Jose Guadalupe Alvarez Meza

Expediente 717/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
717/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Jose Guadalupe Alvarez Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que conforme al artículo 202 de la Ley de Amparo, tienen las partes para recurrir el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Por tanto, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar, se ordena su archivo. En el entendido de que el presente expediente, al haberse concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, se procede a emitir el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se determinó, conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso José Guadalupe Álvarez Meza, para el efecto de que la autoridad responsable Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, realizara lo siguiente: "1. Dé respuesta de manera escrita y congruente a la solicitud presentada por el aquí quejoso José Guadalupe Álvarez Meza, el tres de noviembre de dos mil veinte. 2. Le dé a conocer la contestación respectiva." Por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, al no haber sido recurrida la sentencia de que se trata causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector en los términos ahí planteados. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la responsable Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, remitió la documental consistente en: Oficio DAU/0021/2021 de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dirigido al quejoso José Guadalupe Álvarez Meza. Asimismo, del oficio y anexos que remitió la autoridad responsable informó las razones por las cuales no pudo practicar la notificación del oficio DAU/0021/2021, por los motivos asentados en el acta circunstanciada de veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Constancias a la que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Con lo anterior, es claro que la autoridad responsable dio cumplimiento al punto uno del fallo protector pues mediante oficio DAU/0021/2021, dio contestación al escrito presentado por el quejoso el tres de noviembre de dos mil veinte relativo a la solicitud de revocación de licencia de construcción LC/477/2016; asimismo, en atención al punto dos de dicho fallo, la responsable informó las razones por las cuales no pudo practicar la notificación del oficio de que se trata; por lo que en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se comisionó al actuario de la adscripción para que por su conducto se realizara la notificación a las "partes", a fin de correrles traslado con las documentales remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, notificación que le fue realizada a la parte quejosa personalmente el treinta de abril del presente año (por lo que se encuentra cumplido el punto dos del fallo protector). Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente de la Delegación de Administración Urbana del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexos, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y córrase traslado con el oficio y anexos de cuenta.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Directora de Administración Urbana del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para que, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada resolución, en el plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; es decir, deberá: "1. Dé respuesta de manera escrita y congruente a la solicitud presentada por el aquí quejoso José Guadalupe Álvarez Meza, el tres de noviembre de dos mil veinte. 2. Le dé a conocer la contestación respectiva." Y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Notifíquese.

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