José Guadalupe Castro Salazar

Expediente 549/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
549/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • José Guadalupe Castro Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional declinó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Yoanna Fonseca Valencia en representación de José Guadalupe Castro Salazar en favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno. No obstante, a la fecha en que se actúa, no se ha recibido comunicación alguna en la que dicho órgano jurisdiccional informe la determinación que adoptó en relación con la incompetencia planteada. Por otro lado, del acuse de envío del presente asunto, se advierte que fue turnado al Decimotercer Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico; por tanto, con la finalidad de que, de ser el caso, este órgano jurisdiccional esté en posibilidades de ordenar el archivo del asunto y seguro de reciprocidad en casos análogos, vía interconexión amablemente se solicita al juzgado mencionado, para que a la brevedad posible informe a este juzgado la determinación tomada con motivo del juicio de amparo 549/2021 promovido por Yoanna Fonseca Valencia en representación de José Guadalupe Castro Salazar, del índice de este Juzgado de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de Enrique Juárez Vasconcelos, Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla en representación del Gobernador del Estado de Puebla, por el que rinde informe justificado, señala delegados. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que manifieste lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que mencionan; y, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En cuanto hace, a los correos electrónicos precisan en los ocursos de cuenta, para el efecto de que sean considerados como medios para oír y recibir notificaciones; únicamente, se tendrán como medios de contacto para comunicaciones no procesales, póngase a disposición de los actuarios adscritos a este Juzgado, para que de ser necesario faciliten las diligencias que se encomienden. Uso de medios electrónicos. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Por tanto, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe en comento y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las CATORCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2000, dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de dos mil, página cinco, cuyo texto a continuación se transcribe: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la resolución dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión R.A. 187/2020, de su índice. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alberto Verduzco Berlanga, respecto de los actos, autoridades y por los motivos expuestos en la sentencia recurrida, para los efectos precisados en la misma.". Acúsese recibo de estilo al tribunal oficiante por así solicitarlo; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable: "(.)la protección constitucional que se concede es para el efecto de la inaplicación, en la esfera jurídica del promovente Alberto Verduzco Berlanga, y hasta en tanto no exista un cambio legislativo, lo dispuesto en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como cannabis o marihuana. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 112/99, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". Con motivo de ello, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) deberá realizar lo siguiente: 1. Considerar que, con motivo de la presente sentencia, una vez que adquiera firmeza, ha quedado sin efectos el oficio 183300EL352476, de ocho de enero de dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la solicitud del quejoso para obtener el permiso o autorización para el consumo individual de la cannabis sativa, así como del psicotrópico THC tetrahidrocannabinol y los actos necesarios como la adquisición de semillas, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte para ese autoconsumo. 2. En su lugar, deberá emitir otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto del quejoso Alberto Verduzco Berlanga, que implique una autorización a éste para realizar el uso regulado de marihuana, que conlleve el consumo personal de marihuana en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud, para los fines que la parte quejosa denomina "lúdicos o recreativos" sin comprender fines de comercio ilícito o narcotráfico. En el entendido de que, además de lo expuesto en este fallo la autoridad administrativa, con plena autonomía, deberá establecer los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento y requisitos del debido proceso que exige la ley y la Constitución al llevar a cabo cualquier acto dirigido al quejoso. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 6/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, de rubro: "DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD." Lo anterior, sin que sea óbice que la normatividad reclamada no prevea expresamente la facultad de la citada autoridad para expedir la autorización de que se trata; No obstante, en atención a lo resuelto por el Alto Tribunal y a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, fracciones I, letra j, y VII; 4, fracción II, letra c, y último párrafo, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; así como el artículo Vigésimo Sexto, fracciones I y III, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, corresponde al director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitir la autorización correspondiente en materia de estupefacientes y psicotrópicos, como se desprende de los numerales que a continuación se transcriben (.)". En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, deberá agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir el cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad responsable en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de la materia, se requiere también a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su carácter de superior jerárquico, de la autoridad directamente obligada para que en el plazo de cinco días, acredite que ordenó acatar la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad responsable, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero y 194, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO". Se apercibe a las autoridades que, de no acatar lo ordenado: Se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades, obligada y superior jerárquico, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que rinde informe justificado, señala domicilio, designa delegados y ofrece pruebas. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado y se da vista a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En términos de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona; y, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 119, segundo párrafo, de la ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte las documentales que exhibe; así como, la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el momento de la celebración de la audiencia constitucional. Con las constancias remitidas, fórmese un tomo de pruebas por separado, para su mejor manejo. Notifíquese.

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