José Guadalupe Cruz Sánchez
Expediente 2977/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2977/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/04/2019
Partes del expediente
- José Guadalupe Cruz Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUÍDO... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, POR TANTO, SE REALIZARÁ DICHA CIRCUSNTANCIA UNA VEZ TRANSCURRIDOS CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO...
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISOPRINCIPAL. Por medio de lista notifico al quejoso la sentencia de seis de marzo del año en curso y el auto de doce del mismo mes y año, cuya síntesis dice: Por recibido oficio mediante el cual juzgado auxiliar devuelve juicio de amparo, mismo que se le remitió para dictado de sentencia, hágase del conocimiento de las partes lo resuelto... Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO: Se sobresee en el juicio de amparo... SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a...
- Principal
Zapopan, Jalisco, seis de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: como está ordenado en el cuaderno principal del cual deriva este incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y cuerda separada, el incidente de suspensión relativo a la demanda admitida en el juicio de amparo ********************promovidas por ********************por su propio derecho y la última mencionada en representación legal de su menor hija ********************. lo que se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento (con firma electrónica) número ********************, expedida por el Director del Archivo General del Registro Civil del Estado de Jalisco, por tal razón se le declara su estado de minoridad, contra actos que reclaman de las autoridades que denominaron: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que por su conducto lo remita a la autoridad que le reviste la representación del ejecutivo federal. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Secretario de Gobernación. Director del Diario Oficial de la Federación. Secretario de la Defensa Nacional. Secretario de Marina. Con fundamento en el artículo 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir, por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, remítaseles copia simple de la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo podrán ser objeto de multa, de conformidad al artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. Al rendir su informe previo, las autoridades responsables deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Sin que por el momento haya lugar a reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, toda vez que dada la naturaleza del acto que por esta vía se reclama, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y evitar que las consecuencias de los actos reclamados causen daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación, para que la sentencia que en su caso declare el derecho del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita. Del análisis acucioso de la demanda de amparo, se desprende que los quejosos medularmente reclaman: La aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, en especifico de los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 y 30. Las consecuencias jurídicas del acto señalado anteriormente. En consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión provisional en los términos señalados en el inciso b), sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente, aunado a que no se evidencia que se deje sin materia el amparo. Apoya lo expresado la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo epígrafe y contenido dicen: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.- De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos". Toda vez que se trata de actos a realizar en el futuro, deben reunirse las exigencias previstas por los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Pues bien, el primero de ellos que denota la instancia de parte agraviada principio rector del juicio de garantías, pues nadie mejor que el quejoso puede estimar hasta qué punto le perjudica dicha ejecución, por tanto a él compete el impulso procesal, se colmó plenamente toda vez que en su demanda solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, deriva de lo ostensible que el legislador concede a los intereses sociales o colectivos y de orden público sobre los individuales, pues estos deben tutelarse sí y solo si no están en conflicto con la sociedad y el Estado. Al respecto, el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender, así la determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador, sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia como la que enseguida se invoca ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3º.A.J/16, que la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.". Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En principio, cabe destacar que al momento de resolver este incidente no se prejuzga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada. Ahora bien, en el caso se estima que con la concesión de la medida cautelar impetrada sí se afectaría al orden público y al interés social, ello en virtud de que la norma impugnada regula un mecanismo legal para que el Presidente de la República pueda ordenar el envío de tropas federales a un territorio o zona específica del país, cuando exista una afectación a la seguridad interior, y las autoridades no puedan controlarla; asimismo, la propia ley pretende dar certeza a las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) sobre las tareas que pueden desarrollar. En esa misma tesitura, el articulo 2° de la citada ley define seguridad interior, como la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la misma. La norma jurídica impugnada señala que, el procedimiento básicamente consistirá en que el Presidente de la República podrá decretar una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, por sí o a petición de Congresos o Gobernadores, la Intervención de las Fuerzas Armadas en un territorio o zona geográfica específica, cuando se presente una Amenazas a la Seguridad Interior, quien se auxiliara del Consejo de Seguridad Nacional para determinar la procedencia de la Declaratoria, a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria. Además de que la autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, entre ellas, la actuación de militares y marinos quienes cuando se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato del conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones. A su vez las Fuerzas Armadas se limitarán a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía. Asimismo, durante el tiempo de la Declaratoria, se ordena a los gobiernos estatales y municipales atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación; aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea; prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal; mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla. Las precisiones anteriores conducen a concluir que, en el juicio de amparo no puede otorgarse la suspensión provisional solicitada respecto a que se suspenda la vigencia de la norma impugnada, toda vez que la sociedad esta interesada a que exista las medidas necesarias que vayan encaminadas a combatir la amenaza de la seguridad interior, y a preservar la paz social y la seguridad pública, por ende, el Estado de Derecho. Máxime que, la intervención de las fuerzas armadas es a solicitud de las autoridades civiles como el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, las legislaturas de la entidades federativas o del ejecutivo local. Aplica al caso la tesis P./J. 36/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 552, de Abril de 2000, en el Tomo XI, de la Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. SI BIEN PUEDEN PARTICIPAR EN ACCIONES CIVILES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN SITUACIONES EN QUE NO SE REQUIERA SUSPENDER LAS GARANTÍAS, ELLO DEBE OBEDECER A LA SOLICITUD EXPRESA DE LAS AUTORIDADES CIVILES A LAS QUE DEBERÁN ESTAR SUJETOS, CON ESTRICTO ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. Del estudio relacionado de los artículos 16, 29, 89, fracción VI, y 129, de la Constitución, así como de los antecedentes de este último dispositivo, se deduce que al utilizarse la expresión "disciplina militar" no se pretendió determinar que las fuerzas militares sólo pudieran actuar, en tiempos de paz, dentro de sus cuarteles y en tiempos de guerra, perturbación grave de la paz pública o de cualquier situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, fuera de ellos, realizando acciones para superar la situación de emergencia, en los términos de la ley que al efecto se emita. Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo "por sí y ante sí", sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, atento a lo previsto en su artículo 133" En tal sentido, al considerar que no se satisfacen los requisitos previstos en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, relativo a que no se cumple con el requisito de que no se afecte el orden público ni el interés social, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada respecto de los actos atribuidos a las autoridades que señaló como responsables. Ténganse como prueba de la parte quejosa la documental que allega a su demanda de amparo, consistente en: Copia certificada del acta de nacimiento (con firma electrónica) número ********************, expedida por el Director del Archivo General del Registro Civil del Estado de Jalisco. Sin que en el caso, la prueba aportada por la parte quejosa pueda superar la afectación al interés social y al orden público detectado por este órgano jurisdiccional. Apoya lo expresado, la Tesis: 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." Ténganse como prueba de la parte quejosa la documental referida con antelación; medio de convicción que se admite y se tiene por desahogado en razón de su propia y especial naturaleza, acorde a lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo; documental con la que se ordena dar vista a las partes en términos de lo dispuesto por el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2; quedando los autos a su disposición en la secretaría de este juzgado de distrito para que se impongan de su contenido, sin que estás superen el interés público. Se le tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo y en atención a la certificación que antecede, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************en virtud de que sí cuenta con cédula profesional de abogado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a ******************** el primero por no haber acreditado tal extremo, y el segundo por así haber sido designado. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, es menester requerir a los promoventes, para el efecto de que dentro del término improrrogable de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído, señalen representante común y en caso de incumplir con lo requerido, se designará a ******************** En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de, así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberá registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/jucioenlinea/juicioenlinea. Hecho lo anterior, deberá presentar vía oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el acuse de recibo de la inscripción de la solicitud de consulta y una vez que se acuerde favorablemente, estará listo para consultarlo en el portal de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, del ordenamiento en cita, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Miguel Ángel Herrera Valdez, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. Bog
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,464 expedientes
- José Gonzalo Rodríguez Becerra2753/2022
- José Grageda García2705/2022
- José Guadalupe Barragán Reyes380/2020
- José Guadalupe Chávez García2496/2018
- José Guadalupe Covarrubias Romo2598/2018
- José Guadalupe Covarrubias Romo1238/2020
- José Guadalupe Dueñas Acosta853/2015
- José Guadalupe Escamilla Hernandez388/2022
- José Guadalupe García Reynoso377/2021
- José Guadalupe González Navarro713/2018
- José Guadalupe Gúzman Melendez3754/2017
- José Guadalupe Hernández Alatorre456/2021