José Guadalupe Enrique Rodríguez Alonso y Otros.

Expediente 846/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
846/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2015

Partes del expediente

  • José Guadalupe Enrique Rodríguez Alonso y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra el proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, en el término legalmente establecido; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por las autoridades responsables pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", residentes en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz; a través del cual, en atención a lo solicitado en autos, rinden el informe relativo a la suspensión de plano concedida en este asunto, por tanto, téngase por cumplido el requerimiento efectuado; asimismo, como lo solicitan con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como sus delegados a los profesionistas que nombran en el comunicado que se provee. Por otra parte, del contenido de la copia certificada de las constancias remitidas por las autoridades oficiantes, se advierte que el quejoso José Guadalupe Enrique Rodríguez Alonso, fue puesto en libertad; en consecuencia, se provee lo siguiente: PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se considera respetuosamente que en este juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" La causa de improcedencia citada está basada en lo innecesario de estudiar aquel acto de autoridad que carece de efectos en agravio del quejoso, cuando la actuación posterior de la autoridad desapareció las consecuencias que trascendían en su esfera jurídica. En ese sentido, para que opere tal motivo de improcedencia es necesaria la desaparición plena e incondicional de sus efectos, como si nunca hubiese sido afectada la esfera jurídica del gobernado, incluso, como si se le hubiera concedido la protección constitucional y hubiese sido restituido de la afectación alegada. HECHOS En el caso, cabe destacar que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La omisión de proporcionar atención médica y medicamentos, así como una dieta adecuada a sus necesidades, de que se dijo era objeto en el centro de su reclusión. Por otra parte, las autoridades responsables pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, a través del oficio de cuenta, remitieron copia certificada del acta administrativa 721/2015 relativa al egreso por libertad, a favor de José Guadalupe Enrique Rodríguez Alonso. CONCLUSIONES Por lo tanto, se concluye respetuosamente que cesaron los efectos de los actos reclamados, porque la actuación de las autoridades extinguió de forma plena e incondicional los efectos perjudiciales que trascendieron en la esfera jurídica del quejoso, al haberlo puesto en libertad; lo que conlleva a determinar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 165870 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXX, Diciembre de 2009Página: 1491Tesis: I.3o.C.92 KTesis AisladaMateria(s): Común "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Al encontrarse el quejoso en libertad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ordénese al actuario judicial de la adscripción que corresponda efectúe la notificación que nos ocupa, por lista de acuerdos; así como las subsecuentes aun las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones.

  3. Principal

    Analizada la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Enrique Rodríguez Alonso, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, y otra autoridad; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 35, 107, 108, 110, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 856/2015. SUSPENSIÓN DE PLANO En primer término, dado que los actos reclamados en la demanda que se provee los hace consistir la parte quejosa en la omisión de proporcionarle atención médica y medicamentos, así como una dieta adecuada a sus necesidades; por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor del quejoso, por lo que las autoridades responsables deberán proporcionar la atención médica y medicamentos, así como la dieta adecuada de acuerdo a sus necesidades y padecimientos que aduce; ello con la finalidad de salvaguardar su salud. Se previene a las autoridades responsables para que informen a este órgano jurisdiccional en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262 y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se les reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde con el principio Pro Hómine. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DOCE HORAS DEL UNO DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia, la cual se fija objetivamente atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando las autoridades adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, remitan copia certificada legible y completa de las constancias relativas al expediente médico, medicamentos y la dieta que le son proporcionados al quejoso en ese centro penitenciario; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, se les impondrá multa por el equivalente de CINCUENTA A MIL días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace de su conocimiento que la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que en el caso no existe tercero interesado, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de reclusión de la parte quejosa. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Conforme con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y suspendida toda comunicación con éstas. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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