Jose Gregorio Magallon Suarez
Expediente 87/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Gregorio Magallon Suarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de junio de dos mil quince. Vistos los autos y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos interpusiera el recurso de revisión contra el acuerdo de veintidós de abril de dos mil quince, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo de referencia, se declara que ha causado estado; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde por una parte se negó la suspensión definitiva y por otra parte se concedió dicha medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Toda vez que en párrafos anteriores se ordenó el archivo del presente juicio, mediante oficio devuélvanse al Juez Primero Mixto de Primera Instancia, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, las copias certificadas del expediente civil 34/2008 de su índice, mismas que remitió como justificación de su informe, solicitando el acuse de recibo respectivo. Por otra parte, toda vez que este expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero, en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción; así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, advirtiéndose del informe rendido por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, se advierte que refiere que es cierto el acto reclamado por el quejoso, toda vez que en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 433/2013, mediante auto de tres de febrero de dos mil quince, se señalaron las nueve horas del dieciocho de febrero siguiente, para que el ejecutor llevador del expediente civil 34/2008, hiciera entrega material y jurídica a Juan Gabino de la Rosa Ángeles y Guadalupe Sumano Román, del inmueble ahí ordenado, misma que no se llevó a cabo en la fecha y hora señalada, toda vez que no se contó con los elementos de la policía estatal, ya que se encontraban en huelga; por ello, en proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince, se señalaron las once horas del cinco de marzo de la presente anualidad, para que tuviera lugar la diligencia de entrega material y jurídica del inmueble en cita; misma que se desahogó en dicha fecha. Ahora bien, vista la copia certificada de cuenta se advierte que Guadalupe Sumano Román y Juan Gabino de la Rosa Ángeles, promovieron demanda de amparo contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia y Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, haciendo consistir literalmente en lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Como acto reclamado increpamos de la autoridad responsable ordenadora el ilegal e inconstitucional auto dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 34/2008 que ordena hacer entrega y poner en posesión material nuestra propiedad a una persona cuyo nombre y razón ignoramos; inmueble que insistimos es de nuestra propiedad y que más adelante describiremos, acto de autoridad que reprochamos de inconstitucional de la autoridad responsable ordenadora el que deviene de un proceso Ejecutivo Mercantil en el que somos totalmente extraños al mismo, ya que nunca hemos sido formalmente llamados a procedimiento Ejecutivo Mercantil alguno por la citada autoridad en comento. Por ende de la autoridad ejecutora reclamamos el cumplimiento que en diligencia del dieciséis de julio del presente año lleva a cabo el C. Ejecutor del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, al acto de autoridad que emite la ordenadora responsable en relación y afectación al bien inmueble objeto de esta acción de Constitucionalidad" (sic). Advirtiéndose que dicha demanda se registró ante este órgano jurisdiccional con el número de juicio 433/2013, y al resolver en definitiva se concedió la tutela federal solicitada, para el efecto de que el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, dejara insubsistente la diligencia actuarial de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, practicada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 34/2008 de su índice; señalando fecha y hora para que el Ejecutor de su adscripción, en diligencia formal hiciera entrega material y jurídica a los quejosos JUAN GABINO DE LA ROSA ÁNGELES y GUADALUPE SUMANO ROMÁN, del inmueble ubicado en la calle Séptima Norte número cuatrocientos cinco, Sector Juárez, en Puerto Escondido, Oaxaca, en el estado en que se encontrara; ordenando el rompimiento de cerraduras si fuere necesario, así como el auxilio de la fuerza pública, para el único efecto de resguardar el orden durante el desarrollo de dicha diligencia; pues sólo así se restituiría a los quejosos en el pleno goce de sus garantías individuales violadas. Determinación que quedó firme y declarada por cumplida la sentencia. Ahora bien, en contra del acto precisado, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La transcripción del precepto legal en cita, permite conocer que esta fracción regula dos supuestos: a) Resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, b) Aquéllas que se realicen en ejecución de las mismas. Por cuanto ve a la primera hipótesis, es evidente que esta causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de igual naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que previene la propia Ley de Amparo, y no mediante un nuevo y autónomo juicio de garantías. Respecto al segundo supuesto, el amparo es improcedente cuando se reclaman determinaciones decretadas en ejecución de las resoluciones de los juicios de garantías; y, sobre ese tópico, se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no solo se refiere al caso de una sentencia protectora, también lo serán aquellas hipótesis en las cuales, al negar el amparo o declarar el sobreseimiento, existe algún mandato por cumplir, por ejemplo la imposición de una sanción. Por tanto, si el acto que se reprocha fue objeto de una decisión definitiva en un juicio de amparo, o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, en virtud de que tales cuestiones ya fueron motivo de controversia y resolución; lo examinado y juzgado adquiere firmeza procesal y tiene como distinción la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, toda vez que contra ella no procede recurso que permita modificarla, dado que el efecto de todas las resoluciones de amparo, es su no impugnabilidad por medio de otro juicio de garantías. Ahora bien, la prohibición de ejercitar la acción de amparo contra resoluciones de procedimientos del mismo origen, no se limita a la resolución culminatoria del juicio correspondiente, sino a cualquier determinación inmersa en él, puesto que las resoluciones principales, como las de trámite no pueden ser combatidas a través otro amparo, porque ello provocaría juicios interminables. En esa tesitura, la finalidad de esta causa de improcedencia es que lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales sobre una cuestión, no sea objeto de controversia y resolución en dos o más sentencias de amparo, pues si así fuera se produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia, en demerito de la seguridad jurídica. Bajo ese contexto, se declara que el acto del que se duele el quejoso en la presente demanda de amparo consistente en el proveído emitido el tres de febrero de dos mil quince, en el expediente civil 34/2008, es improcedente, en razón de que el acto aquí reclamado es consecuencia lógica y jurídica inmediata del trámite dado al cumplimiento del juicio de amparo 433/2013, del índice de este órgano jurisdiccional. Es así, pues como de los propios antecedentes narrados se conoce que el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, en proveído de tres de febrero de dos mil quince, ordenó que el Ejecutor llevador del expediente 34/2008, hiciera entrega material y jurídica a Juan Gabino de la Rosa Ángeles y Guadalupe Sumano Román, del inmueble que nos ocupa, y con ello pueda cumplir con la ejecutoria de amparo correspondiente; por tanto, es evidente que el juicio de amparo indirecto promovido contra esa determinación es improcedente, además, de que no puede promover amparo contra todas las determinaciones emitidas en cumplimiento al fallo constitucional, pues en todo caso, el órgano jurisdiccional señalado como responsable proveerá lo que en derecho corresponda para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia XX.J/3 emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a página 251, Tomo I, junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías, contra una resolución dictada en estricto apego y en cumplimiento de la ejecutoria que resolvió el juicio constitucional, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la razón de que los argumentos planteados en el nuevo juicio, ya fueron objeto de controversia y decisión en un juicio de garantías anterior, por tanto, debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, porque implicaría una cadena interminable de juicios constitucionales, que impediría la firmeza de la cosa juzgada." De igual forma, se invoca por su contenido, la tesis aislada III.2º.C.33 K,% emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a foja mil trescientos quince, tomo XXVII, noviembre de dos mil ocho, materia común, novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO. Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías, al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio." Lo anterior así se corrobora de las copias certificadas del juicio de amparo 433/2013, mismas que se agregan al presente juicio, por constituir un hecho notorio. Lo que se sustenta con la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que aparece publicada en la página dos mil seiscientos setenta y nueve, del tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que por la circunstancia apuntada, no puede promover amparo contra todas las determinaciones emitidas en cumplimiento al fallo constitucional, por lo mismo, resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad de las ordenes de desocupación, desalojo, lanzamiento y rompimiento de cerraduras reclamadas; considerar lo contrario podría afectar el estado jurídico en que ahora se encuentra sujeto el quejoso, circunstancia que hace que en el caso se actualice la causa de improcedencia de que se trata. Por lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, a saber, las diez horas con cincuenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil quince. Tal circunstancia, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente; al quejoso mediante lista tal y como esta ordenado en el acuerdo de admisión. IB
- Incidental
R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso José Gregorio Magallón Suárez, en los términos del considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso tal y como está precisado en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. IB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de abril de dos mil quince. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, toda vez que en proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, se tuvo por rendido el mismo, al haberse recibido vía fax. Ahora bien, con las copias certificadas del expediente civil 34/2008, que remite la autoridad responsable como justificación a su informe, fórmese cuaderno de anexo I, conservando su folio y entresello. Con dicho anexo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Notifíquese y cúmplase. IB
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