Jose Guadalupe Arguelles Armendariz
Expediente 837/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 837/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Guadalupe Arguelles Armendariz
- José Manuel González Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cinco de octubre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió más del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución constitucional que sobreseyó el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS NO NO NO NO YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 3 JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el juicio de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.] 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 4 Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 5 DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 215 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con veinte minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Yazmin Giselle Osorio Lecona, secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio derechos fundamentales 837/2022, promovido por José Manuel González Cruz y/o José Guadalupe Arguelles Armendáris por su propio derecho, contra actos del Comisario Jefe de la Subsecretaria de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y otras autoridades, sin la comparecencia personal o virtual de las partes. Estado procesal. La secretaria hace constar que en autos no obra el informe justificado de las autoridades responsables Inspector y/o Director del Centro Estatal Preventivo número 1 "El Canelo", Chiapa de Corzo, e Inspector y/o Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 17 "El Bambú", Catazajá, ambos del Estado de Chiapas. La Jueza de Distrito acuerda: En virtud de lo anterior, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, se realizará el pronunciamiento relativo en la sentencia que se emita a continuación. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO 10-18 2 AUTO EMITIDO POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL QUE DECRETÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO, Y DECLINÓ COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE DISTRITOS RESIDENTES EN ESTA CIUDAD. 19-28 3 PROVEÍDO EN EL QUE SE ACEPTÓ LA INCOMPETENCIA DECLINADA. 36-48 4 EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN 51, 70, 71, 89, 119. 5 INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO DEL COMISARIO JEFE DE LA SUBSECRETARIA DE EJECUCIONES DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIERREZ. 60 6 INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO DEL INSPECTOR Y/O DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL PREVENTIVO NÚMERO 1 "EL CANELO", CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. 57 7 INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO DEL INSPECTOR Y/O DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NÚMERO 12, YAJALÓN, CHIAPAS. 61 8 INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO DE LA DIRECTORA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 15 "CPS-CHIAPAS", VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS. 64 y 92 9 INFORME JUSTIFICADO DEL COMISARIO JEFE DE LA SUBSECRETARIA DE EJECUCIONES DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIERREZ 73 y 85 10 INFORME JUSTIFICADO DEL INSPECTOR Y/O DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NÚMERO 12, YAJALÓN, CHIAPAS. 80 11 INFORME JUSTIFICADO DE LA DIRECTORA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 15 "CPS-CHIAPAS", VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS. 98; 110-115 Asimismo, se hace constar el sentido del informe justificado que las autoridades responsables rindieron: NO. CONSTANCIAS SENTIDO 1 INFORME JUSTIFICADO DEL COMISARIO JEFE DE LA SUBSECRETARIA DE EJECUCIONES DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIERREZ NIEGA 2 INFORME JUSTIFICADO DEL INSPECTOR Y/O DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NÚMERO 12, YAJALÓN, CHIAPAS. NIEGA 3 INFORME JUSTIFICADO DE LA DIRECTORA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 15 "CPS-CHIAPAS", VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS. NIEGA Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que únicamente la Directora del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS", Villa Comaltitlán, Chiapas, ofertó medios probatorios. La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló. La Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes restantes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 837/2022. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, José Manuel González Cruz y/o José Guadalupe Arguelles Armendáris, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Incompetencia. De dicho asunto correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, quien decretó la suspensión de plano en los términos establecidos en auto de treinta de junio del año actual, al mismo tiempo, se declaró incompetente por considerar que el acto reclamado se materializa fuera de su jurisdicción, toda vez que el quejoso guarda reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS" Villa Comaltitlán, Chiapas. TERCERO. Trámite. En auto de ocho de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Federal aceptó la competencia planteada; registró la demanda con el número de expediente 837/2022, la admitió a trámite respecto a los actos reclamados consistentes en la incomunicación y tortura, y desechó parcialmente la demanda de amparo, en cuanto a las órdenes de traslados que refiere el quejoso en su escrito inicial de demanda; de ahí que, se convalidó la suspensión de plano, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe de suspensión de plano y justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de una autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados a las autoridades responsables consisten en: La incomunicación. Tortura sufrida dentro del centro de su reclusión. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Comisario Jefe de la Subsecretaria de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez; Inspector y/o Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número 12, Yajalón, Chiapas; al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado. Asimismo, cabe mencionar que respecto a las autoridades responsables Inspector y/o Director del Centro Estatal Preventivo número 1 "El Canelo", Chiapa de Corzo, e Inspector y/o Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 17 "El Bambú", Catazajá, ambos del Estado de Chiapas, no rindieron su informe justificado, pese a que la potestad residente en el municipio de Catazajá, se encuentra notificada desde el cuatro de agosto de dos mil veintidós [según signatura de puño y letra de Maria Dolores Orozco Moreno], siendo así, que a la presente data no obra acuse de recibo de la diversa residente en Chiapa de Corzo, sin que en el caso resulte factible la presunción de los actos reclamados en virtud de que los actos consistentes en la tortura e incomunicación que reclama, -según su narrativa- sucedieron en el centro penitenciario en el que actualmente se encuentra recluido [Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", Villa Comaltitlán, Chiapas], de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Asimismo, respecto a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", Villa Comaltitlán, Chiapas, también debe tenerse por inexistentes los actos que reclama, por lo motivos que a continuación se precisan. Incomunicación Del contenido de las constancias que la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", Villa Comaltitlán, Chiapas, acompañó como apoyo a su informe, a las que se les concede valor probatorio pleno por ser documentales públicas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se desprende que el quejoso no ha sido víctima de incomunicación. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad exhibió copias certificadas del expediente administrativo del quejoso, consistentes en: Control de comunicación a personas privadas de la libertad a nombre del quejoso de fechas catorce, dieciséis, veintidós, veinticuatro y treinta de junio, dos, ocho, diez, dieciséis, dieciocho y veintiséis de julio, todas del año en curso, realizadas a su concubina Nancy Sánchez Arcos. Papeleta de control de llamada de ingreso efectuada por su concubina Nancy Sánchez Arcos, de veinticinco de mayo del dos mil veintidós. De las que se advierte que, contrario a lo aducido por el quejoso, ha tenido oportunidad de realizar llamadas telefónicas a su concubina Nancy Sánchez Arcos. Asimismo, la demanda que dio origen a la presente contienda constitucional, fue firmada por puño y letra del justiciable, en el que además señaló a abogados de su intención a fin de que ejercieran su representación. Todo lo cual, hace patente que en el caso, el impetrante no ha sido víctima de la incomunicación que reclamó. Actos de tortura Ahora bien, como cuestión previa, se destaca que la "tortura" debe entenderse como todo acto por medio del cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, con la finalidad de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. La definición anterior encuentra una explicación completa y concisa en la tesis aislada 1a. LV/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1425 del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, constitucional-penal, con número de registro 2008504, que establece: "TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas intencionalmente; y iii) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona." La tesis de mérito permite entender que se está frente a un caso de tortura cuando concurran los siguientes elementos: a) La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; b) Éstas sean infligidas intencionalmente; y c) Tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Sentado lo antepuesto, es menester afirmar, que en la especie, no se cuenta con evidencia razonable para considerar que se cometieron actos de tortura física y psicológica en contra del peticionario del amparo, en autos obran constancias suficientes que permiten aseverar esa circunstancia. Por tanto, es imprescindible considerar lo que establece la tesis aislada 1a. CCCXXVI/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 256 del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, materia común, con número de registro 2018533, que se cita textualmente a continuación: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." Del anterior criterio, se puede colegir, que al señalarse en la demanda de amparo como acto reclamado, de manera destacada, los actos de tortura, los jueces de amparo están obligados a investigarla recabando los elementos probatorios necesarios para estar en posibilidad de poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Lo anterior, para no dejar en estado de indefensión a los solicitantes del amparo y crear certidumbre jurídica; por lo que, derivado de lo que expongan las autoridades responsables en sus informes con justificación, el Juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser especial consideración la entidad de la tortura y en analizado tomando en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. Cabe precisar, que como instrumento de investigación de la tortura existe el Protocolo de Estambul que es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. Su aplicación requiere reconocer el contexto en el que se dan los hechos. Asimismo, dicho manual establece los diversos parámetros para el estudio en investigación de la tortura como son: evaluación de los antecedentes examen de los métodos de tortura, interpretación de los hallazgos y conclusiones, historial médico, examen físico, evaluación psicológica, secuelas psicológicas de la tortura, evaluación neuropsicológica, pruebas de diagnóstico, entre otros métodos y técnicas de investigación a través de los cuales se puede determinar la existencia o no de tortura. En ese tenor, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura, para lo cual se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. De la tesis de mérito, surge la obligación de emplear una técnica de constatación precisa cuando se trata de este tipo de reclamos, así como la obligación de utilizar una herramienta para tal actividad, cuando se tiene evidencia razonable y fehaciente de que realmente se cometieron actos de tortura en contra de los peticionarios. Como se adelantó, la tesis aislada citada en párrafos precedentes, establece la obligación de utilizar una herramienta indispensable para la constatación de la existencia o no de los actos de tortura, desde la vertiente de violación a los derechos humanos de dignidad e integridad física y mental, a saber, la reversión de la carga probatoria. Por su parte, la actividad de constatación está sujeta a una técnica de comprobación, a la que el máximo Tribunal de la nación denomina estándar atenuado. Reversión de la carga probatoria. Esta herramienta implica que, al contrario a como sucede con casi todos los actos reclamados, cuando se trata del consistente en tortura, es la autoridad la que está obligada a probar que no incurrió en la violación expresada por el quejoso, es decir, que la potestad a la que se señala como responsable al respecto, tiene la ineludible obligación de acreditar que no torturó al quejoso, pues como autoridad, tiene a su alcance una amplia gama de posibilidades de probar que no fue quien infligió la tortura. De tal modo que, si no existiera la reversión de la carga probatoria al respecto, sería prácticamente imposible que una persona pudiera acreditar como acto reclamado la violación a sus derechos humanos de dignidad e integridad física y mental, pues se le impondría la carga de probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de tales sucesos, lo que de suyo no solo implicaría revictimizarlo al obligarle a saber quién lo hizo y probar como se lo hicieron; sino además, resultaría sumamente impráctico para lograr los propósitos del juicio de amparo, al colocarle como requisito indispensable el acreditamiento de los actos de que fue objeto, para con ello, proceder al estudio de constitucionalidad, lo que resultaría inconcebible jurídicamente, porque la tortura es un acto inconstitucional e inconvencional en sí mismo. Por tal motivo, es la autoridad la que debe probar -si es que existen indicios razonables de tortura- el origen de los mismos, o bien, siquiera que tal autoridad no pudo haber participado en su comisión, orden o aprobación. Estándar atenuado. Por su parte, el estándar atenuado implica como actividad, que la comprobación de la violación a los derechos humanos multicitados, no debe condicionarse a requisitos ominosos o a mecanismos de comprobación rigurosos, sino que basta la concurrencia de dos elementos para arribar a la conclusión de existencia de actos de tortura, a saber, la existencia de evidencia razonable en tal sentido, y las conclusiones derivadas de la reversión de la carga probatoria. Cabe destacar en este punto, que el estándar atenuado del que se habla, es propio únicamente del juicio de amparo, pues no se debe olvidar que la tortura también constituye un tipo penal. En efecto, la tortura puede dimensionarse jurídicamente desde dos vertientes, como delito, y como violación al derecho humano de dignidad e integridad física y mental. Es aplicable la tesis aislada 1a. CCVI/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 562 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia constitucional- penal, con número de registro 2006484, que establece: "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma." Así, tratándose de la vertiente delictuosa, los estándares de comprobación son indiscutiblemente diferentes, no sólo porque la imputación al respecto debe cumplir con una serie de elementos normativos y subjetivos, sino porque, además, el sólo señalamiento e incluso la existencia de la evidencia, no dan lugar a afirmar categóricamente que el imputado por tal delito sea responsable del mismo, sino que es preciso que el Ministerio Público acredite fehacientemente que tal o cual persona lo cometió, por lo que mientras no haya una condena firme al respecto, ninguna persona puede ser tratada como responsable de tal ilícito, de conformidad con el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, desde la vertiente de violación de derechos humanos, la tortura tiene un estándar de comprobación atenuado, en el que basta la existencia de evidencia razonable, el señalamiento por parte del quejoso que la resintió, y las conclusiones derivadas de la reversión de la carga probatoria; de tal suerte que si existe el señalamiento claro del impetrante, la evidencia razonable de la existencia de los actos de tortura manifestados, y la autoridad responsable no quiso o no fue capaz de demostrar que no incidió en los indicios de tal evidencia; ello es suficiente para que la Justicia de la Unión se declare operante en favor del peticionario, a fin de que se reparen las violaciones a los derechos humanos infringidos. De esta manera, la figura del estándar atenuado no sólo resulta una técnica de apreciación obligatoria para este órgano de control de constitucionalidad, sino además constituye un mecanismo eficaz, idóneo, asequible y práctico para concluir cuándo se está ante un caso de tortura; porque si no existiera la herramienta de la reversión de la carga de la prueba, o bien, la técnica de apreciación de la violación a los derechos humanos multicitados con motivo de la tortura, denominada estándar atenuado; sería prácticamente imposible que cualquier persona que la haya sufrido, tuviese a su alcance algún mecanismo jurídico eficaz para verse reparado en su esfera jurídica, pues se le impondría al quejoso la carga revictimizante de comprobar las circunstancias fácticas y temporales de los actos señalados, aun cuando son las responsables las que cuentan con diversos y amplios medios a su alcance para probar precisamente lo contrario. Acotado lo antes expuesto, del análisis de las constancias que obran en autos, salta a la vista que mediante parte informativo de cinco de junio del año en curso, el Comandante Penitenciario Superior Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", Villa Comaltitlán, Chiapas, hizo del conocimiento de la Directora General de ese centro federal, la agresión física efectuada por el ahora quejoso José Guadalupe Arguelles Armendáris, en la que relató que en el área correspondiente a las regaderas agredió a diversa persona privada de la libertad, propinándole golpes con puño cerrado, por lo que ante esa circunstancia, los elementos de seguridad realizaron la intervención correspondiente posterior a la omisión de la indicaciones verbales en el sentido de que se detuvieran, de ahí que continuara con la agresión de patadas y golpes. Por lo que tales elementos realizaran el correctivo a fin de retomar el control de dicha situación. Y posterior a ello, fue canalizado al área médica de manera inmediata para su valoración a fin de salvaguardar su integridad. La evidencia razonable de tortura. Es menester afirmar, que en la especie, no se cuenta con evidencia razonable para considerar que se cometieron actos de tortura física o psicológica en contra del peticionario del amparo, pues en autos no obran constancias suficientes que permitan establecer esa circunstancia. Esto es así, pues si bien se cuenta con las manifestaciones esbozadas por dicho justiciable en su escrito de demanda, también es cierto que existe copia certificada del parte informativo de cinco de junio del año en curso, el Comandante Penitenciario Superior Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", Villa Comaltitlán, Chiapas, del que se desprende que el quejoso participó en un riña dentro de las instalaciones del centro penitenciario de su reclusión, y que con motivo de ello los elementos de seguridad realizaron acciones necesarias a fin de restablecer el orden. En tal contexto, es factible colegir que los elementos de seguridad emplearon el "uso de la fuerza" de manera proporcional a la resistencia que presentaba el quejoso para detenerse de los golpes que se encontraba propinando a diversa persona privada de la libertad, incluso que con motivo de dicho actuar, se levantó el correctivo correspondiente y se remitió al área jurídica y al Comité disciplinario fin de que realizaran las gestiones correspondientes en consecuencia de la conducta desplegada. Es por ello, que bajo las condiciones apreciables, incluso a simple vista por parte del actuario judicial quien pudo ponerse en comunicación con el quejoso para su correspondiente notificación, ponen de manifiesto que el quejoso no resintió en su persona actos de tortura, o incomunicación Por lo que, como se adelantó, los anteriores indicios, concatenados entre sí, permiten concluir que no existe evidencia razonable para estimar que el peticionario del amparo, fue víctima de tortura, malos tratos e incomunicación por parte de las autoridades responsables. En razón de lo expuesto, quien resuelve, considera que las autoridades responsables, cumplieron con los parámetros legales del uso de la fuerza pública; máxime, que existen pruebas en autos que demuestran que el quejoso es una persona agresiva y que con motivo de ello, se ha tenido que ejercer los correctivos necesarios. Atento a ello, debe tenerse presente que la prueba es el medio por el cual se demuestra a la autoridad la verdad de las afirmaciones de las partes sobre la certeza de los hechos aducidos; por tanto, si no existen pruebas fehacientes que corroboren lo vertido por el quejoso, es inconcuso que tales afirmaciones o manifestaciones que se realizaron no existen. En ese tenor, de autos no se desprende que el quejoso haya sido objeto de afectaciones físicas o mentales graves, infligidas intencionalmente, con el propósito de obtener de él una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto el menoscabo de la personalidad o la integridad física o mental. De esta manera, ante el planteamiento de tortura, como se ha venido señalando, no se aprecian diagnósticos de lesiones físicas o psicológicas originadas por tratos degradantes de las autoridades responsables en su perjuicio, pues no se advierte que se haya obtenido una confesión o información para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Por lo tanto, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto a los actos de tortura, e incomunicación alegados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por José Manuel González Cruz y/o José Guadalupe Arguelles Armendáris, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado correspondiente a la Directora General de Coordinación General de Centros Federales de Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS Chiapas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado que autoriza. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de agosto de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurre el término de quince días para que la autoridad YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS", Villa Comaltitlán, Chiapas, rinda su informe justificado solicitado en auto de ocho de julio pasado, en virtud de que se le notificó el veintisiete de julio del año en curso. Asimismo, que se encuentra pendiente que la autoridad responsable Inspector y/o Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 17 "El Bambú", Catazajá, rinda su informe justificado, y en autos no obra acuse de su recepción, toda vez que fue remitido a través del Servicio Postal Mexicano, sin que fuese posible la consulta de su status por las razones expuestas. En tal tenor, requiérase al Encargado de la Oficina Postal con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita el acuse de recibo del oficio 15733 dirigido a la autoridad citada en el párrafo inmediato anterior, o en su caso, lo devuelva haciendo mención de la imposibilidad que tuvo para entregarlo. Lo antepuesto, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que equivale a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 m.n.), tomando en consideración la Unidad de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en el país a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; esto es, de conformidad con el artículo 259, en relación al 237, fracción I de la ley de amparo. DIFERIMIENTO Dadas las relatadas circunstancias, se difiere la audiencia de ley y se fijan las once horas con veinte minutos del seis YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 3 Amparo indirecto 837/2022 de septiembre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo su desahogo. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las otras autoridades responsables, toda vez que ya se encuentran emplazadas al juicio y este órgano jurisdiccional, está en aptitud de notificarles por medio de lista. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmin Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy Fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes
- Jose Gerardo Estrada Bautista1805/2016
- Jose Gerardo Estrada Bautista1656/2016
- Jose Gomez Cruz1556/2017
- Jose Gonzalez Castellon Y Otros798/2019
- Jose Guadalupe Alonso Ocaña1599/2017
- Jose Guadalupe Alvarado Alvarez1550/2016
- Jose Guadalupe Asuncion Robles Ramirez463/2022
- Jose Guadalupe Barron Palomares1604/2016
- Jose Guadalupe Cardona Barrientos240/2020
- Jose Guadalupe Estrada Perez283/2018
- Jose Guadalupe Estrada Perez743/2017
- Jose Guadalupe Hernandez Hernandez2251/2017