José Guadalupe Arzeta Bailón

Expediente 42/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
42/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • José Guadalupe Arzeta Bailón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio certificado de la ejecutoria emitida el veinticuatro de junio del año en curso, en el recurso de queja penal 25/2021. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase del conocimiento a las partes que el tribunal de alzada resolvió de la siguiente manera: "[.] ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja. Notifíquese; [.]". Realícese las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo que, acorde al artículo 21, fracción d) del citado Acuerdo General, se determina que el expediente principal una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de queja promovido por ****, en contra del proveído de diecisiete de febrero del presente año, el cual se registró como recurso de queja penal 25/2021, circunstancia de la cual queda enterado este juzgado federal para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta ser un hecho notorio la substanciación de los diversos juicios de amparo 315/2020, 316/2020 y 376/2020, todos del índice de este órgano jurisdiccional, y promovidos por ****, a quien a su vez le asiste la representación de su hija Georgina ***, contra diversos actos que se atribuyen a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, y derivados del juicio sucesorio 677/2018 a bienes de ***. Asimismo, resulta ser un hecho notorio el resultado infructuoso para obtener y recabar las constancias necesarias para resolver los referidos juicios de amparo; sin que pase desapercibido para este juzgador, lo voluminoso de las constancias que integran el mencionado juicio sucesorio, el que se afirma se conforma de por lo menos treinta tomos. No obstante lo anterior, resulta oportuno destacar que desde la admisión de cada uno de los referidos juicios de amparo, hasta la fecha en que se actúa, ha transcurrido término considerable para que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, aportara las constancias necesarias para resolver los juicios de amparo que nos ocupa, que si bien resultan ser voluminosas, no debe perderse de vista que "el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable", acorde a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, a fin de agilizar el trámite del presente asunto, así como de los referidos de juicios de amparo que se encuentran relacionados, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, vía telegráfica requiérase nuevamente a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias del juicio sucesorio 677/2018 a bienes de Jorge Allec Galeana; en lo particular, todas aquellas relativas a la emisión de las resoluciones que se destacan como reclamadas de fecha diez de marzo de dos mil veinte (3/13), (4/13), (5/13) y (11/13), así como de todas y cada una de las actuaciones que tomó en consideración para su respectiva emisión, y las relativas de sus concernientes notificaciones a las partes en el juicio de origen. Se apercibe a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, que ante la omisión sobre el particular, se hará efectiva una medida de apremio conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo, misma que ha quedado precisada en los requerimientos previamente formulados. Finalmente, atendiendo las consideraciones expuestas en el auto admisorio, aunado a que prevalece el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, y con el objeto de establecer contacto respectivo con la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, que auxilie las notificaciones relativas; se le exhorta nuevamente para que, de ser posible continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea"; de ahí que, se le requiere para que dentro del plazo de veinticuatro horas proporcione al correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico (el cual no necesariamente tiene que ser oficial y/o institucional) para que se establezca el contacto respectivo. Habida cuenta que sobre el tópico, la parte quejosa sostiene en el presente asunto, como en el diverso 316/2020, la evasiva de la responsable de atender los requerimientos formulados, pese a tener pleno conocimiento de los mismos; por lo que, con lo anterior, se procura evitar dilaciones al procedimiento, derivado de las diligencias tendentes a notificar los acuerdos respectivos. Notifíquese electrónicamente y por lista de la misma manera.

  4. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Acapulco de Juárez, Guerrero; diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relacionado con el diverso numeral 17 de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. El artículo 61 de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Resulta oportuno, señalar que la Ley de Amparo abrogada, en su artículo 22 determinaba como excepción a la regla general relativa al plazo que se establecía en el artículo 21 (quince días), los actos que atacaran la libertad personal del individuo, y por ello, aun siendo un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, la demanda de amparo se podía interponer en cualquier tiempo. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 17, dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." [.] De acuerdo con lo transcrito, señala la Ley de Amparo, que la demanda deberá interponerse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al promovente de la resolución o acuerdo que reclame; o dentro de los quince días siguientes al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; o bien al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Por su parte, las diversas fracciones del numeral 17 de la Ley de Amparo, señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo, sin que sea el caso referirnos a ellas, pues no se surten en la especie. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto que estima afecta sus derechos humanos, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En esa tesitura, del escrito aclaratorio de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de lo siguiente: "La resolución que se combate mediante el juicio de amparo que se intenta lo es la audiencia inicial de fecha dieciséis de octubre del dos mil diecinueve y también lo es la continuación de audiencia inicial de fecha veintidós de octubre del dos mil diecinueve, en la primera audiencia desde el momento que se formuló imputación y debate de medidas cautelares y por cuanto a la segunda audiencia al considerar que cuando la autoridad responsable le preguntó al órgano de la defensa pública si iba ofrecer datos o medios de prueba y que también se hiciera cargo del debate de vinculación o no a proceso, lo que la defensora antes señalada ÚNICAMENTE MANIFESTÓ QUE SU SEÑORÍA RESOLVIERA CONFORME A DERECHO, es decir, no ofreció ningún dato o medio de prueba de mi intención con las cuales el suscrito contaba y cuento, así como tampoco debatió la vinculación a proceso, Cabe señalar bajo la misma protesta de ley rendida que desde la primera audiencia inicial "de fecha dieciséis de octubre del dos mil diecinueve" donde me fijaron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el día de la continuación de la audiencia "el veintitrés de octubre del dos mil diecinueve" en ningún momento la defensa pública me fue a visitar al CERESO o Reclusorio de Tecpan de Galeana para entrevistarse conmigo para asesorarme sobre el proceso penal al que estaba o estoy sometido e inclusive preguntar si contaba con algún dato o medio de prueba, así como demás deficiencias que procesales que en su momento oportuno se observaran cuando la autoridad responsable rinda su informe justificado consistente en los audios y vídeos de las audiencias de fecha dieciséis y veintitrés de octubre del dos mil diecinueve -audiencia inicial y continuación de audiencia Inicial-." Acorde a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y el ocurso aclaratorio, se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de los actos que impugna en esta vía constitucional (audiencia inicial de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, celebrada en la carpeta judicial 70/2019, misma que se le instruye por el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales D.Y.H.G., así como su continuación celebrada el veintitrés del mes y año en cita), en dichas datas, pues estuvo presente en las aludidas audiencias, de suerte que el término de quince días para promover el juicio de amparo comenzó a correr y a contarse a partir del día hábil siguiente a su celebración, es decir, el diecisiete y veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; de ahí que el término para la promoción de la demanda de amparo que nos ocupa, ya feneció. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Ahora bien, toda vez que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis y veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, y promovió su demanda de amparo hasta el veintidós de enero de dos mil veintiuno, tal y como se corrobora del sello receptor asentado por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es inobjetable que el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en su perjuicio; por tanto, cabe concluir que la misma fue presentada de manera extemporánea. Es importante destacar que, la exigencia de que exista prueba plena de que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, se satisface a plenitud en el caso, a virtud de la declaración categórica vertida por el promovente sobre las fechas en las que se celebraron las audiencias que impugna, manifestación que constituye una confesión expresa de su parte, medio de prueba admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Asimismo, se tiene la convicción de que la causa de improcedencia aducida es totalmente aplicable al caso concreto, y que aun cuando se admitiera la demanda y se le diera curso legal, al final se adoptaría la misma determinación, luego no hay porqué sustanciar un juicio que a la postre resultara improcedente, en demérito de la obligación de atender al servicio de la administración de justicia con la prontitud que exige el artículo 17 Constitucional, pues al no haberse promovido el juicio dentro del término perentorio al efecto establecido, indefectiblemente se actualiza en la especie la hipótesis de improcedencia en examen y en consecuencia debe reputarse tácitamente consentido el acto reclamado por esta vía constitucional. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, Tomo XI, Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Acorde a lo anterior vertido y de los criterios invocados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XIV, relacionada con el diverso numeral 17, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que el quejoso en el escrito aclaratorio manifiesta: "Asimismo, reitero, bajo la misma protesta de ley rendida que el suscrito me he enterado del acto reclamado el día once de diciembre del dos mil veinte, ya que dicho día mi nuevo abogado particular el licenciado en Derecho Homero Pino Diego al momento de que se impuso de la carpeta de investigación y judicial, así como de las audiencias video grabadas se pudo percatar, reitero, que desde que fui detenido en supuesta flagrancia no he contado con una defensa técnica y adecuada en su vertiente material, por lo que, considero que debe de reponerse el procedimiento hasta la audiencia inicial justo al momento de terminar la formulación de imputación por parte del Ministerio Público aquí señalado, ya que al considerarme inocente se puede obtener un auto de no vinculación a proceso."; pues se insiste, el impetrante estuvo presente en las audiencias que impugna, y aún considerando la fecha en la que refiere que su abogado particular tuvo conocimiento de los actos reclamados (once de diciembre de dos mil veinte), la demanda fue presentada hasta el veintidós de enero de dos mil veintiuno, por lo que de igual forma, resulta extemporánea. Notifíquese personalmente.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano