente para hacer efectivo el cobro de la multa respectiva. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California "1", con sede en Mexicali, con transcripción del proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, para que haga efectiva la multa impuesta a Ana Lourdes Ortega Ávila, en su carácter de Presidente del Tribunal de Arbitraje en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, quien puede ser localizada en el domicilio que ocupa en avenida Río Yaqui, número 638, esquina con Río Colorado, fraccionamiento las Fuentes, código postal 21230, Mexicali, Baja California.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 Y 27 FRACCION I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipio e Instituciones Descentralizadas Delegación de la ciudad de EnsenadaEnsenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; sin que hubiesen hecho manifestación al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el presente sumario, y por otro, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa José Guadalupe Gastelùm Ramírez, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en los términos y para los efectos siguientes: "- De inmediato dicte un acuerdo en el cual, en términos de los artículos 142, 143, 144 y 145 Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, realice el requerimiento a la persona o personas físicas a quien o quienes en su carácter de integrantes del Ayuntamiento de Ensenada, deben realizar determinados actos para cumplir con el convenio elevado a categoría de laudo ejecutoriado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente 1174/2011-VI, las cuales deberá mencionar de manera clara y precisa, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo que le o les otorgue para tal efecto, se hará o harán acreedores a la medida de apremio que considere procedente. En la inteligencia, que una vez agotadas las medidas de apremio correspondientes, en caso de continuar el incumplimiento, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá darse vista al Ministerio Público correspondiente, por la posible comisión del delito de desacato, previsto y sancionado por el artículo 311, en relación con el 315 del Código Penal para el estado de Baja California." Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali. En acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en atención a que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, no dio cumplimiento al fallo protector dentro del plazo que se concedió para tales efectos, se le impuso una multa por 100 (cien) unidades de medida y actualización, y se le requirió por última ocasión para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, mediante telegrama, recibido en este juzgado el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, por conducto de su Presidente, informó sobre las gestiones realizadas, para dar cumplimiento a la ejecutoria ampara; sin embargo, este juzgado se reservó a proveer respecto a su contenido, hasta en tanto obraran en autos las constancias remitidas por la vía ordinaria. Posteriormente, mediante oficio recibido en este juzgado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto de su Presidente, remitió constancia relativa al proveído dictado el quince de octubre de dos mil diecinueve, con firmas autógrafas en original, en el cual, entre otras cuestiones, ordenó girar oficio a los Regidores del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, estos son a saber: Adolfo Muñoz Benítez, Marisol Sánchez García, Cristian Iram Dunn Fitch, Cármen Lidia Salazar Guerra, Joaquín Alonso Moreno Valenzuela, Yolanda Navarro Caballero, Cármen Elizabeth Jiménez García, Brenda Aracely Valenzuela Tortoledo, Diego Alejandro Lara Arregui, Alejandra Camargo Gutiérrez, Raúl Vera Rodríguez, Dora Leticia de la Rosa Ochoa y Miguel Orea Santiago, así como a Elizabeth Muñoz Huerta, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en ámbito de sus respectivas competencias, dentro del plazo de tres días, en cumplimiento con el convenio elevado a categoría de laudo ejecutoriado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente 1174/2011-VI; acreditaran que al aquí quejoso José Guadalupe Gastelùm Ramírez, se le reconoció una antigüedad genérica a partir de uno de diciembre de dos mil diez. Asimismo, en dicho auto realizó los apercibimientos correspondientes para el caso de no dar cumplimiento con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California; de igual forma, se les apercibió que de continuar con el incumplimiento, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, por la posible comisión del delito de desobediencia o desacato a las determinaciones emitidas por dicha autoridad, de conformidad con el artículo 311 del Código de Procedimientos Penales del estado de Baja California. Asimismo, giró exhorto a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a efecto de que hiciera entrega de los oficios de dicho auto a las autoridades requeridas. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por ende, mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, por conducto de su Presidente, con residencia en Mexicali, al fallo protector, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que lo haya realizado, como se advierte de la certificación de cuenta. En las relatadas condiciones, este juzgador federal determina que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró que dictó un acuerdo el quince de octubre de dos mil diecinueve, en el cual realizó los requerimientos a la persona o personas físicas a quien o quienes en su carácter de integrantes del Ayuntamiento de Ensenada, debían realizar determinados actos para cumplir con el convenio elevado a categoría de laudo ejecutoriado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente 1174/2011-VI; mencionó de manera clara y precisa, el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo que otorgó se harían acreedores a una multa; y en caso de continuar el incumplimiento se daría vista al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, por el delito que corresponda. En efecto, puesto que requirió a los Regidores del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, estos son a saber: Adolfo Muñoz Benítez, Marisol Sánchez García, Cristian Iram Dunn Fitch, Cármen Lidia Salazar Guerra, Joaquín Alonso Moreno Valenzuela, Yolanda Navarro Caballero, Cármen Elizabeth Jiménez García, Brenda Aracely Valenzuela Tortoledo, Diego Alejandro Lara Arregui, Alejandra Camargo Gutiérrez, Raúl Vera Rodríguez, Dora Leticia de la Rosa Ochoa y Miguel Orea Santiago, así como a Elizabeth Muñoz Huerta, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en ámbito de sus respectivas competencias, dentro del plazo de tres días, en cumplimiento con el convenio elevado a categoría de laudo ejecutoriado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente 1174/2011-VI; le reconocieran al aquí quejoso José Guadalupe Gastelùm Ramírez, una antigüedad genérica a partir de uno de diciembre de dos mil diez; y se les apercibió que en caso de no dar cumplimiento con lo anterior, se harían acreedores a una multa y que de continuar con el incumplimiento, se daría vista al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, por la posible comisión del delito de desobediencia o desacato a las determinaciones emitidas por dicha autoridad, de conformidad con el artículo 311 del Código de Procedimientos Penales del estado de Baja California. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Finalmente, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase al Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali, un anexo consistente en copia certificada relativa al expediente 1174/2011-VI, que obra por cuerda separada en un tomo de prueba, que remitió la precitada autoridad responsable en apoyo a su informe justificado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO. Ensenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; sin que hubiesen hecho manifestación al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el presente sumario, y por otro, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa José Guadalupe Gastelùm Ramírez, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en los términos y para los efectos siguientes: "- De inmediato dicte un acuerdo en el cual, en términos de los artículos 142, 143, 144 y 145 Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, realice el requerimiento a la persona o personas físicas a quien o quienes en su carácter de integrantes del Ayuntamiento de Ensenada, deben realizar determinados actos para cumplir con el convenio elevado a categoría de laudo ejecutoriado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente 1174/2011-VI, las cuales deberá mencionar de manera clara y precisa, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo que le o les otorgue para tal efecto, se hará o harán acreedores a la medida de apremio que considere procedente. En la inteligencia, que una vez agotadas las medidas de apremio correspondientes, en caso de continuar el incumplimiento, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá darse vista al Ministerio Público correspondiente, por la posible comisión del delito de desacato, previsto y sancionado por el artículo 311, en relación con el 315 del Código Penal para el estado de Baja California." Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali. En acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en atención a que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, no dio cumplimiento al fallo protector dentro del plazo que se concedió para tales efectos, se le impuso una multa por 100 (cien) unidades de medida y actualización, y se le requirió por última ocasión para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, mediante telegrama, recibido en este juzgado el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, por conducto de su Presidente, informó sobre las gestiones realizadas, para dar cumplimiento a la ejecutoria ampara; sin embargo, este juzgado se reservó a proveer respecto a su contenido, hasta en tanto obraran en autos las constancias remitidas por la vía ordinaria. Posteriormente, mediante oficio recibido en este juzgado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto de su Presidente, remitió constancia relativa al proveído dictado el quince de octubre de dos mil diecinueve, con firmas autógrafas en original, en el cual, entre otras cuestiones, ordenó girar oficio a los Regidores del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, estos son a saber: Adolfo Muñoz Benítez, Marisol Sánchez García, Cristian Iram Dunn Fitch, Cármen Lidia Salazar Guerra, Joaquín Alonso Moreno Valenzuela, Yolanda Navarro Caballero, Cármen Elizabeth Jiménez García, Brenda Aracely Valenzuela Tortoledo, Diego Alejandro Lara Arregui, Alejandra Camargo Gutiérrez, Raúl Vera Rodríguez, Dora Leticia de la Rosa Ochoa y Miguel Orea Santiago, así como a Elizabeth Muñoz Huerta, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en ámbito de sus respectivas competencias, dentro del plazo de tres días, en cumplimiento con el convenio elevado a categoría de laudo ejecutoriado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente 1174/2011-VI; acreditaran que al aquí quejoso José Guadalupe Gastelùm Ramírez, se le reconoció una antigüedad genérica a partir de uno de diciembre de dos mil diez. Asimismo, en dicho auto realizó los apercibimientos correspondientes para el caso de no dar cumplimiento con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California; de igual forma, se les apercibió que de continuar con el incumplimiento, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, por la posible comisión del delito de desobediencia o desacato a las determinaciones emitidas por dicha autoridad, de conformidad con el artículo 311 del Código de Procedimientos Penales del estado de Baja California. Asimismo, giró exhorto a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a efecto de que hiciera entrega de los oficios de dicho auto a las autoridades requeridas. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por ende, mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, por conducto de su Presidente, con residencia en Mexicali, al fallo protector, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que lo haya realizado, como se advierte de la certificación de cuenta. En las relatadas condiciones, este juzgador federal determina que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró que dictó un acuerdo el quince de octubre de dos mil diecinueve, en el cual realizó los requerimientos a la persona o personas físicas a quien o quienes en su carácter de integrantes del Ayuntamiento de Ensenada, debían realizar determinados actos para cumplir con el convenio elevado a categoría de laudo ejecutoriado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente 1174/2011-VI; mencionó de manera clara y precisa, el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo que otorgó se harían acreedores a una multa; y en caso de continuar el incumplimiento se daría vista al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, por el delito que corresponda. En efecto, puesto que requirió a los Regidores del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, estos son a saber: Adolfo Muñoz Benítez, Marisol Sánchez García, Cristian Iram Dunn Fitch, Cármen Lidia Salazar Guerra, Joaquín Alonso Moreno Valenzuela, Yolanda Navarro Caballero, Cármen Elizabeth Jiménez García, Brenda Aracely Valenzuela Tortoledo, Diego Alejandro Lara Arregui, Alejandra Camargo Gutiérrez, Raúl Vera Rodríguez, Dora Leticia de la Rosa Ochoa y Miguel Orea Santiago, así como a Elizabeth Muñoz Huerta, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en ámbito de sus respectivas competencias, dentro del plazo de tres días, en cumplimiento con el convenio elevado a categoría de laudo ejecutoriado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente 1174/2011-VI; le reconocieran al aquí quejoso José Guadalupe Gastelùm Ramírez, una antigüedad genérica a partir de uno de diciembre de dos mil diez; y se les apercibió que en caso de no dar cumplimiento con lo anterior, se harían acreedores a una multa y que de continuar con el incumplimiento, se daría vista al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, por la posible comisión del delito de desobediencia o desacato a las determinaciones emitidas por dicha autoridad, de conformidad con el artículo 311 del Código de Procedimientos Penales del estado de Baja California. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Finalmente, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase al Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali, un anexo consistente en copia certificada relativa al expediente 1174/2011-VI, que obra por cuerda separada en un tomo de prueba, que remitió la precitada autoridad responsable en apoyo a su informe justificado.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese para que obre como corresponda el telegrama que remite la Presidente del Tribunal de Arbitraje en el estado de Baja California, con sede en esta Mexicali, mediante el cual informa que el dos de octubre del año en curso, recibió el oficio 17782/2019. Asimismo, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa -fojas 454 a 457-; por lo que, en el auto de referencia, se requirió a la autoridad responsable Ana Lourdes Ortega Ávila, en su carácter de Presidente del Tribunal de Arbitraje en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del proveído de que se trata, cumpliera con el fallo protector concedido; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo y atendiendo a las gestiones que debía realizar para lograr el cumplimiento aludido. Por otra parte, que transcurrió el plazo de diez días hábiles, otorgado en el proveído mediante el cual causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de derechos fundamentales que nos ocupa, sin que la autoridad responsable de referencia diera total cumplimiento al fallo protector, sin que haya hecho lo propio dentro del plazo establecido, no obstante de encontrarse legalmente notificada para ello, como se desprende de la constancia de notificación de dos de octubre del presente año, que obra agregada a foja 479. En ese contexto, al advertirse que si bien se requirió a la autoridad responsable Ana Lourdes Ortega Ávila, en su carácter de Presidente del Tribunal de Arbitraje en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, a efecto de que diera cumplimiento total al fallo protector, conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho, no obstante que transcurrió el plazo de diez días hábiles concedido en proveído de veinte de septiembre del año en curso, a fin de que realizara lo conducente para dar cumplimiento al fallo protector de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo, se harían efectivos los apercibimiento contenidos en el auto citado, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello, como se advierte del acuse de recibo del oficio 17781/2019, recibido el dos de octubre del presente año -foja 479-. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, por tanto, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 192 y 258, todos de la Ley de Amparo, se impone a Ana Lourdes Ortega Ávila, en su carácter de Presidente del Tribunal de Arbitraje en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anterior, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California "2", con sede en Tijuana, Baja California, para que haga efectiva la multa impuesta a la antes mencionada, quien puede ser localizada en el domicilio que ocupa en avenida Río Yaqui, número 638, esquina con Río Colorado, fraccionamiento las Fuentes, código postal 21230, Mexicali, Baja California. Asimismo, comunique a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la legal notificación de este proveído, el cumplimiento dado a lo ordenado. Sin perjuicio a lo anterior, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a Ana Lourdes Ortega Ávila, en su carácter de Presidente del Tribunal de Arbitraje en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que dentro del improrrogable plazo de tres días hábiles siguientes, al en que reciba el oficio que contenga la inserción del presente proveído, realice las gestiones que estime pertinentes a fin de dar cumplimiento con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo informar las medidas decretadas en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, remitir las constancias certificadas relativas por duplicado para correrle traslado a la parte quejosa, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. En el entendido de que en caso de omisión, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo."
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