José Guadalupe Aguilera Rojas
Expediente 1192/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1192/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Guadalupe Aguilera Rojas
- Camara de Diputados del Congreso de la Union
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió del treinta de marzo al ocho de abril del presente año, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Aguilera Rojas, Diputado Federal de la LXIV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, HA CAUSADO ESTADO. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el último párrafo del artículo 20, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de ser considerado de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y toda vez que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que desahogara la vista concedida. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese contexto se destaca que, en la sentencia emitida por este juzgado, el quince de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo únicamente respecto de la quejosa Ana Luisa Valenzuela Munguía, para el efecto de que la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, realizara los actos siguientes: 1. Dejar insubsistente la resolución de quince de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente CEAV/CIE/0163/2018. 2. Emita una nueva resolución, en la que reitere aquellos aspectos que no son motivo de la concesión, pero realice la cuantificación de una indemnización dentro del apartado de compensación tal y como lo sostuvo en el apartado de restitución, únicamente por lo que hace a la referida quejosa Ana Luisa Valenzuela Munguía. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en resolución de treinta de junio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 530/2019 de su índice, confirmó la sentencia. En proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los autos y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento al fallo protector, mediante oficios registrados con los folios 475 y 980, la autoridad responsable Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, exhibió copia certificada de la resolución emitida el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el expediente administrativo CEAV/CIE/0163/2018, en la cual dejó insubsistente la resolución de quince de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente CEAV/CIE/0163/2018, y otorgó las medidas complementarias tendentes a la reparación integral del daño en favor de la quejosa. Dichas medidas complementarias se hicieron consistir en una indemnización por las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de la parte quejosa, por lo que la responsable resolvió pagar el monto complementario respecto a las cantidades cuantificadas en esa resolución. Asimismo, en dicha resolución se precisó que no se realizaba el pago complementario de reparación integral a la parte quejosa, en razón de que los montos cuantificados por esa autoridad como medidas de compensación del daño físico, moral y lucro cesante, ya habían sido cubiertos por parte del Estado, a través de mecanismos distintos a los recursos del Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral incluso en una cantidad en demasía. Cabe precisar que el pago de la indemnización no es materia del presente juicio de amparo, por lo que este órgano jurisdiccional no realiza pronunciamiento alguno respecto con las cantidades ahí precisadas. En atención a ello, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
se notifica por medio de lista a la parte quejosa el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno Consideraciones previas y reanudación. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Así, el Pleno del Consejo emitió los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En dichos acuerdos se decretó, en lo que interesa, la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en su totalidad del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y, como consecuencia de ello, se decretó que no transcurrirían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco se llevarían a cabo sesiones de los Plenos de Circuito. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En el artículo 2° del referido Acuerdo General, se ordenó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Sin embargo, en atención al incremento en los contagios por virus COVID-19, mediante sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el que adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que fue extendiéndose a través de las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Dichas medidas, consistieron en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; sin que se actualizara alguna de las hipótesis a las que se hizo referencia por cuanto a este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el presente juicio de amparo en términos del Acuerdo General 21/2020. Entre las consecuencias de la reanudación, se destacan las siguientes: Toda vez que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica la reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En caso de que sólo se encuentre pendiente la celebración de la audiencia constitucional, la reanudación del plazo a que se refiere el apartado anterior operará hasta que se notifique la nueva fecha para que tenga lugar. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1192/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Acto reclamado. Del análisis integral de la totalidad de las constancias que integran el presente asunto, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que es intención de la parte quejosa reclamar el acto siguiente: El "Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil veinte. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, es importante distinguir entre la titularidad de un interés jurídico o legítimo (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). La anterior distinción cobra relevancia en la medida en que existen casos en los que del análisis de la demanda y del acto reclamado, se advierte sin lugar a dudas que la parte quejosa carece de un interés jurídico o legítimo para la promoción del juicio de amparo; sin embargo, en otras ocasiones, de los elementos relatados en la demanda, pudiera desprenderse la titularidad de un interés jurídico o legítimo, en cuyo caso debe existir la posibilidad de demostrarlo durante la sustanciación del juicio de amparo. En este último caso, no es necesario que se acredite plenamente la titularidad del derecho o del interés legítimo desde la presentación de la demanda, ya que tal extremo se encuentra estrechamente vinculado con un aspecto que debe ser analizado y valorado en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo; por tanto, basta que al proveer sobre la demanda se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés jurídico o legítimo para admitirla a trámite y darle oportunidad de demostrar esa situación. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho de que es titular el quejoso. Y por lo que respecta al interés legítimo deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Dicho principio es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: "5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el legítimo supone la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Ahora, para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el de interés legítimo, toda vez que así lo señala la parte quejosa y la afectación que alega la promovente la hace depender de lo siguiente: "Considero que, como diputado federal, me encuentro en una situación jurídica identificable, que surge de una relación con una reforma legislativa que vote en sentido negativo por considerarla inconstitucional, y que tiene una relación institucional, pues como legislador, jure guardar y hacer guardar la constitución. De todo lo anterior, habré de probar en este apartado que: a) existen violaciones al segundo párrafo del artículo 29 que establece una serie de derechos inamovibles durante el estado de excepción, que merecen una protección especial durante la normalidad constitucional; b) hay también, afectaciones de diversos derechos humanos como libertad de expresión, el derecho a la vivienda, a la cultura, al medio ambiente y otros; c) al ser diputado federal, en mi esfera jurídica queda comprendido el deber de guardar y hacer guardar la constitución que establece nuestra Ley Suprema en su artículo 128." De lo expuesto, podemos advertir que no existe interés legítimo por parte del quejoso para acudir a la presente instancia constitucional, ya que sólo expresa su situación frente a la norma; en este caso, como Diputado Federal, es decir, que realizó diversas cuestiones para que no fuera aprobada, que tiene un deber de guardar y hacer guardar la constitución, entre otras. Además, si bien señala que la norma en cuestión se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, no señala de que forma el acto reclamado le causa una afectación directa y aunque señala que es un acto que podría afectar a la colectividad no expresa que el pertenezca a esa colectividad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), que lleva por rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Así, se actualiza de manera manifiesta e indudable, por relacionarse con cuestiones de derecho que pueden advertirse desde el inicio del juicio sin requerir un análisis minucioso o exhaustivo, tal y como acontece en el caso. Por ende, este órgano jurisdiccional estima que en contra de tal concesión se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que por su naturaleza, no es susceptible de afectar el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Resulta ilustrativa la tesis 3a. XXXVIII/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. DEBE SER ACTUAL". En conclusión, es evidente que el acto en cuestión no modifica, restringe ni extingue situación jurídica alguna en perjuicio de José Guadalupe Aguilera Rojas, por lo que carece de interés jurídico para combatirlo, ni por su situación jurídica particular frente al mismo, es decir, por ser Diputado Federal, porque aunque señala que la aprobación del acto reclamado afecta diversos derechos humanos de ciertos grupos en específico, no expresa ser parte de esa colectividad, entonces el acto en cuestión no le genera una afectación, por lo que también carece de interés legítimo para combatirlo. En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por ausencia de interés jurídico o legítimo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) el acto reclamado se tiene a la vista, pues forma parte de los anexos; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza de los actos reclamados no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta, mientras el acto reclamado siga siendo el que se analiza. Lo anterior implica que la causa de improcedencia en cuestión no se presume ni se basa en indicios, sino que se encuentra plenamente acreditada a partir de la propia demanda y sus anexos, de los cuales se desprende fehacientemente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. LXXI/2004, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atención al público Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. Con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta, y por autorizadas para los mismos efectos a las personas propuestas para tal fin, de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del artículo 12, en relación con el párrafo segundo, del artículo 24, de la ley de la materia. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.
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