José Guadalupe Ayil Rosado
Expediente 1066/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Guadalupe Ayil Rosado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el doce de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a José Guadalupe Ayil Rosado; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del doce de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 1066/2020-10, promovido por José Guadalupe Ayil Rosado. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la prueba ofrecidas por la parte quejosa consistente en la copia simple del oficio C-102/2020, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, signado por el comandante de la Quinta Zona Naval de Frontera, Centla, Tabasco. Asimismo, se da cuenta con las copias certificadas, que adjuntaron las autoridades responsables a su informe justificado, mismas que son: Oficio número C-102/2020, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se le comunica a la parte quejosa el inicio de procedimiento de baja del servicio activo de la Armada de México por terminación del contrato. Contrato de enganche celebrado entre la parte quejosa y la Secretaría de Marina - Armada de México, el uno de agosto de dos mil seis. Contrato de reenganche celebrado entre la parte quejosa y la Secretaría de Marina - Armada de México, por el periodo de uno de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas debido a su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1066/2020-10, promovido por José Guadalupe Ayil Rosado contra actos del comandante de la Quinta Zona Naval de la Secretaría de Marina - Armada de México y otra autoridad, con residencia en Frontera, Centla, por estimarlo violatorio de los artículos 5 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de diciembre de dos mil veinte, se recibió la presente demanda a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común al día siguiente y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, José Guadalupe Ayil Rosado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "1.- Se reclama de todas las autoridades responsables, en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras, EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO al procedimiento de baja del servicio activo en la Armada de México, del impetrante; 2.- El oficio de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el C. Vicealmirante Comandante de la Quinta Zona Naval, mediante el cual se me informa que se me inició un procedimiento de baja del servicio activo de la Armada de México, pero se omitió hacerme entrega de las copias de traslado de dicho procedimiento, además que se me indica si es mi deseo, a fin de dar contestación, debo trasladarme a la Jefatura Jurídica de la Quinta Zona Naval a fin de conocer el expediente del que deriva dicho procedimiento. 3.- La falta de fundamentación y motivación del procedimiento administrativo de baja que me fue comunicado, en principio porque adolece de muchas incongruencias dicha documental, además de que no se cumplió con los requisitos legales al pretender emplazarme y se me deja en total estado de indefensión." [sic] A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S "a).- C. COMANDANTE DE LA QUINTA ZONA NAVAL, DE LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO; b).- C. ENCARGADO DE LA JEFATURA JURÍDICA DE LA QUINTA ZONA NAVAL, DE LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El siete de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 1066/2020-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes; y QUINTO. SE HIZO EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO RESPECTO AL TÉRMINO CONCEDIDO PARA AMPLIAR DEMNADA. En proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Comandante Accidental y Jefe Jurídico ambos de la Quinta Zona Naval informando que el personal jurídico del Sector Naval de Dos Bocas estaba representado por el Jefe Jurídico del Sector Naval de Dos Bocas, Teniente de Fragata del Servicio de Justicia Naval Benigno Chávez Gutiérrez; por lo que se requirió a la parte quejosa que dentro del términos de quince días contados a partir del día siguiente de su notificación manifestara si ampliaba su demanda respecto a esta última autoridad, apercibido que de no realizar manifestación alguna se resolvería el presente asunto respecto de las autoridades inicialmente señaladas en su demanda de amparo. Luego, en auto de treinta de marzo de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que el término concedido a la quejosa transcurrió sin que manifestara su deseo de ampliar la demanda, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El emplazamiento al procedimiento administrativo ZN-5/PA/02/2020, con motivo de la baja del servicio activo de la Armada de México por terminación de contrato. El oficio C-102/2020 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, signado por el comandante de la Quinta Zona Naval, en el que se informa a la parte quejosa el inicio del procedimiento administrativo de baja del servicio activo de la Armada por terminación de contrato. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables jefe jurídico accidental y comandante accidental, ambos de la Quinta Zona Naval de la Secretaría de Marina Armada de México negaron la existencia del acto reclamado consistente en el emplazamiento al procedimiento administrativo ZN-5/PA/02/2020, con motivo de la baja del servicio activo de la Armada de México por terminación de contrato y remitieron las copias certificadas relativas a la cédula de notificación del oficio C-102/2020 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, signado por el comandante de la Quinta Zona Naval. Ahora bien, el referido acto reclamado es existente, toda vez que la negativa del acto reclamado queda desvirtuada pues de los propios informes justificados se advierte su existencia, incluso porque de las constancias allegadas se desprende que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa recibió el oficio C-102/2020 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, signado por el comandante de la Quinta Zona Naval, a través del cual se hace del conocimiento a la parte quejosa el inicio del procedimiento de baja del servicio activo de la Armada de México por terminación del contrato. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otra parte, las referidas autoridades responsables, al rendir su informe justificado, aceptaron el acto reclamado oficio C-102/2020 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, signado por el comandante de la Quinta Zona Naval, en el que se informa a la parte quejosa el inicio del procedimiento administrativo de baja del servicio activo de la Armada por terminación de contrato, lo cual se corrobora con la las copias certificadas del mismo, las cuales adjuntaron a sus respectivos informes justificados. Por lo expuesto, los actos que reclama la parte quejosa son ciertos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. En sus conceptos de violación la parte quejosa refiere que uno de los requisitos de validez del emplazamiento es el relativo a que el actuario o notificador, en el acta de emplazamiento, certifique que entregó las copias de la demanda (debidamente selladas y cotejadas), de modo que al no hacerlo así trae como consecuencia la nulidad de la diligencia respectiva. Al respecto cita la jurisprudencia 1a./J. 22/2018, que derivó de la contradicción de tesis 118/2017, de rubro "EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA". Asimismo, la parte quejosa señala que es mediante el emplazamiento las autoridades cumplen con el derecho de audiencia y debido proceso reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Federal. Además, la parte quejosa manifiesta que la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional ha dicho que dentro de las garantías del debido proceso existe el "núcleo duro", que debe observarse en todo procedimiento jurisdiccional, mientras que existe otro núcleo de garantías que resultan aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Al respecto, señala que en la jurisprudencia P./J. 47/95 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque su defensa, la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En el mismo sentido, la parte quejosa manifiesta que las autoridades demandas incumplen con lo ordenado en la fracción III, del artículo 16 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por lo que lo dejó en estado de indefensión en el procedimiento incoado en su contra. Para sustentar su argumentó refirió las jurisprudencias 2a./J. 209/2007 y 1a./J. 39/2020 de rubros "JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN" y "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE SE CORRE TRASLADO", respectivamente. Son infundados los conceptos de violación señalados por la parte quejosa, debido a los siguientes razonamientos. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Del transcrito precepto constitucional se desprende que el derecho de otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio o procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para la adecuada defensa de los derechos del particular. Por su parte, la jurisprudencia P./J. 49/95, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; Oportunidad de alegar; y Dictado de sentencia que dirima las cuestiones debatidas. Así, el derecho fundamental de audiencia consistente en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio o procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para la adecuada defensa de los derechos del particular. Debe tenerse en cuenta que este derecho sólo es aplicable tratándose de actos privativos entendidos como los que tienen como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, pese a causar una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Al respecto, los artículos 35 y 36, primer párrafo, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo señalan: "Artículo 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;[.]" "Artículo 36.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. [.]" Y, el artículo 15 de la precitada ley expresa: "Artículo 15.- La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley." De los artículos previamente transcritos se desprende que el emplazamiento podrá realizarse de manera personal con quien deba entenderse la notificación, para lo cual el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Ahora bien, contrario a lo que aduce la parte quejosa, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte recibió el oficio C-102/2020, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, con el cual se le comunicó el inicio de procedimiento administrativo de baja del servicio activo de la Armada de México por terminación de contrato, mismo que se trae a la vista para mejor referencia: De la anterior constancia se advierte la entrega del oficio de inicio de procedimiento administrativo de baja del servicio activo de la Armada de México por terminación de contrato a la parte quejosa José Guadalupe Ayil Rosado, pues en el citado documento se encuentra su firma, la cual se corrobora con su escrito de demanda de amparo; asimismo, se advierte la fecha y hora en la que se realizó la notificación, también se encuentra su nombre y firma. Por lo tanto, con el emplazamiento al procedimiento administrativo ZN-5/PA/02/2020, con motivo de la baja del servicio activo de la Armada de México por terminación de contrato, no se vulneró su garantía de audiencia ni se coarto su derecho al debido proceso, pues como se advierte de la referida constancia se le emplazó al procedimiento el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, cuando se le notificó el oficio C-102/2020, mismo que no desconoce, toda vez que su inconformidad radica en que no se le corrieron con el copias de traslado, sin embargo, el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo únicamente señala que al llevar a cabo la diligencia se le entregara copia del acto que se le esté notificando, sin advertir como un requisito las copias de traslado. Además, en el referido oficio se otorgó a la parte quejosa quince días para comparecer al procedimiento para manifestar lo que a su derecho conviniera, ofrecer pruebas y formular alegatos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso E, fracción II, del artículo 85 de la Ley Orgánica de la Armada de México, en relación con los artículos 14, 15, 19, 38, 42, 50 y demás relativos a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y, respecto a las jurisprudencias que cito a fin de reforzar sus argumentos "JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN" y "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE SE CORRE TRASLADO", cabe señalar que las mismas se refieren a la formalidad del emplazamiento dentro del juicio contencioso administrativo y emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional, lo cual en el presente asunto no acontece, toda vez que, como se vio con anterioridad, el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo únicamente señala que al llevar a cabo la diligencia se le entregara copia del acto que se le esté notificando, sin advertir como un requisito las copias de traslado. Cabe señalar que, al presentar su juicio de amparo anexó como pruebas la copia del oficio C-102/2020 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, signado por el comandante de la Quinta Zona Naval, en el que se informa a la parte quejosa el inicio del procedimiento administrativo de baja del servicio activo. Luego, la parte quejosa al indicar los actos reclamados señaló que el oficio C-102/2020 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, signado por el comandante de la Quinta Zona Naval, en el que se informa a la parte quejosa el inicio del procedimiento administrativo de baja del servicio activo de la Armada por terminación de contrato, carece de fundamentación y motivación. Es infundado el conceptos de violación señalado por los siguientes motivos. En primer término, se estima pertinente señalar que los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica se reconocen en los artículos 14, párrafo segundo y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra señalan: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De los artículos transcritos, se desprende que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, que funde y motive su determinación y una vez que se cumplieron las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica. Así, del artículo 16 constitucional, se advierte que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que debe citarse el precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, y por lo segundo, que debe expresarse las razones, motivos o circunstancias especiales que se hayan tenido en cuenta para la emisión de un acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 175, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En lo conducente también aplica la jurisprudencia 1ª./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Común, registro número 176546, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Ahora bien, el C-102/2020 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, signado por el comandante de la Quinta Zona Naval, en el que se informa a la parte quejosa el inicio del procedimiento administrativo de baja del servicio activo de la Armada por terminación de contrato, no adolece de fundamentación, pues la autoridad señaló los preceptos 35, fracción II, 39 y 50 de la Ley Orgánica de la Armada de México. Asimismo, tampoco carece de motivación pues señala que inició el procedimiento administrativo ZN-5/PA/02/2020, por terminación de contrato de reenganche, mismo que fenece el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Por otra parte, la autoridad que signó el oficio C-102/2020 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, es comandante de la Quinta Zona Naval, el cual es la autoridad competente para realizar el inicio del procedimiento administrativo de baja de servicio activo de la Armada de México por terminación de contrato, debido a que el numeral 85 de Ley Orgánica de la Armada de México, fracción III, indica: "Artículo 85.- Baja es la separación definitiva del servicio activo y procederá: [.] III. Por acuerdo de los mandos superiores en jefe y mandos superiores, al personal de clases y marinería encuadrados en unidades y establecimientos a su cargo. [.]" Por lo tanto, para que proceda la baja de personal naval conforme a la fracción III del mencionado artículo, se requiere: La emisión de un acuerdo, Que ese acuerdo lo emitan los denominados "mandos superiores", Que el acuerdo recaiga sobre personal de "clases y marinería", Que el personal de clases y marinería esté encuadrado "en unidades y establecimientos a su cargo" Al respecto el artículo 9 de la ley aplicable establece quiénes son los mandos: "Artículo 9.- Son mandos: Superiores en Jefe: los titulares de las fuerzas navales, regiones navales y el del Cuartel General del Alto Mando; Superiores: los titulares de las zonas navales y otros que designe el Alto Mando, y Subordinados: los titulares de sectores, flotillas, escuadrillas, unidades de superficie, unidades aeronavales, batallones de infantería de marina, y otros que designe el Alto Mando." Como se aprecia en la ley, son mandos superiores los titulares de las zonas navales. En este caso en concreto, se cumple con el supuesto ya que el titular de la zona naval fue quien firmó el oficio. Además, en el caso que se analiza, la Tercera Región Naval agrupa diversas zonas navales, incluyendo a la Quinta Zona Naval que tiene a su cargo el Sector Naval de Dos Bocas "NAVBOCAS". Por lo tanto, la parte quejosa sí estaba encuadrado en un sector a cargo del vicealmirante José Barradas Cobos, comandante de la Quinta Zona Naval, cumpliendo con este punto del artículo 85 fracción III de la citada ley. En tal virtud, ante lo infundado de sus conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto al acto reclamado. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de diciembre de dos mil veinte, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Guadalupe Ayil Rosado, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que por proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, se le concedió a la quejosa José Guadalupe Ayil Rosado, el término de quince días para que manifestara a este órgano de control constitucional si era su deseo ampliar la demanda que dio origen al presente juicio, lapso que ya aconteció, sin que a la fecha haya hecho lo propio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, debiendo continuarse el trámite de este asunto únicamente en los términos planteados originalmente en su libelo de amparo. Notifíquese.
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