José Guadalupe Cortés Trejo
Expediente 755/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Guadalupe Cortés Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VIII... Agréguese el oficio proveniente de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por medio del cual -en cumplimiento a lo solicitado en auto de quince de agosto del año en curso-, acusa recibo del diverso 21819/2022 por el que se le informo que la sentencia dictada en el presente asunto causó ejecutoria y en consecuencia se ordenó su archivo definitivo; asimismo, de las constancias que anexó a su informe justificado.
- Principal
VIII... Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla. México, por medio del cual, acusa recibo del diverso por el que se le informó que la sentencia dictada en el presente asunto causó ejecutoria y en consecuencia se ordenó su archivo definitivo.
- Principal
VIII... Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de depuración. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a lo anterior, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. Finalmente, devuélvanse a los Magistrados que Integran la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las constancias que anexó a su informe justificado, Solicitando el acuse de recibo correspondiente, el que deberá realizar dentro de los tres días siguientes al que surta efecto la notificación del presente proveído, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles Bajo el apercibimiento ...
- Principal
VIII... En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las diez horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 755/2022-VIII; se procede a celebrarla ante la presencia del Juez Marín García Moreno, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa ante Mayra Concepción Maldonado Marquina, Secretaria que da fe, sin asistencia de las partes, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, sin ser necesaria la mención expresa de cada una de ellas1. Acto seguido el juez acuerda: de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tiene hecha la relación de constancias. Abierto el periodo de pruebas: la secretaria relaciona las ofrecidas por la parte quejosa y la sala responsable, documentales que se admitieron y desahogaron por su propia y especial naturaleza, al tratarse de documentales. Acto seguido, el juez acuerda: al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra la etapa Se continúa con la fase de alegatos: la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. 1 Lo anterior, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, visible en la página 185, de rubro siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." El juez acuerda: al no haber alegatos que relacionar, se cierra la etapa. Sin diligencias pendientes por desahogar, se levanta esta acta y se procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 755/2022-VIII; y, R E S U L T A Presentación. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, José Guadalupe Cortes Trejo, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra un acto de dicha sala. La citada autoridad responsable, así como el Juez Noveno Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, rindieron su informe justificado y se remitió la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, la cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, asignándole el número de amparo directo 143/2022, quien mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto y lo remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintitrés de junio de dos mil veintidós, se turnó el expediente a este órgano jurisdiccional y el veintisiete siguiente, se aceptó la competencia declinada registrándose con el número 755/2022-VIII, admitiéndose a trámite; asimismo, se ordenó notificar a las partes la radicación del asunto; se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede; por lo que se, C O N S I D E R A Primero. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, atento a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción V, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se tiene como acto reclamado: La resolución de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca de apelación 16/2022, en la que determinó dejar insubsistente la sentencia emitida en la controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar (pensión alimenticia) 600/2020 seguida ante el Juez Noveno Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, y reponer el procedimiento para efecto de desahogar una prueba pericial en materia de trabajo social, sin perjuicio de las ya obtenidas. Tercero. Certeza del acto reclamado. Por cuestión de método y técnica jurídica a continuación se determinará si se encuentran acreditados o no los actos reclamados, debido a que de no ser así, sería innecesario e incluso ocioso, abordar el estudio de la procedencia del juicio de amparo y menos aún sería conducente analizar la constitucionalidad de los actos reclamados.2 En ese contexto, el Magistrado Semanero de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México y Juez Noveno Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, aceptaron el acto reclamado y para acreditarlo dicho magistrado acompañó a su informe copia certificada del toca de apelación 16/2022 y de diversas constancias relativas al juicio 600/2020, documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, procede examinar si sobreviene alguna causa de improcedencia, de conformidad con el artículo 2 Jurisprudencia identificada con el número XVII.2o. J/10, localizable en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento" 62, de la Ley de Amparo; sin que en el caso se advierta la actualización de alguna, ni que las partes la invocaran. QUINTO. Estudio de fondo. Se continúa con el análisis de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale dicho requisito3. No obstante, se sintetiza los argumentos que realizó la quejosa a manera de conceptos de violación, a efecto de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe contener. Ahora bien, dicha parte procesal aduce, esencialmente, que la autoridad responsable al dictar el acto reclamado infringió los derechos humanos y las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: a) No se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento al haberse inobservado el artículo 1.366, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues los Magistrados de la sala responsable no hicieron el menor estudio o razonamiento de sus agravios, pues en éstos se hizo la precisión de cuál era la parte de la sentencia que le causaban afectación. Por lo que al no haberle contestado sus agravios, indica que la resolución reclamada se aparta del principio de exhaustividad. b) La resolución reclamada carece de debida fundamentación y motivación, porque se ordenó el desahogo de una prueba pericial en trabajo social y que cuyos puntos sobre los 3Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." cuales versara, ya se encuentran plenamente probados en el juicio 600/2020, con las pruebas que refiere. De ahí que indica que los magistrados pasaron por alto dicha información, sin tomar en cuenta las pruebas a través de las cuales se obtuvo ésta (tales como documentales, -informes, acta de nacimiento, etcconfesionales y testimoniales. c) Por otra parte, refiere que la resolución no está fundada y motivada, pues se ordenó reponer el procedimiento sin estudiar sus agravios y sin tomar en consideración las constancias de autos. Los argumentos sintetizados a manera de conceptos de violación resultan inoperantes por una parte e infundados por otra. Para arribar al porque de lo anterior, es necesario destacar que los conceptos de violación, en sentido general, constituyen argumentos lógico jurídicos dirigidos específicamente a combatir las consideraciones torales que la autoridad responsable vertió en el acto reclamado para sustentarlo, de modo que con ellos se ponga en evidencia la ilegalidad del mismo y así proporcionar al juzgador elementos de análisis, esto es, el impetrante del amparo tendrá la carga de exponer qué parte de la determinación de la autoridad es la que le causa agravio y el porqué de ello. Cuando los conceptos de violación no llevan aquella temática, no controvierten el acto reclamado, o ya se analizó la petición en diversa determinación emitida por la responsable (entre otros supuestos), y no se está en un caso de suplencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 79, de la Ley de Amparo, el juez de amparo no cuenta con elementos para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En este tenor, los argumentos sintetizados en los incisos a) y b) son inoperantes puesto que no controvierten las consideraciones de la sala responsable para determinar reponer el procedimiento, pues el quejoso esencialmente se duele de que no se analizaron sus agravios ni se tomaron en cuenta las demás pruebas desahogadas en autos; sin embargo, con éstos no combate las consideraciones vertidas por la sala responsable que le llevaron a considerar la necesidad de reponer el procedimiento. Ello, pues al respecto en la determinación combatida se indicó que la pericial en trabajo social practicada en la persona de los litigantes Norma Sagrero Huante y José Guadalupe Cortes Trejo, justamente constituye el medio de convicción elemental, eficiente y claro que permite establecer de manera objetiva la capacidad económica de las partes, y sus necesidades, incluyendo establecer el entorno social en el que se desenvuelven, el tipo de vivienda que habitan, la alimentación, los servicios de agua luz, renta, mobiliario, y diversos servicios de salud, su índice nivel de vida social, las actividades que normalmente desarrollan, sus costumbres y particularidades, e incluso la existencia de diversos acreedores de estos, circunstancias que se hacen necesarias para contar con la base estructural y elementos, legales, objetivos, suficientes y eficientes que justifiquen de manera congruente la determinación que se llegue a tomar, de manera justa (apegada a la realidad, conforme a los principios de proporcionalidad y equidad que rigen en materia de alimentos, en términos de lo establecido en el artículo 4.138 del Código Civil. Asimismo, en la misma se determinó que derivado de las bases establecidas en la legislación civil para determinar el monto de la pensión alimenticia, y de la forma en la que debe ser la función de los tribunales, subyacía la necesidad de allegarse de elementos de prueba para esclarecer de manera contundente los hechos, a fin de salvaguardar y proteger los derechos de las partes y dictar una sentencia apegada a la realidad. En este sentido, si de lo expuesto por el inconforme se desprende que no controvierte las consideraciones de la sala responsable, es claro que no se puede para emprender el análisis sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, porque no otorga a este juzgador bases para ello. Lo anterior, con independencia que haya indicado no se analizaron sus agravios ni se tomaron en cuenta las pruebas que se desahogaron en autos, de las que se desprenden los datos que se pretenden obtener con la prueba pericial que se ordenó desahogar; sin embargo, con ello no combate las consideraciones con las que se sustentó la determinación de reponer el procedimiento para el desahogo de esa prueba; es decir, porque fue incorrecto que la sala indicara que justamente esa pericial constituye el medio de convicción elemental, eficiente y claro que permite establecer de manera objetiva la capacidad económica de las partes, y sus necesidades, incluyendo su entorno social, etcétera, y porque contrario a ello no resulta ser la prueba idónea para ello. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.T. J/37, consultable en la Octava Época, Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 84, Diciembre de 1994, página: 42, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO. Cuando son varias las consideraciones en que se sustenta el acto impugnado y en los conceptos de violación solo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para declararlo insubsistente, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos expuestos por la Junta responsable para apoyar su determinación." Contrario a ello, el peticionario del amparo indica como violaciones el hecho de que no se le analizaron sus agravios ni se tomó en cuenta las pruebas desahogadas en el juicio de origen; empero, ello se debió a que la sala responsable, al advertir una violación a las leyes del procedimiento, -específicamente, la necesidad del desahogo de una prueba para que el juez se allegara de más elementos que le permitieran dictar una sentencia apegada a la realidad- no realizó un estudio del fondo del asunto (pues la reposición del procedimiento es un acto procesal por el cual, el superior jerárquico de la autoridad judicial, imposibilitado para entrar al estudio y análisis del fondo del asunto sometido a la apelación, anula o invalida determinada actuación judicial apartada de la legalidad u ordena al inferior que lo haga), lo que justifica que no haya contestado sus agravios, ni valorado las pruebas desahogadas, pues la transgresión al proceso es una cuestión de estudio preferente. Sirve de sustento la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/10 (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2380, Registro digital: 2012611, con contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INATENDIBLES AQUELLOS QUE COMBATEN CONSIDERACIONES O DETERMINACIONES QUE NO LE CAUSAN PERJUICIO AL QUEJOSO. El ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo. Por tanto, la noción de perjuicio para que aquélla proceda, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional federal demandando el cese de esa violación. Dicha prerrogativa, protegida por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés legítimo que la invocada legislación considera para la procedencia del juicio correspondiente. Sin embargo, aun cuando se tenga tal interés para impugnar un acto de autoridad (por ejemplo, una sentencia, resolución, laudo, etcétera), no procede en todos los casos, ya que si los conceptos de violación mediante los cuales pretenden impugnarse razonamientos o determinaciones que, aunque expresadas en ese tipo de actuaciones, resultan favorables al quejoso, deben considerarse inatendibles, pues si bien es cierto que el tener ese interés legitima, en principio, la promoción del amparo a fin de obtener la protección de la Justicia de la Unión, en el cual deben manifestarse los motivos de disenso que evidencien la ilegalidad del acto reclamado, también lo es que deben centrarse o dirigirse por cuanto al aspecto en que perjudique al inconforme y no en el que le beneficie, ya que las posibles infracciones que no le irroguen agravio no pueden fundar una impugnación." Por otra parte, es infundado el argumento tendiente a evidenciar la ausencia de fundamentación y motivación - establecido en el inciso c)-, y para explicar el porqué, es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. A este respecto, cabe destacar el contenido del artículo 16 constitucional, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y de legalidad. En el entendido que, conforme a los reiterados criterios jurídicos, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. Por otra parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Dichos presupuestos deben coexistir y se presuponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Con lo anterior, se evidencia que para respetar la garantía de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe precisar el precepto o los preceptos legales que servirán de sustento a la determinación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión, ya que únicamente de esta manera el interesado tendrá las bases para fijar su defensa. Formalidades que en el caso -como se advierte de la resolución que constituye el acto reclamado- fueron observadas por la autoridad responsable, pues se desprenden los artículos en los que fundamentó su proceder, explicando las razones por las que determinó reponer el procedimiento, las cuales ya se enfatizaron con anterioridad, esencialmente porque resultaba necesario el desahogo de la pericial en trabajo social practicada en la persona de los litigantes Norma Sagrero Huante y José Guadalupe Cortes Trejo, por ser el medio de convicción elemental, eficiente y claro que permite establecer de manera objetiva la capacidad económica de las partes, así como otros aspectos que se establecieron en la sentencia reclamada. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, SE NIEGA A José Guadalupe Cortes Trejo EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos, 73, 74, 75, 76, 77, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA DE LA UNION a José Guadalupe Cortes Trejo, por derecho propio, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia ...
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