Jose Guadalupe Cabrera Gonzalez
Expediente 352/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2019
Partes del expediente
- Jose Guadalupe Cabrera Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, dos de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por ************, quejoso en el juicio de amparo en que se actúa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que indica, previa toma de razón que de su recibo deje en autos para constancia, por conducto de las personas autorizadas en su escrito inicial de demanda. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista
- Principal
Ciudad de México, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de dos de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo registrada con el número 352/2019, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Por lista Ministerio Público Federal Por lista
- Principal
Ciudad de México, dos de abril de dos mil diecinueve. Registro Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NEUN PARTE QUEJOSA 008400/2019 352/2019 24688680 ********* Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa al siguiente profesionista: Profesionista 1. **********. Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, se autorizan en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las restantes personas que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio **********. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante , de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Subsecretario de Operación Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Cuidad de México. La emisión de la orden de retención de pago correspondiente al concepto de Compensación Especialización Técnico Policial (concepto 1653) así como su ejecución. Director de Remuneraciones, Prestaciones y Cumplimientos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Cuidad de México. La emisión de la orden de retención de pago correspondiente al concepto de Compensación Especialización Técnico Policial (concepto 1653) así como su ejecución. Director General de Administración de Personal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Cuidad de México. La emisión de la orden de retención de pago correspondiente al concepto de Compensación Especialización Técnico Policial (concepto 1653) así como su ejecución. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que no se esté ante alguna de las excepciones que el propio legislador previó en esa disposición. Esta causa de improcedencia tiene sustento en la fracción IV del artículo 107 de la Norma Fundamental, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Los preceptos constitucional y legal transcritos contemplan el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio constitucional, al tratarse de un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos humanos, es improcedente si previamente no se acude a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos en tales numerales. Al respecto, debe precisarse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable, el juicio de amparo será procedente. Afirmar lo contrario, sería tanto como sostener que el juicio de amparo es un recurso ordinario y, a su vez, permitiría al juez federal suplantar las facultades del órgano de primera instancia. Tales consideraciones derivan de las tesis aisladas de la quinta y sexta épocas, con números de registros 338340 y 267633, cuyos rubros, respectivamente, son: "AMPARO." "RECURSOS ORDINARIOS." Ahora bien, es importante señalar que conforme a la Norma Fundamental y a la Ley de Amparo el principio de definitividad no es absoluto, toda vez que existen excepciones que habilitan al particular a acudir directamente al juicio constitucional no obstante exista un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Efectivamente, la primera excepción al principio de definitividad está referida a la figura de la suspensión del acto reclamado, de modo que se pueden obviar los recursos ordinarios en los siguientes casos: Cuando la ley de la materia no prevea esa medida cautelar con la interposición del recurso, o bien, que pueda ser decretada oficiosamente por la autoridad respectiva; Que aun cuando se contemple la suspensión del acto, no lo sea con los mismos alcances que establece la ley de amparo; Que la ley ordinaria no prevea mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva; y, Que el plazo para conceder la medida cautelar no sea mayor que el dispuesto para la suspensión provisional. En cualquiera de los supuestos anteriores, aun cuando la ley ordinaria establezca un medio de defensa, se actualizará una excepción al principio de definitividad y el particular podrá acudir directamente al juicio de amparo a impugnar el acto reclamado. Por otro lado, la segunda excepción al principio de definitividad está relacionada con el principio de fundamentación que debe observarse en todos los actos de autoridad, de modo que se surtirá la excepción aludida cuando el acto reclamado carezca de modo absoluto de ese elemento. Efectivamente, la excepción aludida se actualiza únicamente ante la ausencia total de las disposiciones legales que sustenten el acto reclamado, lo que obedece al hecho de que no es posible obligar a los particulares a agotar los recursos conducentes cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia, pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo será procedente, sin necesidad de desahogar previamente algún medio de defensa. Consecuentemente, no se ubica dentro de esta excepción el reclamo de la indebida o deficiente fundamentación, toda vez que en esta hipótesis el acto es el incumplimiento de una prestación derivada de su relación laboral (falta de pago o descuento a su salario), aunque esto sea exacta o debidamente aplicable, lo que en todo caso será materia de análisis en el medio ordinario de defensa que se establezca para tal efecto. Sirven de apoyo los criterios siguientes: Tesis aislada VI.1o.A.49 K (10a.), con número de registro 2012479, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ADEMÁS DE LAS EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO CONTENIDAS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS SE PREVÉ UNA MÁS EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO QUE IMPIDE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA." Jurisprudencia VII.1o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2012256, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES IMPROCEDENTE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE LE RECLAMEN ACTOS QUE DERIVAN EN EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CARENTES DE FUNDAMENTACIÓN, AL NO CONSTAR POR ESCRITO, PUES SE ACTUALIZA UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Tesis Aislada (III Región)4o.19 K (10a.), con número de registro 2008052, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." Tesis aislada IV.2o.A.52 K (10a.), con número de registro 2005733, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO ES ARBITRARIA NI OPERA AISLADAMENTE, PUES EL LEGISLADOR ADOPTÓ MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA ASEGURAR EL EQUILIBRIO PROCESAL Y EXCLUIR LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA." Tesis Aislada I.3o.A.128 K, con número de registro 212868, de rubro: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, la siguiente excepción al principio de definitivdad se surte cuando en relación con el acto reclamado únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; excepción que en un principio se reconoció en la práctica jurisprudencial de los tribunales federales, de acuerdo con la jurisprudencia s/n de rubro siguiente (registro 237480): "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Al respecto, debe señalarse que una violación directa a la Constitución consiste en la inobservancia de algún derecho consagrado en ese ordenamiento en forma directa, sin que medie interpretación o aplicación de preceptos secundarios. Esta aseveración se corrobora de la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), con número de registro 2003874, de rubro: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 4/2012 (10a.), con número de registro 2000299, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL)." Por otra parte, se actualiza también una excepción al principio de definitividad cuando el recurso o medio ordinario de defensa se encuentre previsto en un reglamento y no en una ley. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el vocablo "ley" no debe entenderse como cualquier ordenamiento legal -reglamento, disposiciones administrativas, entre otros-, sino que se refiere a una ley en su sentido formal y material. Al respecto, el Alto Tribunal también ha sostenido que dicha excepción no implica que el recurso ordinario deba estar contenido en la misma ley de la que deriva el acto reclamado, ya que es posible que el legislador prevea esas herramientas procesales en un ordenamiento diverso, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Finalmente, sobre este punto ha señalado que esa hipótesis de excepción no implica que el quejoso no pueda interponer el medio de defensa establecido en ordenamientos distintos a las leyes, sino que solamente se traduce en que su falta de agotamiento no es susceptible de producir la improcedencia del juicio de amparo. Dichas consideraciones derivan de las jurisprudencias 2a./J. 151/2006P./J. 3/2001, 2a./J. 115/99, 2a./J. 116/99 y 2a./J. 4/92, con números de registros 174026, 190367, 193142, 193141 y 206421, de rubros: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE NO ESTÁ PREVISTO EN LEY." "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO QUE ESTABLECEN SUS ARTICULOS 266 A 271, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD FISCAL." Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama la emisión de la orden de retención de pago relativo al concepto de Compensación Especialización Técnico Policial (concepto 1653), así como su ejecución. Sin embargo, como se demuestra a continuación, el presente juicio de amparo es improcedente respecto de tal acto, pues, por un lado, dicho acto es ejecutado por una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y existe la posibilidad de promover en su contra un medio de defensa cuya resolución conllevaba la posibilidad de que aquél fuera modificado, revocado o nulificado; y, por otro lado, la parte quejosa no agotó tal medio de defensa y no se configura alguna de las excepciones establecidas en la legislación aplicable y en la jurisprudencia para no hacerlo. En primer lugar, las autoridades responsables forman parte de la Administración Pública local, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que a continuación se transcriben, de modo que son autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Artículo 11. La Administración Pública de la Ciudad de México será: I. Centralizada; integrada por: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y los Órganos Desconcentrados; y II. Paraestatal; integrada por: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. La Administración Pública de la Ciudad de México contará con órganos político-administrativos en cada demarcación territorial denominados Alcaldías, cuya integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias: (.); XV I. Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubica en el ámbito orgánico del Gobierno de la Ciudad de México y se regirá por los ordenamientos específicos que le correspondan. En segundo lugar, el acto reclamado - la emisión de la orden de retención de pago correspondiente al concepto de Compensación Especialización Técnico Policial - tiene naturaleza administrativa; y, como se precisó, es un acto realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. De ahí que en su contra procede el juicio de nulidad del que puede conocer el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, según lo dispuesto en el artículo 3 de su ley orgánica, que establece: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; De lo anterior se advierte la procedencia del juicio de nulidad contra actos emanados de autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, como lo es la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que causen agravio al titular de algún derecho subjetivo en un plano de igualdad, derivado de una relación jurídica de carácter laboral y no así, en un ámbito de supra a subordinación. Es aplicable por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 35/99, con número de registro 194090, de rubro y texto: "POLICÍA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL EN EL QUE SE RECLAMEN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. Conforme a lo dispuesto en el artículo 123, fracción XIII, del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuerpos de seguridad, entre otros, quedan excluidos del régimen tutelar de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la competencia de los tribunales federales de conciliación y arbitraje, porque éstos se rigen por sus propias leyes. Ahora bien, del análisis de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, se desprende que la Policía Auxiliar del Distrito Federal tiene reconocida su existencia como cuerpo de seguridad y forma parte de la estructura orgánica del Departamento del Distrito Federal. Por tanto, si conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de la Caja de la Policía Preventiva del Distrito Federal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es competente para conocer de las controversias que surgen por resoluciones de la caja, derivadas de las prestaciones de seguridad social, con fundamento en la disposición citada, aplicada por analogía, dicho tribunal debe conocer de las controversias que tengan y deriven de los mismos motivos tratándose de policías auxiliares, por virtud de que actualmente ya conoce de conflictos de igual naturaleza referidos a Policía Preventiva, Policía Bancaria e Industrial y Bomberos, que conjuntamente con la Policía Auxiliar forman parte de la Policía del Distrito Federal." Asimismo, es orientadora la jurisprudencia I.6o.T. J/39 (10a.), con número de registro 2014762, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). El primer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los miembros de las instituciones policiales, como sucede con los elementos de la Policía Federal, se rigen por sus propias leyes, lo que implica que quedan excluidos del régimen laboral previsto en el citado artículo 123, apartado B. Es decir, dicha disposición, al diferenciar a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales, en cuanto a las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, y señalar que deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la aplicación de las normas laborales establecidas en el citado apartado y su ley reglamentaria. En este sentido, resulta inconcuso que la relación entre el Estado y dichas personas, por afinidad, es de naturaleza administrativa y se rige por normas administrativas y reglamentos que les correspondan; por consiguiente, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a esa relación deberán considerarse de naturaleza administrativa, por lo que el conocimiento de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de los servicios de los miembros de la Policía Federal, por afinidad, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa)." En tercer lugar, si el quejoso reclama actos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en particular la emisión de la orden de retención de pago correspondiente al concepto de Compensación Especialización Técnico Policial, por tanto, es indudable que es impugnable a través del juicio contencioso ante el ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dicho de otra manera, el acto administrativo combatido pueden ser modificados, anulados o revocados por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, máxime que el medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. En efecto, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México cumple con dichas condiciones, como se explica a continuación: Prevé el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, tal y como se advierte de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dicha medida cautelar tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, pues el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; y, por su parte, el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que la suspensión tendrá como efecto evitar que se ejecute el acto impugnado o que se continúe con la ejecución ya iniciada. Lo anterior implica que la suspensión en el medio ordinario de defensa constituye una medida cautelar con efectos restitutorios, que incluso tiene por objeto detener la ejecución de algún acto a fin de que la parte interesada siga disfrutando del derecho que estima vulnerado. Además, el artículo 73 de la ley citada prevé que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva, y agrega que, cuando los actos impugnados hayan sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, podrán dictarse las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Asimismo, el citado artículo establece que en caso que la autoridad se niega a cumplir la suspensión, se le requerirá por una sola ocasión para que lo haga y de no acatar el requerimiento, el Magistrado Instructor comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. Lo anterior conlleva que la facultad para otorgar la medida cautelar con efectos provisionales restitutorios no se limita a los supuestos de que el acto ejecutado afecte a los demandantes impidiendo el acceso a su domicilio particular o el ejercicio de su única actividad, pues la primera parte del dispositivo en comento faculta de forma genérica a la autoridad jurisdiccional a conceder la suspensión con efectos restitutorios. La medida cautelar contemplada en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. No es un obstáculo que en el artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, a diferencia de la Ley de Amparo que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Al respecto resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), con número de registro 160630, de rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL." La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé un plazo equivalente al de la Ley de Amparo, toda vez que el artículo 61 establece que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada. Situación que se homologa a lo previsto para el juicio de amparo, pues conforme al artículo 112 de la ley de la materia, el Juez de Distrito cuenta con un plazo de veinticuatro horas para que, de ser el caso, se admita la demanda de amparo y, de haber sido solicitada, se provea sobre la suspensión. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), con número de registro 2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." No es posible determinar por el momento, si los actos reclamados carecen en su totalidad de fundamentación, pues de la lectura del escrito de demanda se advierte que dicho acto fue proviene de una consecuencia natural la relación laboral que existe entre el aquí quejoso y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución, en tanto que de la simple lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de la emisión de la orden de retención de pago correspondiente al concepto de Compensación Especialización Técnico Policial. El juicio no está previsto en un reglamento. El medio de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, este juzgador determina desechar la demanda de amparo, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, no se hacen valer violaciones directas a la Constitución Federal ni adolece de falta de fundamentación y motivación. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista
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