José Graciano Demetrio Yañez Suárez

Expediente 1288/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1288/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • José Graciano Demetrio Yañez Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos Agréguese a los autos la comparecencia realizada a la parte quejosa, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en autos, por lo que se tiene a *, firmando a ruego de la parte quejosa José Graciano Demetrio Yañez*, por lo que se acuerda lo siguiente: II. Demanda de amparo. Ahora bien, vista la demanda promovida por *, contra actos del Municipio del Estado de Querétaro y otras autoridades, este juzgado estima que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo que impone a desechar la demanda de amparo, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". III. Precisión del acto reclamado En el caso en concreto, de una lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. La resolución de administrativa DI/*/2021, de fecha de 13 de octubre de 201, derivada de la solicitud de fecha de 04 de octubre de 2021, *, por virtud de la cual se determina IMPRODECEDENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido para adultos mayores, pensionados y jubilados y/o personas con discapacidad, así como IMPROCEDENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido a los propietarios y/o poseedores de solares regularizados por programas autorizados por el ayuntamiento por la Regularización de la tenencia de la Tierra por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. La resolución de administrativa DI */2021, de fecha de 13 de octubre de 2021, derivada de la solicitud de fecha de 04 de octubre de 2021, DI"40-2021, por virtud de la cual se determina IMPRODECENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido para adultos mayores, pensionados y jubilados y/o personas con discapacidad, así como IMPROCEDENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido a los propietarios y / o poseedores de solares regularizados por programas autorizados por el ayuntamiento por la Regularización de la tenencia de la Tierra por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares urbanos. DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. La resolución de administrativa *, por virtud de la cual se determina IMPROCEDENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido para adultos mayores, pensionados y jubilados y/o personas con discapacidad, así como IMPRODECENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido a los propietarios y/o poseedores de solares regularizados por programas autorizados por el ayuntamiento por la Regularización de la tenencia de la Tierra por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, ASÍ COMO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO DEL CUAL SE DETERMINÓ EL LA MULTA LOS RECARGOS Y EL TABULADOR DEL CUAL DERIBAN DICHA CIFRA DE COBRO POR LA CANTIDAD $279,363.00 (DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N., AL IGUAL QUE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS AÑOS DE COBRO. Así como el cumplimiento respecto a los lineamientos y procedimientos a que deberán sujetarse las MULTAS Y RECARGOS, para dar formal contestación a las denuncias formuladas por el ciudadano en caso de verse afectados por los actos realizados por una autoridad. (SIC)" De lo anterior, se advierte que el acto reclamado que la parte quejosa combate por vía de juicio de amparo es la resolución administrativa DI/*/2021 de fecha de trece de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por lo que se aclara que, aunque la parte quejosa transcribió que la resolución es la de número DI*40/2021, de la lectura integral de los anexos que acompañan la demanda, se advierte que el oficio referente a la resolución tiene como número asignado DI/139/2021, de folio DI*/2021, emitido el trece de octubre de dos mil veintiuno, lo anterior para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, en la determinación que combate, se desprende que la autoridad que ahora señala como responsable, declaró improcedente la aplicación del beneficio fiscal dirigido a adultos mayores, pensionados, jubilados y/o personas con discapacidad, contenido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Querétaro, en virtud de que el ahora quejoso Graciano Demetrio Yáñez Suárez, albacea de la sucesión a bienes de Delfina Suárez López, no cumplió con los requisitos requeridos pare ser acreedor para recibir el estímulo fiscal solicitado. Asimismo, declaró improcedente la aplicación del beneficio fiscal dirigido a los propietarios o poseedores de solares regularizados por programas autorizados de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, en virtud de que el predio de quien acude al amparo no posee la calidad de solar dentro del título de propiedad mediante el cual acreditó la propiedad del mismo. IV. Desechamiento. En esa tesitura, por lo que se refiere al acto reclamado que se precisó en líneas anteriores, como se adelantó en párrafos precedentes se advierte que en el particular se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia 61, fracción XX, en relación al artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo debe de desecharse de plano la presente demanda. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la mismas consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado al autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." De los numerales reproducidos se obtiene que el principio de definitividad tiene una doble connotación, pues puede ser analizado, por una parte, como presupuesto de procedencia y, por otra, como causa de improcedencia del juicio de amparo. Derivado de dicha dualidad, tratándose de actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, antes de acudir a la instancia constitucional, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa legales por virtud de los cuales éstos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es importante destacar que el artículo y fracción indicados, hacen referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. En el presente caso, se estima que se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que contra el acto de autoridad administrativa que se reclama, procede el juicio contencioso administrativo, ante los Juzgados Administrativos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Para sustentar lo anterior, se trae a glosa el siguiente marco jurídico. El artículo 34, apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro establece: "ARTICULO 34. El funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, se sujetará a lo siguiente: Apartado A El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro estará dotado de plena autonomía, será independiente de cualquier autoridad administrativa y tendrá su residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. La Ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones. Asimismo, tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares y será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la Ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se compondrá de tres Magistrados propietarios, los cuales serán propuestos por el Titular del Ejecutivo del Estado y electos por cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado. Para ser Magistrado se deberá contar con experiencia en materia de derecho administrativo de al menos cinco años previos a la designación, satisfacer los requisitos que se señalan en el artículo 28 de la presente Constitución y su designación será para un periodo de doce años. No se podrá ocupar el cargo como propietario en forma consecutiva, ni discontinua, por más de dicho periodo; a su vencimiento, o antes si el Magistrado llega a la edad de setenta años, cesará en sus funciones, tendrá derecho a un haber por retiro y podrá ser considerado Magistrado supernumerario o para otros cargos. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que establezca la Ley y con la misma votación requerida para su designación." Por su parte, los artículos 1, 2, 3, 4 y 20 del título primero, relativo a la Organización y Competencia, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, establecen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 34, Apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro." "Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, es un órgano jurisdiccional independiente de cualquier autoridad administrativa, con autonomía para dictar sus fallos, dotado de plena jurisdicción y con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones, en todo el territorio del Estado de Querétaro. El Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro a que se refieren los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 ter, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y estará sujeto a las disposiciones aplicables en dicha materia. El presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se ejercerá con autonomía y conforme a lo dispuesto por la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y las demás disposiciones legales aplicables." "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Juez Administrativo: el Juez Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; II. Juzgado Administrativo: el Juzgado Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; III. Magistrado: el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; IV. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; V. Sala Especializada: la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VI. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VII. Pleno: el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; y VIII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Las expresiones citadas podrán utilizarse en singular o plural, conservando el significado expuesto." "Artículo 4. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando se controviertan con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de aprovechamientos o de algún tipo de contribución contemplada por el Código Fiscal del Estado de Querétaro, indebidamente percibidos por el Estado o el municipio o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; VII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o los municipios, declaren improcedente su reclamación o cuando, habiéndola otorgado, no satisfaga al reclamante. También las que, por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado o al municipio que corresponda el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; IX. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; X. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro o las disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XII. Las sanciones que imponga la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; y XIII. Las demás que esta y otras leyes establezcan como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias de su competencia." "Artículo 20. Los Juzgados Administrativos conocerán de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con excepción de la prevista en la fracción XII de dicho precepto, que será de conocimiento de la Sala Especializada." Por su parte, los artículos 5 y 12 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, dicen: "Artículo 5. Son partes en el juicio contencioso administrativo estatal: Serán partes en el juicio: El actor o demandante; El demandado, que podrá ser: La autoridad que dictó la resolución impugnada. En el caso del Gobernador del Estado, éste será representado por el Secretario de Gobierno. EL particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa estatal o municipal; y El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. "Artículo 12. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen el acto impugnado; Que no le competa conocer a dicho Tribunal; Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas; Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley. Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada; Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal; Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa; Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía Para los efectos de esta fracción, se entiende que haya conexidad siempre que concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 36 de esta Ley; Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial Contra reglamentos Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación Cuando las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnados; Cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones; y En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa. Del referido cuerpo normativo si bien no establece un numeral que se señale un catálogo especifico respecto de los diversos tipos de actos que con el juicio contencioso administrativo se puedan combatir, antes bien, se prevé de forma genérica su procedimiento contra todos los actos administrativos de la administración pública estatal y municipal y por excepción a -contrario sentido- en lo previsto por el diverso artículo 20; se advierte claramente que contra el acto administrativo del organismo de la administración pública municipal (Directora Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro), reclamado por la parte quejosa en su demanda; procede el juicio contencioso administrativo, pues se trata de un acto proveniente de la administración pública municipal que no se ubica en los supuestos de excepción que establece el aludido artículo 20; por lo que es un medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado y en esas condiciones, como la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, es concluyente que el mismo es improcedente. En efecto, el acto reclamado, es un acto administrativo irreparable, respecto del cual la parte quejosa puede impugnarlo a través del juicio contencioso-administrativo, conforme a la fracción VIII y antepenúltimo párrafo, del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; de ahí que exista la obligación de promover el juicio de contencioso-administrativo, antes de acudir al juicio de amparo. Máxime que la determinación impugnada, respecto de la cual si bien procede el recurso de revisión previsto en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, lo cierto es, que es optativo agotar tal recurso, razón por la cual contra el acto reclamado indudablemente procede el juicio de nulidad. Ello es así, dado que la autoridad responsable es de aquellos entes a los que hace referencia el citado artículo 5 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y, por tanto, dicho Tribunal es competente para conocer y resolver en relación con el acto que aquí se combate, en razón de que se trata de un acto administrativo dictado por una autoridad perteneciente a la Administración Pública Municipal, en agravio de un particular. De esta suerte, la existencia de la instancia de justicia administrativa, tiene como fundamento teleológico el de proporcionar un sistema integral de medios de defensa contra los actos de autoridades administrativas y, por tanto, constituye un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis XXII.3o.A.C.2 A (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2633, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. PROCEDE CONTRA EL "DICTAMEN DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE GIRO", EMITIDO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. El artículo 4, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro dispone que el juicio contencioso administrativo procede contra actos o resoluciones definitivas que pongan fin a un procedimiento administrativo seguido en términos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la entidad. Por su parte, los artículos 324 y 325 del Código Urbano local, 261 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro y 1, 15, fracción X, 16, 17, 19 y 83 de la Ley de Procedimientos Administrativos mencionada prevén el procedimiento para la autorización del uso de suelo y/o actividad específica de una edificación (factibilidad de giro), que culmina con la emisión de una resolución denominada "dictamen", en la cual, la autoridad administrativa municipal decide sobre esa cuestión. Por tanto, el "dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro", en el cual se aprecia una decisión sobre la autorización de esos rubros, debe considerarse un acto definitivo para efectos de la procedencia del juicio en su contra, máxime si en ese documento se señala que es recurrible en términos del artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos estatal, porque este precepto prevé la procedencia del recurso de revisión únicamente contra resoluciones definitivas, así como la optatividad de agotarlo, o bien, acudir directamente a la vía contenciosa administrativa. Además debe precisarse que la ley que rige el juicio de nulidad prevé la suspensión del acto en sus artículos 32 y 33, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, bajo condiciones idénticas a las que prevé la Ley de Amparo y sin mayores requisitos de los que ésta exige, por lo cual se trata de un medio de impugnación que debe agotarse previo al juicio de amparo. En efecto, dichos numerales señalan: "Artículo 32.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal que conozca del juicio o quien lo supla; III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad de la Sala Superior o Especializada o de los Juzgados Administrativos del Tribunal. c) La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente del Tribunal, deberán proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo resolverán lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable y ésta quede firme la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo, ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo la ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Artículo 33. Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora, la cual comprenderá, entre otros aspectos los siguientes: Los gastos o primas pagados, conforme a la Ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de su cancelación y su registro, cuando la parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados con la documentación correspondiente. No se admitirá la contragarantía si de ejecutarse el acto impugnado o de no concederse la medida cautelar positiva queda sin materia el juicio o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo, según corresponda." Con el propósito de verificar si en el caso, los anteriores requisitos establecidos en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor de la parte quejosa, tratándose del juicio de amparo indirecto. Efectivamente, en cuanto al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, se presentan dos formas de concederse la medida suspensional que son: a) la suspensión de plano y de oficio; b) suspensión de oficio cuando el acto es de imposible reparación; y c) la suspensión a petición de parte. Con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, la suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, como puede verse a continuación: En principio, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." La satisfacción de las anteriores condiciones o requisitos, obliga al Juez de Distrito a conceder la medida cautelar que se le solicite. Pues bien, el examen comparativo de los artículos 32 y 33 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, frente a los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar. Es aplicable al caso concreto, por las razones que la integran la tesis de Jurisprudencia número PC.XXII. J/2 A (10a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1014, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conforme del marco normativo con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue que la excepción al principio de definitividad contenido en éste, que dispone que se actualiza un motivo de excepción al principio citado cuando las leyes que rijan a los actos a que hace referencia establezcan un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en sus artículos 44, 45 y 48, en relación con los diversos 35, fracción X, y 44, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ambas del Estado de Querétaro, consideran la suspensión de los actos impugnados una cuestión de importancia en la que no debe existir dilación, por lo que disponen que las determinaciones sobre su otorgamiento deben tomarse de forma inmediata, es decir, de manera muy cercana a la presentación de la solicitud respectiva; de donde se obtiene que no prevé un plazo mayor al de 24 horas establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; pues a partir del momento en que el secretario da cuenta al Juez con la solicitud de suspensión de los actos impugnados, existe la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados; motivo por el cual, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, la promoción del juicio contencioso administrativo resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, pues atiende el propósito del mandato constitucional de que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, lo cual permite el eficaz funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, pues con ello se privilegia el acceso efectivo a la impartición de justicia administrativa local, y además, se reconoce al juicio de amparo como un medio de defensa de tipo extraordinario garante de los derechos humanos." Sin que en el caso que nos ocupa, se esté en presencia de alguna de las excepciones del principio de definitividad, cuenta habida que las violaciones reclamadas, pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un juicio ordinario ante tribunales, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la determinación que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, como en el caso aconteció, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no analizara las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la tesis 2a.LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a su publicación del mes de julio del año dos mil, materia común, de texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En otro aspecto, en los párrafos segundo y tercero de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece que no existe la carga procesal de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado: a) carece de fundamentación, b) cuando solamente se aleguen violaciones directas a la Constitución, c) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, en el caso se no se actualizan dichas excepciones, porque, sin prejuzgar sobre la legalidad de la determinación consistente DI/139/2021, de folio DI*40/2021, emitido el trece de octubre de dos mil veintiuno, de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, la improcedencia de la solicitud de la parte quejosa, se fundamentó con el contenido de los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Querétaro, además de que en su escrito de demanda no se advierte que el que acude en amparo alegue violaciones directas a la constitución. Consecuentemente, la parte quejosa no está relevada de la carga de agotar el procedimiento contencioso administrativo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien por el solo hecho de expresar que existe violación directa a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XVI.1o. J/16 del Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, visible en la página 99, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, correspondiente a su publicación en el mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, que es de contenido siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD DEFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. AMPARO CONTRA EL. DEBE OBSERVARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Es improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo cuando el quejoso previamente a la interposición del juicio de garantías no agote los recursos ordinarios que establezcan las leyes contra los actos que combata en el amparo, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso; aun cuando el acto de autoridad haya sido deficientemente fundado y motivado, pues sólo cuando dicho acto carezca absolutamente de esos requisitos el gobernador no tendrá obligación de hacer valer previamente a la presentación del juicio constitucional los medios de defensa ordinarios por desconocer en qué ordenamientos legales se apoya el acto y por consiguiente en dónde se encuentran los medios de reparación contra los actos de autoridad que le afecten." Asimismo, sustenta lo anterior interpretada en sentido contrario, la jurisprudencia 499 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298, tomo VI del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el que sigue: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Finalmente, en torno al medio de defensa ordinario, esto es el juicio de nulidad como medio de impugnación, no se encuentra contemplado en un reglamento, sino en la propia Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, así como en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Bajo ese orden de ideas, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, (aplicado en sentido contrario), de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por José Graciano Demetrio Yáñez Suárez, albacea de la sucesión a bienes de Delfina Suárez López. V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos Agréguese a los autos la comparecencia realizada a la parte quejosa, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en autos, por lo que se tiene a *, firmando a ruego de la parte quejosa José Graciano Demetrio Yañez*, por lo que se acuerda lo siguiente: II. Demanda de amparo. Ahora bien, vista la demanda promovida por *, contra actos del Municipio del Estado de Querétaro y otras autoridades, este juzgado estima que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo que impone a desechar la demanda de amparo, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". III. Precisión del acto reclamado En el caso en concreto, de una lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. La resolución de administrativa DI/*/2021, de fecha de 13 de octubre de 201, derivada de la solicitud de fecha de 04 de octubre de 2021, *, por virtud de la cual se determina IMPRODECEDENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido para adultos mayores, pensionados y jubilados y/o personas con discapacidad, así como IMPROCEDENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido a los propietarios y/o poseedores de solares regularizados por programas autorizados por el ayuntamiento por la Regularización de la tenencia de la Tierra por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. La resolución de administrativa DI */2021, de fecha de 13 de octubre de 2021, derivada de la solicitud de fecha de 04 de octubre de 2021, DI"40-2021, por virtud de la cual se determina IMPRODECENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido para adultos mayores, pensionados y jubilados y/o personas con discapacidad, así como IMPROCEDENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido a los propietarios y / o poseedores de solares regularizados por programas autorizados por el ayuntamiento por la Regularización de la tenencia de la Tierra por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares urbanos. DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. La resolución de administrativa *, por virtud de la cual se determina IMPROCEDENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido para adultos mayores, pensionados y jubilados y/o personas con discapacidad, así como IMPRODECENTE la aplicación del estímulo fiscal dirigido a los propietarios y/o poseedores de solares regularizados por programas autorizados por el ayuntamiento por la Regularización de la tenencia de la Tierra por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, ASÍ COMO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO DEL CUAL SE DETERMINÓ EL LA MULTA LOS RECARGOS Y EL TABULADOR DEL CUAL DERIBAN DICHA CIFRA DE COBRO POR LA CANTIDAD $279,363.00 (DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N., AL IGUAL QUE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS AÑOS DE COBRO. Así como el cumplimiento respecto a los lineamientos y procedimientos a que deberán sujetarse las MULTAS Y RECARGOS, para dar formal contestación a las denuncias formuladas por el ciudadano en caso de verse afectados por los actos realizados por una autoridad. (SIC)" De lo anterior, se advierte que el acto reclamado que la parte quejosa combate por vía de juicio de amparo es la resolución administrativa DI/*/2021 de fecha de trece de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por lo que se aclara que, aunque la parte quejosa transcribió que la resolución es la de número DI*40/2021, de la lectura integral de los anexos que acompañan la demanda, se advierte que el oficio referente a la resolución tiene como número asignado DI/139/2021, de folio DI*/2021, emitido el trece de octubre de dos mil veintiuno, lo anterior para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, en la determinación que combate, se desprende que la autoridad que ahora señala como responsable, declaró improcedente la aplicación del beneficio fiscal dirigido a adultos mayores, pensionados, jubilados y/o personas con discapacidad, contenido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Querétaro, en virtud de que el ahora quejoso Graciano Demetrio Yáñez Suárez, albacea de la sucesión a bienes de Delfina Suárez López, no cumplió con los requisitos requeridos pare ser acreedor para recibir el estímulo fiscal solicitado. Asimismo, declaró improcedente la aplicación del beneficio fiscal dirigido a los propietarios o poseedores de solares regularizados por programas autorizados de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, en virtud de que el predio de quien acude al amparo no posee la calidad de solar dentro del título de propiedad mediante el cual acreditó la propiedad del mismo. IV. Desechamiento. En esa tesitura, por lo que se refiere al acto reclamado que se precisó en líneas anteriores, como se adelantó en párrafos precedentes se advierte que en el particular se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia 61, fracción XX, en relación al artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo debe de desecharse de plano la presente demanda. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la mismas consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado al autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." De los numerales reproducidos se obtiene que el principio de definitividad tiene una doble connotación, pues puede ser analizado, por una parte, como presupuesto de procedencia y, por otra, como causa de improcedencia del juicio de amparo. Derivado de dicha dualidad, tratándose de actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, antes de acudir a la instancia constitucional, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa legales por virtud de los cuales éstos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es importante destacar que el artículo y fracción indicados, hacen referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. En el presente caso, se estima que se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que contra el acto de autoridad administrativa que se reclama, procede el juicio contencioso administrativo, ante los Juzgados Administrativos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Para sustentar lo anterior, se trae a glosa el siguiente marco jurídico. El artículo 34, apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro establece: "ARTICULO 34. El funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, se sujetará a lo siguiente: Apartado A El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro estará dotado de plena autonomía, será independiente de cualquier autoridad administrativa y tendrá su residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. La Ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones. Asimismo, tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares y será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la Ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se compondrá de tres Magistrados propietarios, los cuales serán propuestos por el Titular del Ejecutivo del Estado y electos por cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado. Para ser Magistrado se deberá contar con experiencia en materia de derecho administrativo de al menos cinco años previos a la designación, satisfacer los requisitos que se señalan en el artículo 28 de la presente Constitución y su designación será para un periodo de doce años. No se podrá ocupar el cargo como propietario en forma consecutiva, ni discontinua, por más de dicho periodo; a su vencimiento, o antes si el Magistrado llega a la edad de setenta años, cesará en sus funciones, tendrá derecho a un haber por retiro y podrá ser considerado Magistrado supernumerario o para otros cargos. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que establezca la Ley y con la misma votación requerida para su designación." Por su parte, los artículos 1, 2, 3, 4 y 20 del título primero, relativo a la Organización y Competencia, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, establecen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 34, Apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro." "Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, es un órgano jurisdiccional independiente de cualquier autoridad administrativa, con autonomía para dictar sus fallos, dotado de plena jurisdicción y con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones, en todo el territorio del Estado de Querétaro. El Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro a que se refieren los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 ter, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y estará sujeto a las disposiciones aplicables en dicha materia. El presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se ejercerá con autonomía y conforme a lo dispuesto por la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y las demás disposiciones legales aplicables." "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Juez Administrativo: el Juez Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; II. Juzgado Administrativo: el Juzgado Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; III. Magistrado: el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; IV. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; V. Sala Especializada: la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VI. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VII. Pleno: el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; y VIII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Las expresiones citadas podrán utilizarse en singular o plural, conservando el significado expuesto." "Artículo 4. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando se controviertan con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de aprovechamientos o de algún tipo de contribución contemplada por el Código Fiscal del Estado de Querétaro, indebidamente percibidos por el Estado o el municipio o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; VII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o los municipios, declaren improcedente su reclamación o cuando, habiéndola otorgado, no satisfaga al reclamante. También las que, por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado o al municipio que corresponda el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; IX. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; X. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro o las disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XII. Las sanciones que imponga la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; y XIII. Las demás que esta y otras leyes establezcan como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias de su competencia." "Artículo 20. Los Juzgados Administrativos conocerán de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con excepción de la prevista en la fracción XII de dicho precepto, que será de conocimiento de la Sala Especializada." Por su parte, los artículos 5 y 12 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, dicen: "Artículo 5. Son partes en el juicio contencioso administrativo estatal: Serán partes en el juicio: El actor o demandante; El demandado, que podrá ser: La autoridad que dictó la resolución impugnada. En el caso del Gobernador del Estado, éste será representado por el Secretario de Gobierno. EL particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa estatal o municipal; y El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. "Artículo 12. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen el acto impugnado; Que no le competa conocer a dicho Tribunal; Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas; Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley. Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada; Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal; Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa; Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía Para los efectos de esta fracción, se entiende que haya conexidad siempre que concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 36 de esta Ley; Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial Contra reglamentos Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación Cuando las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnados; Cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones; y En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa. Del referido cuerpo normativo si bien no establece un numeral que se señale un catálogo especifico respecto de los diversos tipos de actos que con el juicio contencioso administrativo se puedan combatir, antes bien, se prevé de forma genérica su procedimiento contra todos los actos administrativos de la administración pública estatal y municipal y por excepción a -contrario sentido- en lo previsto por el diverso artículo 20; se advierte claramente que contra el acto administrativo del organismo de la administración pública municipal (Directora Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro), reclamado por la parte quejosa en su demanda; procede el juicio contencioso administrativo, pues se trata de un acto proveniente de la administración pública municipal que no se ubica en los supuestos de excepción que establece el aludido artículo 20; por lo que es un medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado y en esas condiciones, como la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, es concluyente que el mismo es improcedente. En efecto, el acto reclamado, es un acto administrativo irreparable, respecto del cual la parte quejosa puede impugnarlo a través del juicio contencioso-administrativo, conforme a la fracción VIII y antepenúltimo párrafo, del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; de ahí que exista la obligación de promover el juicio de contencioso-administrativo, antes de acudir al juicio de amparo. Máxime que la determinación impugnada, respecto de la cual si bien procede el recurso de revisión previsto en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, lo cierto es, que es optativo agotar tal recurso, razón por la cual contra el acto reclamado indudablemente procede el juicio de nulidad. Ello es así, dado que la autoridad responsable es de aquellos entes a los que hace referencia el citado artículo 5 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y, por tanto, dicho Tribunal es competente para conocer y resolver en relación con el acto que aquí se combate, en razón de que se trata de un acto administrativo dictado por una autoridad perteneciente a la Administración Pública Municipal, en agravio de un particular. De esta suerte, la existencia de la instancia de justicia administrativa, tiene como fundamento teleológico el de proporcionar un sistema integral de medios de defensa contra los actos de autoridades administrativas y, por tanto, constituye un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis XXII.3o.A.C.2 A (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2633, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. PROCEDE CONTRA EL "DICTAMEN DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE GIRO", EMITIDO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. El artículo 4, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro dispone que el juicio contencioso administrativo procede contra actos o resoluciones definitivas que pongan fin a un procedimiento administrativo seguido en términos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la entidad. Por su parte, los artículos 324 y 325 del Código Urbano local, 261 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro y 1, 15, fracción X, 16, 17, 19 y 83 de la Ley de Procedimientos Administrativos mencionada prevén el procedimiento para la autorización del uso de suelo y/o actividad específica de una edificación (factibilidad de giro), que culmina con la emisión de una resolución denominada "dictamen", en la cual, la autoridad administrativa municipal decide sobre esa cuestión. Por tanto, el "dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro", en el cual se aprecia una decisión sobre la autorización de esos rubros, debe considerarse un acto definitivo para efectos de la procedencia del juicio en su contra, máxime si en ese documento se señala que es recurrible en términos del artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos estatal, porque este precepto prevé la procedencia del recurso de revisión únicamente contra resoluciones definitivas, así como la optatividad de agotarlo, o bien, acudir directamente a la vía contenciosa administrativa. Además debe precisarse que la ley que rige el juicio de nulidad prevé la suspensión del acto en sus artículos 32 y 33, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, bajo condiciones idénticas a las que prevé la Ley de Amparo y sin mayores requisitos de los que ésta exige, por lo cual se trata de un medio de impugnación que debe agotarse previo al juicio de amparo. En efecto, dichos numerales señalan: "Artículo 32.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal que conozca del juicio o quien lo supla; III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad de la Sala Superior o Especializada o de los Juzgados Administrativos del Tribunal. c) La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente del Tribunal, deberán proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo resolverán lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable y ésta quede firme la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo, ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo la ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Artículo 33. Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora, la cual comprenderá, entre otros aspectos los siguientes: Los gastos o primas pagados, conforme a la Ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de su cancelación y su registro, cuando la parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados con la documentación correspondiente. No se admitirá la contragarantía si de ejecutarse el acto impugnado o de no concederse la medida cautelar positiva queda sin materia el juicio o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo, según corresponda." Con el propósito de verificar si en el caso, los anteriores requisitos establecidos en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor de la parte quejosa, tratándose del juicio de amparo indirecto. Efectivamente, en cuanto al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, se presentan dos formas de concederse la medida suspensional que son: a) la suspensión de plano y de oficio; b) suspensión de oficio cuando el acto es de imposible reparación; y c) la suspensión a petición de parte. Con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, la suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, como puede verse a continuación: En principio, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." La satisfacción de las anteriores condiciones o requisitos, obliga al Juez de Distrito a conceder la medida cautelar que se le solicite. Pues bien, el examen comparativo de los artículos 32 y 33 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, frente a los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar. Es aplicable al caso concreto, por las razones que la integran la tesis de Jurisprudencia número PC.XXII. J/2 A (10a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1014, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conforme del marco normativo con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue que la excepción al principio de definitividad contenido en éste, que dispone que se actualiza un motivo de excepción al principio citado cuando las leyes que rijan a los actos a que hace referencia establezcan un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en sus artículos 44, 45 y 48, en relación con los diversos 35, fracción X, y 44, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ambas del Estado de Querétaro, consideran la suspensión de los actos impugnados una cuestión de importancia en la que no debe existir dilación, por lo que disponen que las determinaciones sobre su otorgamiento deben tomarse de forma inmediata, es decir, de manera muy cercana a la presentación de la solicitud respectiva; de donde se obtiene que no prevé un plazo mayor al de 24 horas establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; pues a partir del momento en que el secretario da cuenta al Juez con la solicitud de suspensión de los actos impugnados, existe la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados; motivo por el cual, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, la promoción del juicio contencioso administrativo resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, pues atiende el propósito del mandato constitucional de que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, lo cual permite el eficaz funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, pues con ello se privilegia el acceso efectivo a la impartición de justicia administrativa local, y además, se reconoce al juicio de amparo como un medio de defensa de tipo extraordinario garante de los derechos humanos." Sin que en el caso que nos ocupa, se esté en presencia de alguna de las excepciones del principio de definitividad, cuenta habida que las violaciones reclamadas, pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un juicio ordinario ante tribunales, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la determinación que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, como en el caso aconteció, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no analizara las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la tesis 2a.LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a su publicación del mes de julio del año dos mil, materia común, de texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En otro aspecto, en los párrafos segundo y tercero de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece que no existe la carga procesal de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado: a) carece de fundamentación, b) cuando solamente se aleguen violaciones directas a la Constitución, c) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, en el caso se no se actualizan dichas excepciones, porque, sin prejuzgar sobre la legalidad de la determinación consistente DI/139/2021, de folio DI*40/2021, emitido el trece de octubre de dos mil veintiuno, de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, la improcedencia de la solicitud de la parte quejosa, se fundamentó con el contenido de los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Querétaro, además de que en su escrito de demanda no se advierte que el que acude en amparo alegue violaciones directas a la constitución. Consecuentemente, la parte quejosa no está relevada de la carga de agotar el procedimiento contencioso administrativo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien por el solo hecho de expresar que existe violación directa a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XVI.1o. J/16 del Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, visible en la página 99, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, correspondiente a su publicación en el mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, que es de contenido siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD DEFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. AMPARO CONTRA EL. DEBE OBSERVARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Es improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo cuando el quejoso previamente a la interposición del juicio de garantías no agote los recursos ordinarios que establezcan las leyes contra los actos que combata en el amparo, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso; aun cuando el acto de autoridad haya sido deficientemente fundado y motivado, pues sólo cuando dicho acto carezca absolutamente de esos requisitos el gobernador no tendrá obligación de hacer valer previamente a la presentación del juicio constitucional los medios de defensa ordinarios por desconocer en qué ordenamientos legales se apoya el acto y por consiguiente en dónde se encuentran los medios de reparación contra los actos de autoridad que le afecten." Asimismo, sustenta lo anterior interpretada en sentido contrario, la jurisprudencia 499 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298, tomo VI del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el que sigue: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Finalmente, en torno al medio de defensa ordinario, esto es el juicio de nulidad como medio de impugnación, no se encuentra contemplado en un reglamento, sino en la propia Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, así como en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Bajo ese orden de ideas, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, (aplicado en sentido contrario), de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por José Graciano Demetrio Yáñez Suárez, albacea de la sucesión a bienes de Delfina Suárez López. V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que mediante auto inicial se ordenó reservar respecto de a quién le surte el carácter de tercero interesado hasta en tanto las autoridades responsable rindieran su informe justificado, lo que a la fecha ya aconteció. II. Levantar reserva. En virtud de lo anterior, visto el contenido del informe justificado rendido por el Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad Cinco de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, con fundamento en el artículo 5, fracción III, fracción a) de la Ley de Amparo, se advierte que le surte el carácter de tercero interesada a la ..., quien puede ser localizada en el siguiente domicilio: ... III. Emplazamiento de tercero interesado. En ese sentido, vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que en el juicio de amparo ..., del índice de este Juzgado, mediante acuerdo de cinco de noviembre del año en curso, ..., en su carácter de apoderado de ..., se apersonó al juicio de referencia en su carácter de tercero interesado; asimismo, señaló como domicilio procesal el ubicado en ..., igualmente, que de las constancias que integran dicho juicio se advierte que la citada moral fue localizada en el domicilio ubicado en .... Documentales que constituyen un hecho notorio para este juzgador de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis (V Región)3o.2 K (10a.), emitida por la Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, Décima Época, con número de registro 2009758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, visible en la página 2181, que a la letra dice: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, del auto admisorio y del presente proveído por conducto del actuario judicial emplácese al presente juicio de amparo al citado tercero interesado por conducto de quién acredite su legal representación, en el primer domicilio antes señalados, esto es el avivado en ..., no obstante lo anterior en caso de no sea localizado en dicho domicilio deberá constituirse en el diverso ubicado en ..., debiendo recabar la constancia de dicho emplazamiento. Asimismo, el actuario judicial adscrito le deberá hacer saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del presente asunto y además indicarle que las notificaciones subsecuentes y aún las de carácter personal, se les harán legalmente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designe domicilio para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 del multicitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el actuario adscrito lleve a cabo el emplazamiento de la citada parte procesal. IV. Diferimiento. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. V. Falla en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Según se advierte de la certificación, así como del aviso publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), desde las doce horas y diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se presentó un fallo técnico que impidió acceder a las herramientas para la firma electrónica de determinaciones judiciales y audiencias en dicho sistema, anomalía que continúo hasta después de las veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos de esa data, lo que impidió llevar a cabo la autorización de este acuerdo hasta la presente fecha; circunstancia que se asienta en los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente y emplácese a la moral tercero interesada Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, Sociedad Civil.

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Falla en Sistema Integral de Expedientes. Según se advierte de la certificación, así como del aviso publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, desde las doce horas y diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se presentó un fallo técnico que impidió accediera a las herramientas para la firma electrónica de determinaciones judiciales y las audiencias en dicho sistema, anomalía que continuo hasta después de las veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos de esa data, lo que impidió llevar a cabo la autorización de esta acuerdo hasta la presente fecha; circunstancia que se asienta en los presentes asuntos, para los efectos legales a que haya lugar. II. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ................., contra actos del Municipio del Estado de Querétaro y otras autoridades. III. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo ..............., procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. IV. Prevención. ÚNICO. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que comparezca al local que ocupa este recinto judicial, debidamente identificada, a efecto de ratificar la firma de su demanda de amparo, toda vez que el estampado de la huella dactilar que calza al mismo, no implica la manifestación de su voluntad. Lo anterior es así, ya que este juzgador se encuentra en aptitud de conocer si lo plasmado dentro del escrito de mérito, corresponde a la voluntad de la parte quejosa; de modo que en lo subsecuente puede promover con persona que estampe su firma a su ruego, conforme lo prevé el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 480, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, IX, Abril de 1992, en materia Común, cuyo rubro y texto son como siguen: "DEMANDA DE AMPARO, LAS HUELLAS DIGITALES QUE LA CALZAN, CONSTITUYE UNA IRREGULARIDAD QUE SI PUEDE DAR LUGAR A LA ACLARACION DE LA. Aunque la Ley de Amparo faculta a los jueces de Distrito para mandar aclarar las demandas de garantías cuando les falte alguno o algunos de los requisitos señalados en el artículo 116 de la Ley de Amparo, es inexacto que el hecho de que en tales libelos aparezcan las huellas del quejoso en lugar de la firma, no puede quedar encuadrada la situación en el citado artículo 116, dado que éste faculta no sólo para subsanar tales omisiones, sino también en cualquier caso en que "hubiere alguna irregularidad", y si lo normal es que las aludidas promociones contengan la firma del agraviado, se estima que sí constituye una irregularidad de la demanda, y por tanto susceptible de pedir su aclaración, la circunstancia de que el un juzgador tenga duda de que las huellas que en aquélla aparecen impresas pertenezcan realmente al promovente." V. Se fija hora y fecha de la diligencia En consecuencia, se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a desahogar la diligencia de referencia, para lo cual se instruye al Actuario adscrito para que en el acto de la diligencia haga entrega del código QR a la citada parte procesal, quien en todo momento deberá acatar las normas de sanidad previstas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Sin que pase inadvertido el plazo de cinco días establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, para su desahogo, no obstante, atendiendo a las condiciones de trabajo de este juzgado con motivo de la emergencia sanitaria que impera en el país, así como los lineamientos previstos en el Acuerdo General antes citado, se considera necesario fijar fecha para su verificativo. ." Asimismo, queda expedito el derecho de la parte quejosa para que en caso de encontrarse en alguno de los supuestos de vulnerabilidad ante el virus denominado "COVID- 19", manifieste su condición respectiva, para efecto que su atención se realice en los espacios accesibles que establezca la administración de este edificio sede, lo que deberán hacer del conocimiento de este juzgador con la debida anticipación a la celebración de la diligencia fijada en esta determinación. De igual manera, no pasa desapercibido que la parte quejosa manifestó en su escrito inicial ser un adulto mayor de la tercera edad y con múltiples enfermedades, por lo que el día señalado para la comparecencia de mérito, este órgano jurisdiccional tomará las medidas necesarias y eficientes, a fin de resguardar la seguridad y salud de la quejosa. VI. Apercibimiento Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo VII. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VIII. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. IX. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. X. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en "..................". Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a .................. y como autorizados en términos restringidos a ..................., por no contar con dicho requisito. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XI. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XIV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XV. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte promovente

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