José Guadalupe Arechiga Robles

Expediente 353/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
353/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • José Guadalupe Arechiga Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de julio de dos mil diecisiete. I. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. II. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. III. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. VII. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. VIII. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, a la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Andrea García Arellano, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, encargada del despacho por vacaciones del Titular, autorizada en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, concedida en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3003/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, ante Leonor González Hernández, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  2. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, diez de julio de dos mil diecisiete. I. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Andrea García Arellano, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, encargada del despacho por vacaciones del Titular, autorizada en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, concedida en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3003/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, ante Leonor González Hernández, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE

  4. Incidental

    Resolución incidental. V I S T O, para resolver en definitiva el incidente de suspensión deducido del juicio de amparo 353/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda y fijación del acto reclamado. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de las autoridades: 1) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; 2) Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; y, 3) Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, (cuya denominación correcta es Secretario de Seguridad Pública Municipal), con sede en esta ciudad. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados consistentes en: Falta de llamamiento a juicio, orden de lanzamiento y demás actuaciones practicadas en el Juicio Sumario Civil Hipotecario 1089/2009. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. El veintidós de mayo del año en curso, se concedió al quejoso la suspensión provisional, se pidió informe previo a las autoridades señaladas como responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en los artículos 33, 37 y 125 de la Ley de Amparo vigente. SEGUNDO. Informes previos. Las autoridades responsables 1) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y 2) Titular de la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, en sus informes previos admiten la existencia de los actos reclamados. Por su parte, el Coordinador de Asuntos Jurídicos, en ausencia del 3) Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, en su informe previo niega la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con la aceptación de actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil; ello porque, al ser el Secretario de Seguridad Pública una autoridad ejecutora, puede llevar a cabo los actos en cualquier momento, en cumplimiento a una orden del Juez responsable. Pronunciamiento sobre la suspensión definitiva. Cabe precisar que el quejoso aduce ser tercero extraño al Juicio Sumario Civil Hipotecario 1089/2009, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Y para acreditar el interés suspensional exhibió copia certificada del contrato de comodato celebrado entre ********************, como "comodante" y el aquí quejoso como "comodatario", respecto del inmueble situado en calle José Guadalupe Posadas número 52, del Fraccionamiento Villa Verde de esta ciudad. Ahora bien, la parte quejosa solicita le sea concedida la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos prevenidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que el promovente solicita la medida suspensional ocupada; que con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público o se afecte el interés social, en atención a la naturaleza de los actos reclamados que se hacen consistir en la falta de llamamiento, orden de lanzamiento y demás actuaciones practicadas en el Juicio Sumario Civil Hipotecario 1089/2009, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, ya que de no concederse dicha medida se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación. Además, la parte quejosa con el documento que exhibe acredita su interés suspensional. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER la suspensión definitiva de los actos reclamados a ********************, para efecto de que de no haber sido desposeído aún, no se le desposea del inmueble ubicado en calle José Guadalupe Posadas número 52, del Fraccionamiento Villa Verde de esta ciudad, con motivo del Juicio Sumario Civil Hipotecario 1089/2009, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de ********************, ni se ponga al primero mencionado en posesión material del mismo, ni a favor de persona alguna, hasta tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal del que deriva este incidente. Fundamentación. En el caso, sí se actualizan los supuestos marcados por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que de concederse la suspensión no se continuarán o permitirán actividades que afectan a la salud pública o a la salud mental de los individuos que integran la sociedad, ni se impedirán que combatan enfermedades físicas y mentales de dichos individuos; ni se permitirá el incumplimiento de órdenes militares, ni se producirá daño al medio ambiente y al equilibrio ecológico, no se afectará la salud de las personas, de igual forma, no se permitirá el ingreso al país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien que se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas que afecte la producción nacional, y tampoco se afectará la producción nacional, ni se impedirá la continuación de un procedimiento de extinción de dominio. Fijación de la garantía. Ahora bien, toda vez que en el caso se advierte la existencia de terceros interesados a quienes pudiera ocasionarse daños o perjuicios, en virtud de la concesión de la medida suspensional decretada, por lo que, debe entenderse que la Ley de Amparo, al referirse tanto a los daños como a los perjuicios, persigue que se reparen tanto la pérdida o menoscabo que al tercero interesado le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure el juicio de amparo de determinada suma económica, como de la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido de haber incorporado en su esfera jurídica tal cantidad. Ello es así, en virtud de que con la garantía otorgada por la parte quejosa se busca proteger al tercero interesado dentro del juicio de garantías, sobre el menoscabo y las pérdidas que pudiera resentir en su patrimonio, como consecuencia de que al momento del otorgamiento de la medida cautelar, no pueda tener a su disposición la prestación que pretende. En tal sentido, los daños radican en la pérdida del poder adquisitivo en relación con la suma materia de la condena en el juicio principal, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, ello en función de la inflación en el país, considerando el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación, y por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el plazo que se estime para que el juzgador resuelva el asunto, que equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, atento a la tasa de interés que refleje el valor del dinero, en relación con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días. Apoya lo anterior, la jurisprudencia, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2008219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 14, Enero de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 71/2014 (10a.) Página: 5 DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." Expuesto lo anterior, el elemento tiempo de duración de la suspensión, se fija tomando en cuenta que el trámite del juicio de amparo indirecto en un órgano jurisdiccional de este Decimosegundo Circuito, incluido el trámite del recurso de revisión (por ser durante todo ese tiempo que estará vigente la medida cautelar) conforme a los datos estadísticos más recientes emitidos por la Dirección General de Estadística Judicial que aparece en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx, relativa a los indicadores estadísticos judiciales de productividad de los juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados del Decimosegundo Circuito, de donde resulta que el promedio de días de la tramitación del juicio de amparo indirecto es de 110.31 días, y en amparo en revisión 168.51 días, que sumados dan un total de 278.82 días, por lo que dividida esa cantidad entre treinta, que son los días que en promedio tienen los meses del año, da un total de 9.29. Entonces, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que mensualmente publica el Banco de México, la inflación en el mes de abril fue de 5.82% según la página oficial del Banco de México, que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html. Por tanto, para obtener la cantidad por los posibles daños, que se puedan llegar a ocasionar durante el plazo en que pudiera estar vigente la suspensión, se debe multiplicar la cantidad que constituye la fijada como liquidación de convenio en el juicio de origen $338,401.05 (trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos un pesos 05/100 moneda nacional), por 5.82% que fue el porcentaje inflacionario durante el mes de abril del año dos mil diecisiete, lo que da un resultado de $19,694.94 (diecinueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos 94/100 moneda nacional), que dividido entre 360 días se obtiene la cantidad de $54.70 (cincuenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), que multiplicado por 278.82 días, se obtiene un total de $15,251.45 (quince mil doscientos cincuenta y un pesos 45/100 moneda nacional), la cual deberá establecerse como garantía por concepto de daños. Por otra parte, por cuanto hace a los perjuicios, atendiendo la normativa de la Superioridad, precisa señalar que la cantidad de $338,401.05 (trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos un pesos 05/100 moneda nacional), relativa a la liquidación de sentencia antes indicada, se debe multiplicar por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, correspondiente a esta fecha, que es de 7.14%, da como resultado $24,161.83 (veinticuatro mil ciento sesenta y un pesos 83/100 moneda nacional), que dividido entre 360 días, da la cantidad de $67.11 (sesenta y siete pesos 11/100 moneda nacional), que multiplicado por 278.82, se tiene la suma de $18,711.61 (dieciocho mil setecientos once pesos 61/100 moneda nacional), que corresponde, se insiste al pago de perjuicios, en caso de no obtener sentencia favorable. Lo que hace un total de $33,963.06 (treinta y tres mil novecientos sesenta y tres pesos 06/100 moneda nacional). En el entendido que, en caso de que opte por billete de depósito, éste deberá ser expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI); asimismo, requiérase a la parte quejosa para que de exhibir dicho billete, en éste deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos; no obstante lo anterior, dicha garantía deberá presentarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley y cumpliendo además con lo dispuesto en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; que a la letra dicen: "Artículo 879. La institución depositaria deberá emitir documento en el que conste, cuando menos, el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la institución depositaria". "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. --- En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; el texto deberá ser el siguiente: "para garantizar la suspensión definitiva concedida a ********************, en el incidente de suspensión 353/2017." Caución que se fija para garantizar el pago de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, con el otorgamiento de la medida cautelar decretada, en caso de que la parte quejosa no obtuviere sentencia favorable a sus intereses. Tercero interesado. No está por demás agregar que no obsta para decidir en definitiva sobre la suspensión de los actos reclamados, la circunstancia referente a que no obre constancia de notificación a los ******************** e ********************, del acuerdo que concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que no es necesario que tal notificación obre en autos al tenor de lo dispuesto por la jurisprudencia que se cita a continuación. "Novena Época Registro: 190667 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 143/2000 Página: 23 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 125, 132 y 144 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE al quejoso ********************, la suspensión definitiva de los actos que reclama del 1) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 2) Titular de la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, y 3) Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese.

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