José Guadalupe de Luna Jiménez
Expediente 1200/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1200/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- José Guadalupe de Luna Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio, le ha transcurrido a la parte quejosa, quien en su caso podría impugnarla, al ser contraria a sus intereses; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al diverso numeral 2 de la ley de la materia, se declara que ha causado estado. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo vigésimo primero, en razón de que el treinta de enero de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. Finalmente, se tiene por recibido el oficio que firma Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, agréguese a los autos sin mayor proveído, en atención a lo acordado el treinta de enero del presente año.(II)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveídode treinta de enero dos mil dieciocho...En el asunto concreto, la parte quejosa impugna substancialmente la omisión de las autoridades responsables Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Director Local en Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua, de resolver el recurso de revisión interpuesto contra la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, contenida en el oficio BOO.901.04.16.H330/002806 y su notificación. Luego, del análisis de las constancias que la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua remitió, se obtiene que en el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, resolvió procedente pero infundado el recurso de revisión interpuesto por José Guadalupe de Luna Jiménez, y confirmó la resolución contenida en el oficio BOO.901.04.16.H330/002806, de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, lo cual se notificó al quejoso el veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis 2a./J10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que no ha transcurrido el término de ocho días que previene el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de notificación del presente auto y la de celebración de la audiencia constitucional, para que las partes se impongan del contenido de las constancias exhibidas; sin embargo, en el presente caso, en obvio de evitar dilaciones superfluas, se estima innecesario el acatamiento de dicho término, pues tal disposición, tiene su justificación en dar la posibilidad a las partes de alegar o probar lo conducente; esto es, desvirtuar las afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por la autoridad, o en su caso, preparar las pruebas que estimen pertinentes ; sin embargo, toda vez que la autoridad responsable acompañó a su informe las copias certificadas con las que se acredita fehacientemente la omisión reclamada por el quejoso quedó sin efectos al haberse dado respuesta a la solicitud por parte de la quejosa; es inconcuso que no existe manifestación o probanza alguna que pudiera realizar u ofrecer alguna de las partes, que resulte suficiente para, en su caso, modificar el sentido del presente fallo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con diez minutos del catorce de febrero de dos mil dieciocho.(II)
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, toda vez que no obra en autos el acuse de recibo del oficio 1528/2018 dirigido a la Dirección General del Organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a fin de notificarle el proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciocho. En consecuencia, requiérase al Administrador de Correos en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe el destino dado a la pieza postal MA093499776MX, facturada el veintidós de enero de dos mil dieciocho. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo o ser omiso al respecto, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $.. misma que es vigente al día de hoy; siendo que dicha cantidad, multiplicada por las cincuenta unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de $..
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