José Guadalupe Alanis Ayala

Expediente 1635/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1635/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • José Guadalupe Alanis Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo; asimismo de depuración el original del incidente, pues se negó y se concedió la medida cautelar. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de trece de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades de mérito. Atendiendo a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). Ahora, considerando los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada. Luego, en principio debe mencionarse que del estado procesal que guarda este juicio, se observa que en sentencia dictada en veintiséis de noviembre de dos mil quince (fojas 35 a 41), se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: "[.]deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar emita una nueva resolución, en la que de manera fundada y motivada analice los aspectos de la revocación del tratamiento preliberacional que fue concedido al aquí quejoso, con base en la legislación que le resulte de mayor beneficio; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción y atendiendo a los razonamientos vertidos en el presente fallo, resuelva lo que en derecho proceda [.]". Dicha resolución causó ejecutoria en auto de cuatro de enero de dos mil dieciséis (fojas 51 y 52), en el que, de la misma forma, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. Atento a lo anterior, es necesario indicar lo siguiente: I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. En acatamiento a lo ordenado en la sentencia de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se dio cumplimiento, en los siguientes términos: Autoridad Lineamiento Cumplimiento Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar emita una nueva resolución, en la que de manera fundada y motivada analice los aspectos de la revocación del tratamiento preliberacional que fue concedido al aquí quejoso, con base en la legislación que le resulte de mayor beneficio; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción y atendiendo a los razonamientos vertidos en el presente fallo, resuelva lo que en derecho proceda En oficio 031 de once de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil quince. En resolución definitiva de once de enero de dos mil dieciséis, la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dictó nueva resolución atendiendo al fallo protector. Ahora, de la copia certificada de la resolución de once de enero de dos mil dieciséis, remitida por la autoridad responsable Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se advierte que dicha parte resolvió: "[.] VISTO para resolver el expediente número 211/2011, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del juicio de garantías 1635/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en relación a la propuesta que hace a este Órgano Ejecutor de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el Consejo Técnico Interdisciplinario de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito, Estado de México, de fecha uno de julio de dos mil quince, mediante el cual se programó la REVOCACIÓN del sentenciado ejecutoriado JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA, preliberado con presentaciones quincenales al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, Estado de México y a quien se le impusiera una pena privativa de libertad de NUEVE AÑOS, NUEVE MESES DE PRISIÓN, derivada de la causa penal número 25/2014 antes 143/2006 instruida en su contra por el delito de ROBO CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO CON VIOLENCIA) cometido en agravio de ABRAHAM ROJAS GUTIÉRREZ [.] 1. El dieciséis de julio de dos mil seis, se decretó la detención del sentenciado ejecutoriado JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA [.] le fue dictada sentencia condenatoria, imponiéndole una pena privativa de libertad de ONCE AÑOS, TRES MESES DE PRISIÓN [.] después, mediante recurso de revisión extraordinaria del catorce de julio de dos mil once, la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca, redujo la punición de prisión para quedar en NUEVE AÑOS, NUEVE MESES [.] fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, esta autoridad judicial determinó conceder al sentenciado JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA el tratamiento preliberacional en la modalidad de presentaciones semanales al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, Estado de México [.] a quien se concedió, por resolución judicial siete de abril de dos mil catorce, el tratamiento preliberacional [.] fue externado y se ordenó revaloración en julio de dos mil quince [.] 3. Enseguida en data treinta de abril de dos mil quince, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, libro orden de aprehensión en contra de JOSÉ GUADALUPE ALANÍA AYALA, por encontrarse vinculado con la carpeta administrativa 894/2015, por el hecho delictuoso de ROBO CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO CON VIOLENCIA) quien fue puesto a disposición en esa misma data, dictando auto de no vinculación, ordenándose inmediata libertad. El treinta y uno de julio de dos mil quince se recibió el oficio DGPRS/DTL/1977/2015 suscrito por el Director Técnico Legal de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, a través del cual remite a esta autoridad el expediente clínico criminológico correspondiente al sentenciado ejecutoriado JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA, para resolver la propuesta de revocación con base en sus atribuciones legales [.] El catorce de septiembre de dos mil quince, compareció el preliberado JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA en compañía de su defensa pública fin de garantizar el derecho de audiencia y derecho a la defensa del sentenciado preliberado, se procedió a notificar el dictamen número DGPRS/CTI/181/02/2015 [.] relativo a la revocación del tratamiento preliberacional, manifestando estar enterados de su contenido[.] El día veinticuatro de septiembre de dos mil quince, esta autoridad judicial emitió resolución en la cual resultó procedente revocar el tratamiento preliberacional que le fue otorgado en fecha siete de abril de dos mil catorce al sentenciado JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA, bajo el régimen de prelibertad en su modalidad de presentaciones quincenales al Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en virtud de haber cometido nuevo delito, del cual dentro del término constitucional se dictó auto de vinculación a proceso en la carpeta administrativa número 897/2015 relativa al delito de PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA en agravio de la SEGURIDAD PÚBLICA; por ende se giró oficio al Procurador General de Justicia del Estado de México a fin de que ordenara a quien corresponda la LOCALIZACIÓN Y DETENCIÓN DE JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA, únicamente para los efectos de reingresarlo al Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México [.] inconforme con dicha determinación el sentenciado JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA interpuso juicio de amparo el cual quedó radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, órgano federal que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince emitió resolución definitiva en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del quejoso JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA [.] Por tanto, en auto del día ocho de enero de dos mil dieciséis, esta autoridad judicial ordenó turnar los autos a la vista de la suscrita a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector emitido por el Juez Quinto de Distrito en Materias de amparo y Juicios Federales en el Estado de México [.] CONSIDERANDO [.] Por otra parte, en lo relativo a la revocación del tratamiento preliberacional, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, establece: [.] Artículo 202 La preliberación o el beneficio de libertad condicionada al Sistema de Localización y Rastreo, serán revocados por el Juez Ejecutor de Sentencias en los siguientes casos: I Por cometer un nuevo delito y que dentro del término constitucional resulte, probable responsable; dejándose sin efecto la revocación al existir resolución que lo deje en libertad definitiva [.] Cabe señalar al ahora quejoso que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad judicial siempre y en todo momento ha indicado la Ley exacta aplicable y vigente al momento de acontecer los hechos, protegiendo en todo momento el principio pro persona del sentencia en estudio. Dicho precepto prevé el principio de exacta aplicación de la ley penal, traduciéndose éste, en que cualquier pena impuesta por la comisión de un delito debe estar incluida en la ley aplicable, y señalar con precisión la descripción de todos los elementos del tipo penal y la consecuencia jurídica que corresponda estrictamente al injusto de que se trate, a fin de que el sujeto activo a quien se le atribuye una conducta penalmente relevante, no sea sancionable en virtud de semejanzas leales, por analogía o por mayoría de razón. [.] El análisis de retroactividad de las leyes conlleva al estudio de los efectos que una precisa hipótesis jurídica tiene sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificándose si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos; es decir ante un planteamiento de esa naturaleza se debe verificar si una determina disposición de observancia general obra sobre el pasado desconociendo las mencionadas situaciones o derechos lo que implica juzgar sobre e(sic) apego de un acto materialmente legislativo ,a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo primero de la constitución, en cuanto a que las leyes no deben de ser retroactivas, dependiéndose como única excepción que se trate de imposición de penas más benéficas [.] la no retroactividad tiene como excepción el principio de aplicación de la ley posterior más benéfica, el cual en términos delos (sic) dispuesto por el ordinal 2 del código Penal para el Estado de México; será aplicado cuando: Después de cometido el delito y antes de que se cause ejecutoria las sentencia que debe pronunciarse entraran en vigor una o más leyes que disminuyan la pena o la sustituyan por otra que sea menos grave, se aplicará la nueva ley y, en su caso, el órgano jurisdiccional concederá los substitutivos penales que legamente procedan [.] Es importante puntualizar que esta autoridad judicial tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales del sentenciado JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA, por tanto es menester hacer del conocimiento del ahora quejoso que los beneficios de libertad anticipada, tales como [.] el tratamiento de prelibertad; no constituyen derechos, sino son denominados beneficios [.] En este sentido debe decirse que en el caso la libertad del ahora dolido constituye un derecho fundamental de primera generación que trata esencialmente de la libertad y la participación en la vida política; son fundamentalmente civiles y políticos y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado, situación que en este caso no acontece, por estar relacionada una pena dictada por una autoridad competente, dado que en términos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reinserción de los sentenciados a la sociedad constituye un derecho fundamental que toda autoridad jurisdiccional o administrativa en materia de ejecución de penas que se encuentra obligada a respetar en el ámbito de sus respectivas competencias [.] De las relatadas condiciones, se le hace saber al recurrente JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA que en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en vigor en este Distrito Judicial a partir del uno de octubre del año dos mil nueve, reformado por decreto del veintiuno de diciembre de dos mil quince, el "Título Décimo Primero" relativo a la "Etapa de Ejecución de la Sentencia", en su "Capítulo II", relativo al "Juez Ejecutor", en cuanto a la revocación del tratamiento preliberacional, establece lo siguiente: Artículo 467. La prelibertad será revocada por el juez ejecutor de sentencias en los siguientes casos: I. Por estar vinculado a un nuevo proceso penal por delito sancionado con prisión; dejándose sin efecto la revocación al existir solución que lo deje en libertad definitiva [.] III.- Cuando el interno presente conductas no acordes al tratamiento preliberacional instaurado [.] en el que manifiesta que se encuentra en etapa intermedia toda vez que en fecha veintisiete de agosto de esta anualidad, tendría verificativo la audiencia intermedia a la que dio cumplimiento el sentenciado JOSÉ GUADALUPE ALANÍA AYALA, por el hecho delictuoso de PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA, en agravio de la SEGURIDAD PÚBLICA, lo cual no desvirtuó en la comparecencia ante este órgano jurisdiccional en data catorce de septiembre de dos mil quince, por el contrario las documentales públicas citadas prueban que el preliberado de mérito ha dejado de cumplir con las obligaciones que contrajo al ser externado en virtud del tratamiento preliberacional bajo el régimen de prelibertad en la modalidad de presentaciones quincenales al Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, pues cometió una conducta contraria al tratamiento preliberacional instaurado [.] En tales circunstancias se puede afirmas que el preliberado en examen no ha cumplido cabalmente con las obligaciones impuestas mediante resolución del siete de abril de dos mil catorce, es decir, que durante su prelibertad debió observar una conducta intachable y desempeñar actividades lícitas, de tal manera que su conducta se adecua a la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México así como lo dispuesto por el artículo 467 fracción I del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, como causa de revocación de la prelibertad, que en concreto es por cometer nuevo delito y que dentro del término constitucional se le dictó auto de vinculación a proceso [.] Bajo ese contexto, la suscrita se encuentra en aptitud de concluir que en términos del artículo 202, fracción I dela Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en relación con el artículo 48 del Reglamento interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado de México, es procedente REVOCAR el tratamiento preliberacional que viene disfrutando JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA [.] RESUELVE: PRIMERO. Es procedente revocar el tratamiento preliberacional que le fue otorgado en fecha siete de abril de dos mil catorce, al sentenciado JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA, bajo el régimen de prelibertad en la modalidad de presentaciones quincenales al Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, en virtud de haber cometido nuevo delito. SEGUNDO. Se ordena girar el oficio de estilo [.] al Procurador General de Justicia del Estado de México, a efecto de que ordene a quien corresponda la LOCALIZACION Y DETENCIÓN DE JOSÉ GUADALUPE ALANÍS AYALA [.] SEXTO. En total acatamiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del juicio de garantías 1635/2015,comuníquese la presente determinación al Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México [.]. Por tanto, del cuadro comparativo anterior y de las constancias adjuntadas, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Esto es, la Jueza de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México, dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, y en resolución definitiva de once de enero de dos mil dieciséis, la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dictó nueva resolución atendiendo a los lineamientos establecidos en el fallo protector. Por tanto, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia de amparo. En esas condiciones, lo procedente es determinar que el fallo protector ha sido cumplido en su núcleo esencial, que con los diversos argumentos y medios de prueba exhibidos por la autoridad responsable, así procede declararlo. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que, en su oportunidad, los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México, mediante el cual informa sobre la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de cuatro de los cursantes en el presente juicio; asimismo, remite diversas constancias en copia certificada. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la partes con el contenido íntegro de la misiva y constancias que envía la responsable, así como, con los informes que en cumplimiento al fallo protector rindieron las diversas responsables en proveído de doce anterior; y personalmente a la parte quejosa; lo anterior, por el término de tres días, para que manifieste lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad se emitirá el fallo correspondiente.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a José Guadalupe Alanís Ayala; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y glósese el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio. Ahora, atendiendo a que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria, lo que deberán acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, la cual se otorgó para el efecto de que: "[.] la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar emita una nueva resolución, en la que de manera fundada y motivada analice los aspectos de la revocación del tratamiento preliberacional que fue concedido al aquí quejoso, con base en la legislación que le resulte de mayor beneficio; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción y atendiendo a los razonamientos vertidos en el presente fallo, resuelva lo que en derecho proceda. Concesión de amparo que se hace extensiva a las autoridades señaladas como ejecutoras Procurador General de Justicia del Estado de México y Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de México; en virtud de que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia del acto atribuido a la ordenadora [.]". Se apercibe a las autoridades responsables, que de no hacer lo requerido en el tiempo otorgado (tres días), o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se les impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; página 7. P./J. 60/2014]. También se les apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes y con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Finalmente, hágase la devolución de las constancias consistentes en copias certificadas del expediente de ejecución de sentencia 211/2011 a la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; solicitando el acuse de recibo correspondiente.

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