José Guadalupe Estrada Martínez
Expediente 785/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- José Guadalupe Estrada Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de ocho de julio de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad.
- Principal
agréguese a los autos, el oficio signado por el Delegado del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informa que fue emitido el dictamen con proyecto de decreto, del quejoso Jair Mendoza Beltrán, sin embargo el mismo será objeto de una nueva discusión atendiendo a diversas manifestaciones de los diputados que integran la comisión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, para que dentro del término de seis días contados a partir de la legal notificación del presente proveído informe a este Juzgado si ha concluido la revisión del dictamen con proyecto de decreto, del quejoso Jair Mendoza Beltrán. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior en el término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo.
- Principal
téngase por recibido el informe justificado que rinde la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba consistente en la documental, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Asimismo, en relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que se señala como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y específicamente, el contenido de la demanda de amparo que le dio origen, promovida por José Guadalupe Estrada Martínez, contra el acto que reclama consistente en la omisión de acordar la planilla de liquidación que presentó el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el juicio laboral 01/702/15. En ese sentido, al rendir el informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia de lo reclamado; sin embargo, aclaró que el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, acordó la petición que le formuló la parte quejosa, y dicha determinación la hizo del conocimiento el treinta de ese mismo mes y año; como se advierte de las documentales que acompañó a su informe de ley y ocurso que se provee. De lo anterior, es claro advertir que en la especie, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
- Principal
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