José Guadalupe Arcadio Morales Olguín.
Expediente 312/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Guadalupe Arcadio Morales Olguín.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los autos; de los que se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, para manifestar lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, a la ejecutoria dictada en el juicio de garantías en que se actúa; sin que las partes hayan hecho manifestación al respecto. En esas condiciones, en cumplimiento al auto de diecisiete de diciembre del año próximo pasado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito Presidente de este Tribunal Colegiado procede al estudio respectivo, a fin de concluir sobre si se encuentra, o no, cumplida la ejecutoria que concedió el amparo. Por lo anterior, cabe mencionar que el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, este órgano pluripersonal de control constitucional, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Guadalupe Arcadio Morales Olguín, para el efecto de que la Sala responsable realice lo siguiente: (.) a) Deje insubsistente la sentencia reclamada. b) En su lugar, emita otra, en la que revoque la sentencia de primera instancia y ordene la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto en que se decretó el cierre de instrucción a partir de la cual ordenará notificar al ofendido José Guadalupe Arcadio Morales Olguín a quien deberá conceder el término de ley para que ofrezca las pruebas que conforme a derecho considere. Así mismo para que el juez de la causa cite al perito tercero en discordia aludido con la finalidad de que en diligencia formal manifieste si ratifica o no su dictamen pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, hecho lo cual continúe con la secuela procesal y resuelva lo que en derecho proceda. (.). Las consideraciones que debía acatar la autoridad responsable son: (.) Hechas las anteriores precisiones, como se indicó desde el inicio de este considerando, es fundado el concepto de violación en el que el quejoso adujo que no se le permitió comparecer durante el periodo de instrucción a efecto de ofrecer pruebas, lo cual implica una violación directa al derecho humano previsto en el artículo 20, apartado B fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su redacción anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, el cual subsiste en la carta magna vigente en la actualidad en la fracción II, del artículo 20, apartado C. Los preceptos constitucionales citados, contienen uno de los derechos fundamentales de los ofendidos o víctimas del delito, particularmente el relativo a que se le reconozca el carácter de parte activa dentro del procedimiento penal, desde la etapa de averiguación previa y durante el proceso ante el juez de la causa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas ejecutorias en las que se ha pronunciado acerca del derecho de los ofendidos o víctimas del delito a intervenir con el carácter de parte en el proceso penal. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 413 2010, la Primera Sala del Alto tribunal, en lo conducente consideró: I. Parámetro constitucional de la víctima u ofendido del delito frente al proceso penal. De los antecedentes de las ejecutorias de los recursos de reclamación 7-2010, 6-2003 y 9/2007, dictadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, respectivamente, se advierte que los acuerdos cuya impugnación resolvieron fueron dictados en juicios de amparos directos en materia penal, promovidos por quienes tenían el carácter de sentenciados, en los que reclamaron la sentencia definitiva que los condenó por la comisión de un determinado delito. Juicios de garantías en los que el reconocimiento del carácter de tercero perjudicado a favor de la víctima u ofendido del delito y su emplazamiento, provocó los cuestionamientos que dieron lugar a los criterios en contradicción. Por tal motivo, el análisis interpretativo que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en torno a los derechos de la víctima u ofendido del delito, consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta trascendente para el presente fallo. La reforma a la norma constitucional en comento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil, cobra particular importancia en cuanto se destacan los antecedentes que le dieron origen a la ampliación progresiva de los derechos de las víctimas. El tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el artículo 20 de la Constitución Federal. En esta ocasión, el objetivo de la reforma fue dar respuesta a la demanda social de impunidad y a los efectos del delito en la víctima. Esta última razón fue el factor desencadenante para propiciar la apertura de acciones legales que permitieran la participación de la víctima o el ofendido en las etapas procedimentales penales como medio de compensación ante los efectos de la acción ilícita que resintió. La reforma constitucional generó el reconocimiento de una serie de derechos a favor de la víctima u ofendido del delito, que esencialmente lo colocaron en posición de tener mayor presencia en las diversas etapas procedimentales penales. Lineamientos constitucionales que impulsaron la reforma de legislaciones federales y locales para hacer efectivo el catálogo de garantías recientemente incorporado a la Constitución Federal. A pesar de que este avance resultó importante, desde la perspectiva de los derechos de la víctima u ofendido del delito, en realidad no fue suficiente conforme a los fines esperados, al pretenderse otorgar la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos en las diversas etapas procedimentales penales. Circunstancia que al reconocerse por el legislador federal ordinario generó el proceso de reforma al artículo 20 de la Constitución Federal del año dos mil, con la finalidad de clarificar la norma, mediante la introducción de un apartado específico de previsión de los derechos de la víctima u ofendido del delito y ampliar las garantías que debían consagrarse a su favor. La intención era que tuviera la posibilidad real de ejercer plenamente sus derechos, tanto en la etapa preliminar de averiguación previa como en el proceso penal. Esta Primera Sala ha considerado que la adición del apartado B al artículo 20 de la Constitución Federal, con motivo de la reforma del año dos mil, a la víctima u ofendido del delito se le reconoció como titular de derechos específicos. El alcance de la reforma, de acuerdo al proceso legislativo que le dio origen, fue generar el reconocimiento constitucional de parte en las diversas etapas procedimentales penales a favor de la víctima u ofendido, con la consecuente implicación de asegurar su eficaz intervención activa. Esta afirmación se corrobora con la exposición de motivos presentada ante la Cámara de Diputados el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, misma que dio origen a tal reforma. En dicha iniciativa se dijo lo siguiente: [.] Los derechos y objetivos públicos reconocidos en materia procesal penal, que originalmente se referían sólo a los inculpados, se han ampliado progresivamente a la víctima u ofendido del delito tanto en el texto constitucional Federal como por la legislación secundaria. Esta acción refleja la sensibilidad de los órganos del Estado y de la sociedad frente a los fenómenos de impunidad y a los efectos del delito sobre la víctima, dando lugar a que ésta tenga mayor participación en el procedimiento penal con el fin de ser restituida o compensada. [.] Con absoluto respeto a la vigencia de los principios históricos y doctrinales que justifican la naturaleza y actuación del Ministerio Público, la realidad irrefutable de la situación que guarda en el proceso el ofendido, mueve a consideración de la ley y la consecución de los fines de la justicia penal, que la víctima debe intervenir dentro del proceso como parte con una serie de prerrogativas que precisen u amplíen las que actualmente tiene, para lo cual proponemos que el artículo 20 constitucional se forme con dos apartados: el apartado A relativo al inculpado con la redacción actual, a excepción del párrafo quinto de la fracción X, adicionado con una fracción XI que especifique: cuando el inculpado tenga derecho a la libertad provisional bajo caución, en términos de la fracción I, ésta deberá ser suficiente para garantizar el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al ofendido y un apartado B relativo a la víctima del delito que contenga, además de los derechos y garantías que actualmente comprende el último párrafo de la fracción X del citado artículo, los siguientes: que la víctima del delito sea parte del procedimiento penal, proporcionando al Ministerio Público o al juez directamente, todos los datos o medios de prueba con que cuente para acreditar los elementos del tipo penal o establecer la responsabilidad del inculpado, según sea el caso, así como la procedencia y monto de la reparación del daño; considerar el derecho de la víctima del delito de estar presente en todas las diligencias y actos procesales en los cuales el inculpado tenga ese derecho; que el juez que conozca del procedimiento penal de oficio inicie el incidente de responsabilidad civil proveniente del delito, para hacer efectiva la reparación del daño en la ejecución de la sentencia y establecer un derecho de la víctima de solicitar, aun cuando no lo haya pedido el inculpado, la diligencia de careo. []. Y con el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y nueve, del que se destacan las siguientes líneas: [.] La reforma constitucional de 1993, a través de la adición de un párrafo quinto a la fracción X del artículo 20, amplió a la víctima u ofendido sus garantías constitucionales de procedimiento, toda vez que lo incorporó a la categoría de sujeto en el proceso penal. C. En tal sentido, la adición de un párrafo quinto a la fracción X del artículo 20 constitucional, estableció que "en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y los demás que señalen las leyes. La ampliación y precisión de los derechos de la víctima u ofendido en los términos que proponen las iniciativas que se dictaminan, implica, desde luego, la derogación de dicho párrafo quinto de la fracción X del artículo 20 constitucional transcrito. D. Los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan coincidimos con los autores de ambas iniciativas, respecto a la importancia que tiene para la procuración y administración de la justicia penal el otorgamiento de derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Al efecto, la esfera de protección que entraña la seguridad jurídica de las personas debe incluir con amplitud y precisión los derechos de las víctimas u ofendidos, en los términos concebidos en ambas iniciativas. E. Consideramos igualmente que la protección de los derechos de la víctima del delito o de los ofendidos, tiene una importancia del mismo rango de los que las leyes positivas mexicanas otorgan a los inculpados por el delito. La lucha contra la impunidad debe tener en cuenta los efectos del delito sobre la víctima, de tal suerte que la intervención y las exigencias de ésta tengan una clara y plena reivindicación en el proceso penal. [.] Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos insuficientes los esfuerzos realizados hasta ahora por las instituciones y procedimientos existentes en nuestro derecho positivo, para garantizar la protección de sus derechos fundamentales a las víctimas y ofendidos de los delitos. Estimamos que estos derechos deben ser garantizados de manera puntual y suficiente, al grado que sean considerados con la misma importancia que los derechos que se otorgan al inculpado, de donde se fundamenta la división propuesta al artículo 20 constitucional en dos apartados. [.] Conclusiones [.] Los integrantes de estas Comisiones Unidas que dictaminamos hemos hecho propio el contenido esencial de ambas iniciativas, porque consideramos que responden al reclamo social por combatir la delincuencia y la impunidad, toda vez que permite una intervención activa a las víctimas y ofendidos quienes, como coadyuvantes del Ministerio Público, tendrán mayores facultades para aportar a este representante social y al juzgador elementos de convicción con respecto a la integración y comprobación del cuerpo del delito, la responsabilidad del inculpado y la reparación del daño. El otorgamiento a nivel constitucional de mayores elementos a las víctimas u ofendidos en la comisión de delitos, a efecto de que con mayor certeza puedan obtener la reparación de los daños ocasionados a sus personas y patrimonios, permitirá fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración e impartición de justicia y, con ello, la confianza en nuestro Estado democrático de Derecho. [.]. La lectura del extracto de los documentos transcritos establece claramente que el Constituyente permanente tuvo la clara intención de dotar de voz a la víctima para el efecto de asegurar su participación activa con el carácter de parte en la averiguación previa y en el proceso penal, otorgándole los medios necesarios para hacer efectivas sus prerrogativas. Estimar lo contrario sería tanto como desconocer los objetivos del legislador ordinario al revisar la Constitución Federal. La comprensión del bloque de garantías individuales de la víctima u ofendido del delito es una condición de equilibrio de las partes que intervienen en el proceso penal. En la última reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es parte de la inserción del sistema procesal acusatorio, actualmente en vacatio legis para dar oportunidad a la implementación de las adecuaciones legales y de operatividad necesarias, el conjunto de derechos constitucionalmente reconocidos de la víctima u ofendido fue ubicado en el apartado C, en el que se comprende, con el mismo alcance y amplitud, la garantía de intervención activa en las diversas etapas procedimentales penales. El resultado de la exploración a nivel constitucional es concluyente: la posición que guarda la víctima o el ofendido del delito frente al proceso penal -y aplicable también en la etapa preliminar de averiguación previa-, desde la óptica de las prerrogativas que otorga a su favor la Constitución Federal, es de parte procesal con derecho a intervenir activamente.. De la transcripción precedente, es factible concluir que al menos desde la reforma al artículo 20 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año dos mil, el ofendido o víctima del delito tiene derecho a ser considerado parte procesal en el juicio penal y a intervenir activamente en éste. Ante ese panorama, es claro que en el caso concreto, se vulneró el derecho constitucional de José Guadalupe Arcadio Morales Olguín a intervenir en el proceso penal a que se refiere la causa 133-2014, instruida en contra de Marco Antonio Flores Domínguez, por el delito de Fraude Procesal, toda vez que el ahora quejoso es quien denunció los hechos materia del procedimiento penal. Además de que, como se expuso en párrafos precedentes, de la causa penal en cita, se aprecia que el veintiséis de febrero de dos mil quince se recibieron en el Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dos escritos signados por el ahora quejoso José Guadalupe Arcadio Morales Olguín a través de los cuales, mediante el primero solicitó la expedición de copia certificada del dictamen pericial emitido por los peritos adscritos a la Procuraduría General de la República de fecha trece de febrero de dos mil catorce, entre otras constancias y con el segundo de dichos ocursos ofreció como prueba la ampliación del dictamen pericial aludido y solicitó la celebración de los careos entre el promovente aludido y el inculpado Marco Antonio Flores Domínguez. A los escritos de referencia recayó el acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, en el que el Juez de la causa determinó que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el ocursante en mención, en virtud de que no tenía personalidad alguna en la causa penal. Luego, es claro que con dicha actuación, el instructor se condujo en forma contraria a lo dispuesto por el artículo 20 constitucional, en la parte donde se reconoce como uno de los derechos del ofendido, el que se le reconozca el carácter de coadyuvante del Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que por acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el toca penal 312-2018, la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo reconoció a José Guadalupe Arcadio Morales Olguín el carácter de ofendido dentro de la causa penal 133-2014, así como de coadyuvante del Ministerio Público, derivado de ello ordenó la devolución de la causa penal al Juzgado de origen a efecto de que se realizara la notificación personal al coadyuvante del Ministerio Público de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; asimismo se le instruyó para que se asentara que se le hizo saber el plazo que la ley otorga para interponer recurso de apelación y en caso afirmativo diera el trámite correspondiente; también le instruyó para que le diera vista con los agravios expresados por el sentenciado, omisiones que fueron subsanadas por el juez de la causa. Sin embargo, a pesar de lo anterior, no se concedió a la parte ofendida ahora quejosa, la oportunidad de ofrecer pruebas en la causa antes del dictado de la sentencia respectiva, por ende, subsiste la violación al derecho humano contenido en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su redacción anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, por lo que debe concederse el amparo para los efectos que se precisarán más adelante. Análisis de la violación procesal relativa a la no ratificación del dictamen del perito tercero en discordia en materia de grafoscopía y documentoscopía. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la violación procesal citada. En efecto, de la causa penal 133-2014-I, se desprende que por acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo, tuvo por recibido el dictamen pericial del perito tercero en discordia Raúl Enrique Franco Rendón, en materia de grafoscopía y documentoscopía. En ese mismo proveído decretó el cierre de instrucción y concedió al Ministerio Público el término de diez días para la formulación de sus correspondientes conclusiones. En auto de veintisiete de abril siguiente tuvo por formuladas las conclusiones acusatorias de la institución ministerial y en diverso de dieciséis de mayo las de inculpabilidad presentadas por la defensa del inculpado Marco Antonio Flores Domínguez. El veintitrés de mayo siguiente celebró audiencia de vista y el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho dictó sentencia definitiva en la causa, mediante la cual condenó al acusado de referencia por la comisión del delito de fraude procesal. Pues bien, la omisión en que incurrió el juez de la causa es contraria a lo dispuesto por el numeral 189 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, vigente en la época de los hechos materia del proceso, conforme al cual, los peritos deben ratificar su dictamen en diligencia especial. El numeral en cita, establece: "Artículo 189. Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia, técnica o arte les sugieran; emitirán por escrito su dictamen y lo ratificarán en diligencia especial. Los peritos oficiales sólo ratificarán su dictamen cuando el funcionario que practique la diligencia lo estime necesario. El dictamen pericial comprenderá, en cuanto fuere posible: I. La descripción de la persona, cosa o hecho examinados, tal como hubieren sido hallados; II. Una relación detallada de las operaciones que se practicaron y de sus resultados; III. Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica; y IV. El tiempo en que la actividad pericial se realizó. Del párrafo primero del precepto legal supra transcrito, se desprende que los expertos que rindan su dictamen dentro de una causa penal, están obligados a ratificar sus peritajes ante la presencia judicial, circunstancia que no aconteció en el expediente del que derivó la sentencia reclamada por lo que hace al dictamen que emitió el perito tercero en discordia en mención. Sobre ese aspecto, debe decirse que ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que un dictamen pericial no ratificado es una prueba imperfecta, lo cual incide en su valoración por parte del órgano jurisdiccional, sin embargo, dicho vicio es subsanable a través de su ratificación que se ordene mediante la reposición del procedimiento. Así, en respuesta al oficio mediante el cual se requirió a la responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector, remitió copia certificada de la sentencia de diez de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual, dejó insubsistente y sin efectos aquella que fue materia del amparo, y en su lugar emitió otra, en la que tal como este tribunal lo indicó, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó al juez de la causa que repusiera el procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto en el que se decretó el cierre de instrucción, a partir del cual, se ordenó notificar al ofendido aquí quejoso José Guadalupe Arcadio Morales Olguín a efecto de que estuviera en posibilidad de ofrecer las pruebas que considere necesarias. De igual forma, en la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala penal responsable ordenó al Juez instructor que citara al perito tercero en discordia en materia de grafoscopía y documentoscopía a efecto de que manifestara si ratificaba o no su dictamen pericial, hecho lo cual, continuara con la secuela procesal y resolviera lo que en derecho procediera. En esa condición, el Presidente de este tribunal colegiado considera cumplido, de forma total, sin excesos ni defectos, el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable se sujetó, en estricto cumplimiento a la sentencia concesoria, a lo ordenado en la misma. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, y 214 de la vigente Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante remite copia certificada de las actuaciones realizadas por el Juez Cuarto Penal del distrito judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del toca penal 312/2018; de las que se observa que señaló las catorce horas del día doce de marzo de dos mil diecinueve, a efecto de llevar a cabo el desahogo de la ratificación del dictamen del perito tercero en discordia; y las doce horas del día veintiséis de marzo siguiente, para que tenga verificativo el desahogo de ampliación de la declaración del coadyuvante; de lo anterior se toma conocimiento de su contenido. Devuélvanse los presentes autos a la ponencia que corresponda.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante remite copia certificada de las actuaciones realizadas por el Juez Cuarto Penal del distrito judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del toca penal 312/2018; de las que se observa que señaló las doce horas del día diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de llevar a cabo el desahogo de la ratificación del dictamen del perito tercero en discordia; y suspendió provisionalmente el procedimiento, en virtud de que giró orden de aprehensión al inculpado; de lo anterior se toma conocimiento de su contenido.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante remite copias certificadas de las actuaciones realizadas por el Juez Cuarto Penal del distrito judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del toca penal 312/2018; asimismo, señaló las once horas del día trece de febrero de dos mil diecinueve a efecto de llevar a cabo la ampliación de declaración y careo constitucional entre el coadyuvante y el procesado, de lo anterior este órgano colegiado toma conocimiento.
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