Jose Guadalupe Avila Baza
Expediente 1237/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1237/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Guadalupe Avila Baza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Como de la certificación secretarial se aprecia que el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como de la citada constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 fracción III, y 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia secretarial y toda vez que la parte quejosa no desahogó la vista que se le dio con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, se procede a dictar la resolución relativa en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000 de la Novena Época, Segunda Sala, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, página doscientos cuarenta y tres, que al rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Atento a la constancia secretarial, se obtiene que los efectos de la concesión de amparo a la parte quejosa consistieron en que la autoridad responsable, dejara insubsistente la diligencia de emplazamiento realizada por el actuario adscrito a su juzgado; así como las demás actuaciones llevadas a cabo con posterioridad en el juicio sumario civil - de su índice, incluyendo la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, así como los actos tendientes a lograr su cumplimiento; y, hecho lo anterior, realizara el emplazamiento de la parte demandada en su domicilio correcto, con las formalidades esenciales del procedimiento, ahora por conducto de la sucesión. Por su parte, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, remitió copia certificada del acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sumario civil -, en el que dejó insubsistente lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento, las demás actuaciones llevadas a cabo con posterioridad, incluyendo la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, así como los tendientes a lograr su cumplimiento, y comisionó al Actuario de su adscripción emplazar a la parte demandada en su domicilio correcto con las formalidades esenciales del procedimiento ahora por conducto de la sucesión. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, al no advertirse excesos ni defectos en su acatamiento, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que el quejoso esté en condiciones de impugnar la presente determinación, o en su caso, por la vía correspondiente recurra lo manifestado por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como CONSERVABLE, así como el original del cuaderno incidental, los cuales serán transferidos una que vez cumpla tres años contados a partir de este acuerdo, mientras que el duplicado de los cuadernos incidentales es destruible, lo anterior, dado que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción II y III, 17, fracción III, incisos a) y b), y 19 fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, se advierte de la constancia secretarial que no se formaron cuadernos incidentales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recuperar los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, correrán la misma suerte que el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.********************Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán; regístrese en el Libro de Gobierno con el número II-1237/2023-1.********************Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral ******************** del índice de la autoridad responsable.********************Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento.********************Al respecto el numeral en comento estatuye:********************"El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".****************************************En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido.********************El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice:********************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes".****************************************Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera.********************De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la denegación de justicia en que incurre la autoridad señalada como responsable, siendo que ha sido paralizado el expediente citado al rubro, afectando los derechos humanos de esta parte trabajadora y vulnerable por lo que se pide que se respeten sus derechos laborales y se dé pronta respuesta conforme a derecho, situación que lo deja en total incertidumbre.********************Precisado lo anterior, se advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************I.********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley".****************************************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:********************I.********************V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;********************VI.".****************************************De las disposiciones anteriores se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se reclamen actos que no afecten materialmente derechos sustantivos.********************En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye una violación de carácter irreparable, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo.********************Así, para efectos del juicio de amparo indirecto, acorde con el sistema legal vigente, los actos irreparables se caracterizan por producir una afectación material al derecho sustantivo; es decir, sus consecuencias deben ser de tal grado que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo.********************Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.********************Ello, pues aun cuando se está en presencia de actos contrarios a la prosecución en tiempo del procedimiento laboral, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto.********************Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece:********************"AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce, de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente."****************************************Ahora, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación complementó ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, criterio que es aplicable también al asunto del conocimiento aun cuando se rija por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, que a la letra dice:********************"AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador."****************************************Entonces, dado que del contenido integral de la demanda, se advierte que la ahora responsable el quince de agosto pasado dicto acuerdo dentro del juicio de origen, en el que certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, dejando los autos en estado de emitir el laudo correspondiente, sin que a la fecha, según dicho bajo protesta de la parte quejosa se haya dictado el mismo.********************En atención a lo anterior, es evidente que dicho acto reclamado no tiene como efecto la paralización total del procedimiento.********************Lo anterior, ya que si bien el artículo 99, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, refiere que en una sola audiencia se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo; lo cierto es que en este asunto, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha en que se dejaron los autos en estado de emitir el laudo.********************Por tanto, el acto reclamado por la parte promovente no se trata de una abierta demora del procedimiento o su paralización total, en virtud de que no han transcurrido más de cuarenta y cinco días a que hace mención el numeral 772 de la Ley Federal del Trabajo, de lo que se deduce que la responsable no incurrió en una dilación excesiva en el dictado del laudo respectivo, criterio que, como se dijo, es aplicable también al asunto del conocimiento aun cuando se rija por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán.********************En tal virtud, es indudable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 217, de la misma legislación; por lo que, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia.********************Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con admitir a trámite la demanda si se conoce desde un inicio que concluirá con un sobreseimiento, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.********************Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no es una causal de improcedencia definitiva y las dilaciones se generan a lo largo del tiempo.********************En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. ********************De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. ********************Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.******************** Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. ********************Se tiene al quejoso por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.********************Notifíquese personalmente.********************
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