Jose Guadalupe Basurto Vallesillo

Expediente 120/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
120/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Jose Guadalupe Basurto Vallesillo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por el licenciado Armando Ponce García defensor Público Federal del quejoso José Guadalupe Basurto Vallesillo; en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo que le fue conferido, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que indica en su libelo de cuenta, autorizando para tales efectos a Efraín Sandoval Rosales y Efraín López Medina. Asimismo se le tiene señalado el correo electrónico armando.ponce.garcia@correo.cjf.gob.mx, lo anterior, para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Por otro lado, súmese a lo actuado para debida constancia, el oficio 22013/2021 que remite la actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual, se acusa recibo del exhorto 1280/2021 (445/2021-E-A) deducido del proveído dicado por este Órgano Jurisdiccional el diecisiete de agosto del año en curso, mismo que fue registrado bajo el número 191/2021 (número de orden 200/2021), del índice de ese Juzgado de Distrito. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio proveniente de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual informa que se designa al Licenciado Armando Ponce García, como defensor Público del quejoso Guadalupe Basurto Vallesillo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante proporcionando el correo electrónico del citado defensor pública (armando.ponce.garcia@correo.cjf.gob.mx), a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario, lo anterior, en términos de la fracción XIX, del citado acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado en las oficinas de la Defensoría Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, en el edificio Sede del Poder Judicial, planta baja, y notifique al Licenciado Armando Ponce García el presente proveído, así como el diverso acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno -en el cual se previno la demanda de amparo que dio origen al presente asunto-, dictado en el presente juicio. De igual modo, le requiera para que en la misma diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista que será fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Conminándole para que, de estimarlo pertinente, prevea la posibilidad de solicitar a este juzgado el acceso al expediente electrónico, señalando su nombre de usuario autorizado y precise la autorización para recibir notificaciones en línea, con lo que podrá ser notificado personalmente en dicha plataforma, sin necesidad de un domicilio físico en la ciudad de residencia de este Juzgado. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico el contenido de la notificación practicada al quejoso Guadalupe Basurto Vallesillo, de la que se advierte que, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de cinco de marzo de año en curso, solicita se le designe un defensor Público Federal, para que lo asista. Por tanto, y como lo pide y a fin de no dejarlo en estado de indefensión, gírese atento oficio al Delegado de la Defensoría Legal, con residencia en Morelia, Michoacán, tenga a bien designar un defensor público que asesore al quejoso Guadalupe Basurto Vallesillo, en el presente juicio y dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional; y para lo cual, se le remite copia simple de la demanda de amparo promovida por el referido quejoso; así como, del proveído dictado por este Juzgado de Distrito el cinco de marzo pasado. ...NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a José Guadalupe Basurto Vallesillo, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-MICHOACÁN" ubicado en Buenavista Tomatlán y otros; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 120/2021-I. Del contenido de la demanda, se advierte que el ocursante hace consistir los actos reclamados en: "IV.- Acto Reclamado: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras les reclamo: la orden de traslado y su ejecución, fuera de procedimiento legal pues no existe fundamentación, motivación, proporcionalidad y razonabilidad jurídica, esto, en el sentido de que dichas autoridades Responsable, siendo administrativas, hayan ordenado y ejecutado mi traslado fuera de su facultad, pues dicha facultad es el poder judicial de acuerdo por lo dispuesto en el artículo 27, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la orden de traslado de procesados y sentenciados, de un centro penitenciario a otro. En este sentido reclamo dicha ilegalidad por ser un acto inconstitucional, toda vez que no se utilizó juicio orden de la autoridad judicial ignorando de t afora y violentando, trasgrediendo en mi agravio la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los Artículos 18 y 21 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicado ene l diario oficial de la federación el 18 de junio de 2008. Ademas de que no fui sentenciado por delitos de asociación delictuosa, ni estoy en los supuestos de delincuencia organizada o respecto de otros internos que requieren medidas de seguridad. Al no encontrarme en estos supuestos referidos no esta justificado que se me haya trasladado del Centro Federal de readaptación social N° "9 Norte" en cd. Juarez, Chihuahua, al Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS-Michoacan", muy lejos y distante de mi familia y comunidad, haciendo imposible que se pueda cumplir con la Reincerción Social, y por otra parte afectándome al alejarme del Juez que conoce mi cituación jurídica ya que una de las C.P. estoy en proceso, por lo que en estar tan lejos del juzgado que lleva y conoce mi proceso biolan todas las garantías y derechos para poder defenderme y saber el estado que guarda para mi defensa. Por lo cual reclamo que se me restituya y de tal forma se respeten is derechos humanos y garantías Constitucionales que demando han sido violadas." (Sic.) Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. *****DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO*****. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito3 , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "*** En este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que Tesis: ****puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Pag. 902 Jurisprudencia(Común) "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. **** Lo anterior, es uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de resoluciones emitidas por autoridades diversas a los tribunales jurisdiccionales, principio rector del juicio de amparo que preserva su carácter verdaderamente excepcional, al cual se podrá acudir si y sólo si, se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la legislación de donde proviene el acto que se reclama, ello a efecto de impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en las instancias ordinarias, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Dicho principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos para que opere dicho supuesto, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos fundamentales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados en la vía ordinaria. Las excepciones a dicho principio son las siguientes: ****** Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la orden de traslado administrativo del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social, en el que guardaba reclusión, al diverso número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buena Vista, Tomatlán, Michoacán, en el que se encuentra recluido, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción precisados. Es así, pues el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Así, resulta necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad ******penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del medio de impugnación denominado controversia judicial, previsto por los artículos 52, último párrafo, 117, fracción III, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal5 . De dichos dispositivos legales se tiene que, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena 5 "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y; (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia**** el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado administrativa, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Lo anterior, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través del medio legal de defensa antes referido, o bien, a través del recurso de apelación correspondiente. En ese orden, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama ***** a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además que, el numeral 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que dicho medio de impugnación deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Mientras que, el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. ***** NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Ahora bien, toda vez que se desprende que dicho solicitante del amparo se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buena Vista, Tomatlán, Michoacán; se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPSMichoacán", ubicado en el municipio de Buena Vista, Tomatlán, Michoacán y conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, notifique personalmente al quejoso Guadalupe Basurto Vallesillo, el presente proveído; asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, designe un defensor que lo represente, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le designará un defensor público para que lo asesore en el presente juicio de garantías. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental6 , hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.

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