José Guadalupe Cortes Trejo
Expediente 1509/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1509/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Guadalupe Cortes Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de cuenta, se acuerda: Ténganse al Juez Noveno Familiar y a la Presidenta de la Primera Sala Colegiada, ambos de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo de las constancias remitidas mediante oficios del diecisiete de los cursantes; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en este expediente. Por otra parte, visto el estado procesal del juicio en que se actúa, se advierte que se encuentra concluido y obran agregadas las constancias de notificación; por tanto, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es depurable en términos del artículo 18, fracción l, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, en atención a que se negó la protección constitucional en este juicio de amparo. El incidente de suspensión es destruible, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, conforme a los lineamientos que establece el citado Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por licencia académica del Titular, autorizada mediante oficio CCJ/ST/874/2023, del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintisiete de febrero de año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en que se negó el amparo solicitado en este juicio, ha causado ejecutoria. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas; glósense a estos autos los relativos al incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados; en consecuencia, devuélvase al Juez Noveno Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, la copia certificada del expediente 1304/2022 y a la Presidenta de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, copia certificada del toca de apelación 1117/2022 y expediente 1304/2022, solicitándoles el acuse correspondiente a cada autoridad. En el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días posteriores al en que reciban dichas constancias, la omisa se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1509/2022-VI, promovido por ********, por derecho propio, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por las partes. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que no fueron formulados por las partes. Se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1509/2022-VI; y, R E S U L T A N D O: I. **********, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, y otras autoridades. II. Previo desahogo a la prevención formulada, el diez de enero de dos mil veintitrés este Órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, y se emplazó a la tercero interesada ***********. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: - La resolución del ocho de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca 1117/2022, que confirmó el proveído del veinte de octubre de dos mil veintidós en el expediente, en el expediente 1304/2022, del índice del juez responsable, y su ejecución. TERCERO. El Magistrado de la Primera Sala Familiar y el Juez Noveno Familiar, ambos de Tlalnepantla, así como el Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, todos del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptaron el acto reclamado que se les atribuye. CUARTO. No habiéndose invocado de manera destacada causa de improcedencia, este Órgano de Control Constitucional procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. El quejoso señala como conceptos de violación lo siguiente: - El acto reclamado es violatorio de las garantías consagradas en el artículo 14 constitucional, toda vez que se violan las disposiciones contenidas en los artículos 5.65 y 5.66 del Código Civil del Estado de México, ya que no se permite gozar y disponer del bien inmueble de su propiedad, por lo que además de violentar los preceptos legales antes señalados, el Juez Noveno de lo Familiar y los Magistrados de la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla, están violando el derecho a ser oído y vencido en juicio, ya que se ordenó se le retire y desocupe el bien inmueble que refiere es de su propiedad y se le impide regresar o ingresar al mismo, lo cual representa una flagrante violación al derecho de propiedad y posesión, en virtud de que Norma Sagrero Huante no aporto cuando menos una prueba que acredite los hechos en que funda su demanda. - El acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que como se desprende de las constancias de autos, no existe prueba alguna que demuestre lo señalado por Norma Sagrero Huante, y aun así, con todas esas deficiencias y ausencia de pruebas el juez responsable emitió el acto reclamado, y la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, la confirma y las autoridades señaladas como ejecutoras los están llevando a cabo, lo cual es completamente violatorio de garantías. - Los actos reclamados son violatorios de las garantías consagrada en el artículo 16 Constitucional, toda vez que se le ha molestado en su persona directamente, y al sacarlo de su domicilio que es de su propiedad y del cual se encontraba en posesión pacifica, se están trasgrediendo las disposiciones contenidas en los artículos 5.65 y 5.66 del Código Civil del Estado de México, en virtud de que se le está impidiendo disponer y gozar del bien inmueble de su propiedad sin que los actos reclamados estén debidamente fundados y motivados conforme a derecho, sin probanza alguna que cuando menos de manera indiciaria, acredite que haya existido algún acto de violencia para con Norma Sagrero Huante. Son infundados los conceptos de violación, conforme se expone enseguida: De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierten, que la parte quejosa se duele de la resolución del ocho de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca 1117/2022, que confirmó el proveído del veinte de octubre de dos mil veintidós en el expediente, en el expediente 1304/2022, del índice del juez responsable Dicha determinación se emitió conforme a las siguientes consideraciones: - Devienen infundados los agravios expuestos por el recurrente porque al tratarse el presente asunto de un procedimiento especial de violencia familiar, en el artículo 2.355 del Código Procesal Civil se encuentra expresamente prevista la posibilidad de dictar durante el proceso medidas de protección como las que aparecen impuestas en el auto recurrido, que incluso, dado su carácter cautelar y de inminente urgencia, pueden ser impuestas desde la admisión de la demanda sin necesidad de que deba prevenirse a la parte actora para que acompañe documentos o pruebas que justifiquen los hechos constitutivos de violencia en que funde su pretensión. - Medidas que, evidentemente atendiendo a su finalidad y como se desprende de los artículos 2.355 del Código de Procedimientos Civiles, 28 y 32 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, y 27 de la Ley de los Derechos de Niñas, Sema Niños y Adolescentes del Estado de México, son actos de urgente e inmediata aplicación en función del interés superior de las personas que se dicen víctimas de violencia, por el sólo hecho de apreciarse de manera indiciaria y aparente que se encuentran en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad o seguridad y la de las víctimas indirectas, y que incluso pueden ser emitidas por un Juez penal, civil o familiar, porque lo atento a su naturaleza y objeto, no son susceptibles de emitirse después de que hayan sido recabados medios probatorios, porque su dictado no está condicionado a que exista justificación de que el probable agresor pueda dañar la integridad física o emocional de quien se dice víctima, sino que debe entenderse que la intención del legislador al prever la posibilidad de imponer tales medidas incluso desde el momento en que sea admitida la demanda, lo que tiene como finalidad primordial el proteger a la víctima desde el momento mismo en que pone del conocimiento de la autoridad judicial la existencia de una agresión en su contra, atendiendo a la secuela y al alcance que tal circunstancia pueda reflejar en el núcleo familiar. - Lo anterior permite, incluso, establecer que la imposición de esas medidas tratándose de este tipo de juicios, encuentra justificación por sí sola, y no es materia de prueba el que se acredite la necesidad de las mismas, teniendo una connotación estrictamente provisional y preventiva, bastando para su emisión la existencia aparente de indicios sobre conductas generadoras de violencia, dada la urgencia y necesidad de proteger a la presunta víctima; mientras que por otro lado, la actividad procesal que se encamine a recabar medios de prueba, carece de esa naturaleza de urgencia e inmediatez, persiguiendo como objeto que en la etapa correspondiente, las partes pueden hacer llegar las pruebas qué tiendan a justificar sus respectivas afirmaciones, estando facultado el juzgador para allegarse de las que considere necesarias para emitir una resolución apegada a derecho. - Asimismo, señala que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que la imposición de las medidas de protección que se contienen en el auto recurrido, no es transgresora de los principios, preceptos y derechos que exponen sus agravios, pues por el contrario, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales signados por nuestro país, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de velar por el interés de la familia, así como de tomar las medidas necesarias para su bienestar, como puede ocurrir en los casos en que una persona del núcleo familiar, sea al menos aparentemente, objeto de maltrato por otro miembro de la familia, pues de existir indicios que permitan advertir que se podría ver afectado un miembro del núcleo familiar en su psique y su integridad física, y en caso de resultar ciertos los indicios de la violencia que se esgrima, ello conllevaría a exponer al receptor de la misma a todo tipo de peligros, desde agresiones físicas como psicológicas, hasta sexuales. - Por esas razones, si en el caso se advierte que la señora Norma Sagrero Huante acudió a la autoridad judicial a ejercer, en vía de acción, y mediante la presentación de un escrito de demanda, un proceso sobre controversia de violencia familiar, esgrimiendo en sus hechos que en fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, José Guadalupe Cortes Trejo, en estado de ebriedad entró a su recamara, la tomó por el cuello con una mano mientras le decía "te lo advierto pendeja, ya no le estés moviendo al pinche juicio de alimentos", "deja las cosas cómo están o te juro por dios que me divorcio de ti", afirma qué desde el conocimiento del juicio de alimentos en su contra el demandado en el juicio principal la insulta y comenzó a ser muy violento ya que le decía "eres una ladrona", "una muerta de hambre" y "Que no le pagaría ni madres en la casa y no le daría ni madres a ella", que en fecha siete de enero de dos mil veintidós cuando preparaba chocolate con su hijo para partir una rosca de reyes pequeña, el presunto generado de violencia en estado de ebriedad comentó "¿tan muerta de hambre estás que no te alcanzó para una rosca más grande?" y al tratar de mediar la situación su hijo, le refirió que "se callara el hocico que él estaba en su casa y que si quería podía armar un desmadre que para eso era el jefe de la casa", que en el mes de enero al escuchar la puerta azotándose muy fuerte, se percató del presunto generador de violencia, en estado alcoholizado gritándole "ya llegué gorda" y al ignorarlo se acercó a la cama y le dijo en voz burlona "te dije que ya llegué gorda", "ya llegó tu hombre" y "por qué no te levantas a atenderme?" molesta le dijo que le regresara sus cobijas y él le dijo "y ¿si no qué?" "¿me vas a echar a la lesbiana esa que traes por abogada?" y al retirase para irse a dormir a la sala, al momento de pasar a un lado de él, la jaló con fuerza y cayó al suelo, situación que se ha ido agravando en el transcurso del último año. - En tales condiciones, la narrativa de hechos contenida en el escrito de demanda, implica un indicio sobre la existencia de riesgo en perjuicio de la parte actora, lo que hace necesario imponer las medidas de protección que para el efecto se encuentran previstas por el artículo 2.355 del código procesal, tal y como hizo el Juez natural en el auto recurrido, sin que ello, por ende, vulnere en forma alguna principios jurídicos o derechos humanos en contra del ahora recurrente, pues las medidas de urgencia no tienen por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial, y menos de un derecho del gobernado, sino que únicamente persiguen un propósito de interés general, consistente en prevenir más actos de violencia en contra de las probables víctimas, por lo que tales medidas tienen únicamente alcances precautorios y cautelares, y se fundan en principios de debida diligencia y estado de necesidad. - Ante la existencia de indicios que pudieran revelar una actitud agresiva y amenazante por parte del presunto generador de violencia, por lo tanto, el sistema judicial debe configurarse como un instrumento para su defensa efectiva. - En tales condiciones, resultaron infundados los agravios expresados por José Guadalupe Cortes Trejo, por tal motivo, se confirman las medidas de protección de emergencia, decretadas en el auto recurrido. Ahora bien, los artículos 2.355, 2.355 bis y 2.355 quinquies del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, prescriben lo siguiente: "Artículo 2.355. Al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, a su juicio, el juez dictará las medidas de protección que podrán ser: l. De emergencia. De protección preventiva. De naturaleza civil." "Artículo 2.355 Bis. Son medidas de protección de emergencia las siguientes: l. Desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. Prohibición al probable responsable y a aquellas personas que estén de acuerdo con él, de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y de los ascendientes y descendientes, o cualquier otro que frecuente la víctima. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Autorizar al receptor de violencia o víctima un domicilio diferente de aquél en el que se genera la violencia, si así lo solicita. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar." "Artículo 2.355 Quinquies. Son medidas de protección de naturaleza civil, las siguientes: l. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, resolviendo inmediatamente lo relativo a la custodia provisional tratándose de niñas, niños y adolescentes. Prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, ordenando la inscripción de esta medida en el Instituto de la Función Registral del Estado de México en cada caso. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, por el tiempo que dure el procedimiento. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y en los lugares en los que se conozca que tienen bienes, a efecto de garantizar las obligaciones alimenticias. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado. Orden de pago de la obligación alimenticia, en forma provisional e inmediata, a cargo del agresor a favor de la víctima y las y los hijos, en caso de existir. Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de seguridad pública de la que se expedirá copia a la víctima para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio. Las demás que considere necesarias." De dichos artículos se advierte que en los juicios de violencia familiar, al admitirse la demanda o durante el proceso, a criterio del juzgador, se dictarán medidas de protección, las cuales, podrán ser de emergencia, de protección preventiva o de naturaleza civil. Las medidas de protección tienen como finalidad garantizar el resultado del juicio, es decir, mantener la situación de hecho existente o preservar el bien, objeto o persona, relacionados con la acción, así como evitar daños o afectaciones que pudieran causarse en las personas, por lo que, resulta que éstas se deban decretar sin audiencia, esto es, que el órgano judicial que las ordena no está obligado a oír previamente a la persona contra la cual van dirigidas, debido a la existencia de los presupuestos de cautela, urgencia y peligro en la demora, que justifican ampliamente que se altere la necesaria bilateralidad que debe presidir el dictado de toda resolución judicial, ya que, en caso contrario, se prevendría al afectado con la correspondiente notificación de lo solicitado, lo que frustraría la finalidad urgente y cautelar de la medida. Cabe precisar que en términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, pero ello no implica que necesariamente deba ser audiencia previa, pues por la naturaleza de la medida de protección, este derecho debe otorgarse con posterioridad a su emisión. Sin que pase inadvertido el hecho de que el quejoso se inconforme de que la autoridad responsable emitió la medida sin otorgarle garantía de audiencia, sin embargo, al conocer los datos del juicio de origen tiene la posibilidad de acudir ante el propio juzgado y solicitar su notificación y emplazamiento, en razón de que es formalmente parte demandada, titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, y las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, otorgando los derechos fundamentales de audiencia y legalidad. De ahí que no se encuentre en estado de indefensión, pues una vez que sea emplazado a juicio, puede contestar la demanda instaurada en su contra, ofrecer pruebas y alegatos para desvirtuar el acto que aquí reclama. Apoya a lo anterior, la tesis 1a. CXII/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1151 del Libro 29, Tomo II, Abril de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL DICTADO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO VULNERA LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, AUDIENCIA O PROPIEDAD DEL PRESUNTO AGRESOR". Así como la Tesis 1a. CIX/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1152 del Libro 29, Tomo II, Abril de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "VIOLENCIA FAMILIAR. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA MATERIA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2.355 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, SON CONSTITUCIONALES. En el marco de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia implican el despliegue de una serie de conductas estatales, a través de las cuales se garanticen la seguridad de las víctimas, una debida investigación de los hechos constitutivos de violencia y la reparación del daño. En este contexto, pueden dictarse medidas de urgencia para evitar situaciones en las que se ponga en riesgo la salud e integridad física o mental de quienes hayan sido víctimas de daño físico, psíquico, o a su integridad sexual, de amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su familia. En esa línea, las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México que pueden dictarse al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, tales como ordenar al presunto generador de violencia que salga inmediatamente del domicilio común, aunque fuere propietario del inmueble, se encuentran justificadas y, por ende, son constitucionales, en atención a las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en las que se comprometió a prevenir y erradicar la violencia." Por lo tanto, resulta infundado lo argumentado por el quejoso, ya que la norma no exige dar vista con la solicitud de la parte actora respecto a las medidas de protección, dado la naturaleza urgente de las mismas, toda vez que las medidas de protección decretadas son en atención a los probables actos de violencia ejercidos. En ese sentido, contrario a lo vertido por la parte quejosa el actuar de la responsable fue con la finalidad de salvaguardar el derecho a la estabilidad personal y emocional, desarrollo armónico y psicológico de la víctima, en cuya observancia está interesada la sociedad y el Estado, pues cualquier maltrato físico, por leve que sea y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, así como que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar a la menor, es incompatible con su dignidad y respeto. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo de la Justicia de la Unión solicitado, en contra de la resolución del ocho de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca 1117/2022, que confirmó el proveído del veinte de octubre de dos mil veintidós en el expediente 1304/2022, del índice del juez responsable, en que se ordenó al quejoso la desocupación inmediata del domicilio ubicado en Avenida Ejidos de San Andrés, número 4, en la Colonia Francisco Villa en el Municipio de Tlalnepantla, México, presunto generador de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justica de la Unión no ampara ni protege a ***********, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto que transcurre el término de ocho días concedido a la parte tercero interesada en proveído del tres de febrero actual para que se impongan del contenido de los informes justificados que obran en autos; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese y por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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