José Gregorio De la Rosa Rapia

Expediente 344/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
344/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • José Gregorio De la Rosa Rapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: El auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de mayo de dos mil veinte, dentro de la causa penal 591/2020. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional a José Gregorio de la Rosa Tapia, respecto del acto reclamado a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de mayo de dos mil veinte, en contra del quejoso dentro de la causa penal 591/2020, para los siguientes efectos: i) Deberá verificar que quien asistió al imputado en la audiencia inicial de vinculación, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable, mediante el original o copia certificada de la cédula profesional. ii) Si del ejercicio de verificación resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá reponer la audiencia de vinculación de veintisiete de mayo de dos mil veinte, en la causa penal 591/2020, en la que se vinculó a proceso al quejoso José Gregorio de la Rosa Tapia, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica del impetrante. iii) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. El proceso de verificación debe ser inmediato a que cause ejecutoria esta resolución constitucional. iv) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique la audiencia inicial, sea el mismo que presida la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. v) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveídos de doce de enero, nueve y diez de marzo, ocho de abril y tres de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 Primer Efecto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el nueve de enero del año en curso, mediante diligencia de cotejo de documentos compareció ante ese órgano jurisdiccional el licenciado Homero de Hoyos Nagay, quien asistió al aquí quejoso José Gregorio de la Rosa Tapia, en la audiencia de vinculación de veintisiete de mayo de dos mil veinte y exhibió original de su cédula profesional número 3976854, expedida el veintidós de mayo del año próximo pasado. 3.2 Segundo efecto. A su vez, del oficio 072/2021-AMP, signado por la Jefa de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, al que acompañó disco compacto que contiene copia del audio y video de la audiencia de ocho de marzo del año en curso, dentro de la causa penal 591/2020, relativa a verificar que en la audiencia de vinculación a proceso el imputado fue asistido por el licenciado Homero de Hoyos Nagay, se desprende que se proyectó la cédula profesional número 3976854 del mencionado abogado y su debido registro ante el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Por consiguiente, derivado del ejercicio de verificación se concluyó que el citado abogado quien asistió al ahora quejoso en la audiencia de audiencia de vinculación de veintisiete de mayo de dos mil veinte, contaba en ese momento con cédula profesional vigente como profesional del derecho, con lo que se acredita haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo, el oficio y anexo remitido por la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, se concluye que la responsable atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria María Eugenia Vela Castellanos, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.pfPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a treinta de junio de dos mil veintiuno. 1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: El auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de mayo de dos mil veinte, dentro de la causa penal 591/2020. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional a José Gregorio de la Rosa Tapia, respecto del acto reclamado a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de mayo de dos mil veinte, en contra del quejoso dentro de la causa penal 591/2020, para los siguientes efectos: i) Deberá verificar que quien asistió al imputado en la audiencia inicial de vinculación, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable, mediante el original o copia certificada de la cédula profesional. ii) Si del ejercicio de verificación resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá reponer la audiencia de vinculación de veintisiete de mayo de dos mil veinte, en la causa penal 591/2020, en la que se vinculó a proceso al quejoso José Gregorio de la Rosa Tapia, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica del impetrante. iii) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. El proceso de verificación debe ser inmediato a que cause ejecutoria esta resolución constitucional. iv) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique la audiencia inicial, sea el mismo que presida la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. v) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveídos de doce de enero, nueve y diez de marzo, ocho de abril y tres de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 Primer Efecto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el nueve de enero del año en curso, mediante diligencia de cotejo de documentos compareció ante ese órgano jurisdiccional el licenciado Homero de Hoyos Nagay, quien asistió al aquí quejoso José Gregorio de la Rosa Tapia, en la audiencia de vinculación de veintisiete de mayo de dos mil veinte y exhibió original de su cédula profesional número 3976854, expedida el veintidós de mayo del año próximo pasado. 3.2 Segundo efecto. A su vez, del oficio 072/2021-AMP, signado por la Jefa de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, al que acompañó disco compacto que contiene copia del audio y video de la audiencia de ocho de marzo del año en curso, dentro de la causa penal 591/2020, relativa a verificar que en la audiencia de vinculación a proceso el imputado fue asistido por el licenciado Homero de Hoyos Nagay, se desprende que se proyectó la cédula profesional número 3976854 del mencionado abogado y su debido registro ante el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Por consiguiente, derivado del ejercicio de verificación se concluyó que el citado abogado quien asistió al ahora quejoso en la audiencia de audiencia de vinculación de veintisiete de mayo de dos mil veinte, contaba en ese momento con cédula profesional vigente como profesional del derecho, con lo que se acredita haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo, el oficio y anexo remitido por la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, se concluye que la responsable atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    1. Promoción. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Jeja de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y anexo, a través del cual informa el cumplimiento que dio al fallo protector; asimismo, remite copia del audio y video de la audiencia de ocho de marzo del año en curso. 1.1 Vista a las partes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la anterior circunstancia dése vista a las partes, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, informa de la inexistencia de la audiencia de dieciséis de marzo del año en curso; de lo que esta Juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes. 1.2 Disco compacto y resguardo. En cuanto al anexo remitido consistente en el disco compacto en formato en versión digital, éste deberá permanecer por separado en poder de la secretaría encargada de la mesa de trámite, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    El día de hoy queda notificada la tercera interesada ***, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de tres de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de amparo 344/2020, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.

  4. Principal

    1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes auto se advierte que mediante proveído de ocho de abril del año en curso, el Administrador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, se le tuvo remitiendo la audiencia de ocho de marzo del presente año, en archivo electrónico comprimido al correo oficial 3jdo8ctopine@correo.cjf.gob.mx.; sin embargo, al momento de su reproducción, se presentó una leyenda que informaba que la página que se intentaba abrir no existe lo que impidió al lector del equipo de cómputo reproducir la imagen y sonido del video. 1.2 Requerimiento. Por tanto, a fin de evitar tales desperfectos y en aras de una administración de justicia pronta y expedita, así como privilegiando el uso de recursos materiales, se estima necesario requerir a la citada autoridad, para que en el plazo de tres días posterior a la notificación del presente acuerdo, remita la grabación de audio y video de las audiencias de ocho y dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, relacionadas con el cumplimiento al fallo protector en archivo electrónico comprimido al correo oficial 3jdo8ctopine@correo.cjf.gob.mx y confirmar su recepción al número 878-7839803; lo anterior, para estar en condiciones de reproducirlo para su valoración. 1.3 Apercibimiento. Con el apercibimiento que de ser omisa al respecto, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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