José Gonzalo Pérez Tapia
Expediente 901/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Gonzalo Pérez Tapia
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.Toño
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual, en atención a la prevención efectuada por auto de veintiocho de julio de la presente anualidad, realiza diversas manifestaciones. Asimismo, y en atención al proveído de dos de agosto de dos mil veintiuno, se levanta la reserva decretada en el mismo, en virtud de que la parte quejosa dio cumplimiento a la prevención antes precisada; en tales condiciones, este Juzgado Federal al respecto provee. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón a que en contra del acto reclamado procede recurso de apelación, por lo que la parte quejosa debía agotarlo en cumplimiento al principio de definitividad. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución, sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta a la parte quejosa de agotar los recursos ordinarios que procedan contra tal acto. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por tanto, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. En ese tenor, respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Por tanto, el principio de definitividad respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo conlleva la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." La jurisprudencia citada es de observancia obligatoria para este Juzgador, en términos del artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo. De tal precepto se obtiene que la causa de improcedencia que prevé, se actualiza cuando el acto reclamado sea una resolución dictada por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, contra la cual dentro del procedimiento, la ley conceda algún recurso o medio de defensa por virtud del cual la resolución recurrida pueda ser modificada, revocada o nulificada, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente. En el caso en estudio, se considera que la parte quejosa, previo a la interposición del presente juicio de amparo debió agotar los medios de defensa que respecto de los actos que reclama prevé la legislación de la materia. Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Cédula de emplazamiento de fecha dos de julio de año dos mil veintiuno. Razón actuarial de emplazamiento de fecha dos de julio de dos mil veintiuno. Acta de requerimiento de pago y embargo de fecha dos de junio de dos mil veintiuno. Razón actuarial del acta de requerimiento de pago y embargo de fecha dos de junio de dos mil veintiuno. Orden de desposeimiento de bienes muebles propiedad del quejoso, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 334/2020. Respecto el acto reclamado consistente en la orden de desposeimiento, es menester precisar que la Primera Sala del Alto Tribunal ha definido que en el juicio ejecutivo mercantil cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, contra el auto de requerimiento de pago dictado en aquél, es necesario agotar el recurso revocación y/o apelación de tramitación inmediata, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, ello atendiendo a la cuantía de las prestaciones reclamadas, conforme a los artículos 1165, 1334, 1335, 1339 y 1345 del Código de Comercio. Orienta lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005047, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 1, diciembre de 2013 Tomo I, página 401, siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Asimismo, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado En Materias Civil Y De Trabajo Del Segundo Circuito con registro 196802, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 508, siguiente: "JUICIOS MERCANTILES. AUTO DE EXEQUENDO. PROCEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, CUANDO LA SUERTE PRINCIPAL NO EXCEDA DE CIENTO OCHENTA Y DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO. Si en el amparo indirecto que se promueve en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, el acto reclamado surgió de un juicio ejecutivo mercantil en el que la suerte principal no excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo y lo constituye el auto admisorio de la demanda que dio origen a la controversia que por su naturaleza se tramita ante un juzgado de cuantía menor, como el auto de exequendo es una resolución que afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del ejecutado, resulta incuestionable que éste puede interponer contra dicho auto admisorio el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio; ello por exclusión, al no poder combatirlo mediante la apelación a que se refiere el numeral 1340 del último ordenamiento mencionado, cuyo medio de impugnación sólo procede cuando se trata de asuntos de cuantía superior y, actuar en contrario, transgrede garantías individuales.". Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente.". De modo que, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, es necesario que la parte quejosa agote el recurso de revocación y/o apelación de tramitación inmediata señalado en párrafos que anteceden. Por otra parte, con relación a los actos reclamados consistentes en las diligencias de dos de junio y dos julio, respectivamente de dos mil veintiuno, el aquí quejoso previo a promover el presente juicio de amparo en contra de dicho acto, debió de haber presentado el incidente de nulidad de notificaciones respectivo. Ello es así, porque el numeral 1414 del Código de Comercio, establece que cualquier incidente o cuestión que se suscite en los juicios ejecutivos mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas contenidas en el Título denominado "De los juicios ejecutivos" o en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los juicios ordinarios; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o bien a la ley procesal del Estado. Los numerales 1349, 1350, 1351, 1352, 1353 y 1357, del Código de Comercio, establecen que son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal; que los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Al igual, que los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito; que son incidentes verbales los que se suscitan durante el desarrollo de alguna audiencia, en relación con los actos sucedidos en la misma; que cualquier otro tipo de incidentes diferente a los verbales, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas, que de ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del plazo de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten; y, que esas disposiciones serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos. Por su parte, acorde al artículo 1414 del Código de Comercio que dispone cualquier incidente o cuestión que se suscite en los juicios ejecutivos mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas contenidas en el Título denominado "De los juicios ejecutivos" o en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los juicios ordinarios; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o bien a la ley procesal del Estado, se destaca que en el Código Federal de Procedimientos Civiles en el artículo 319 se establece lo siguiente: "ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Luego, el acto reclamado en trato, consistente en las diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicadas el dos de junio y dos de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de la Ciudad Judicial de Puebla. Resulta evidente que, el ahora quejoso al ser parte demandada y al no haberse dictado la sentencia definitiva en el procedimiento del que emanan los actos reclamados, previamente a promover el presente juicio de amparo debió agotar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, esto es, debió combatir a través del incidente de nulidad respectivo, la ilegalidad de las citadas actuaciones que se llevaron a cabo al ejecutarse el auto de requerimiento de pago y embargo, mismo que comprende tanto el emplazamiento, como el requerimiento de pago y embargo, que si bien se trata de actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; lo anterior, conforme a lo previsto por los numerales 1350, 1351, 1352 y 1353, de la legislación mercantil citada, esto en razón de que el Código de Comercio no indica cómo debe tramitarse el incidente de nulidad de actuaciones, por ende, debe sustanciarse de acuerdo a las reglas generales de los incidentes; puesto que a través de ésta incidencia, pudo nulificar o revocar la actuación de la que se duele. Asimismo, resulta conducente, la jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento." No se soslaya que la diligencia de embargo sea un acto de ejecución irreparable, en contra del cual procede el juicio de amparo; sin embargo, la irreparabilidad del acto reclamado no constituye una excepción al principio de definitividad, ya que para que opere ésta, se requiere, entre otros supuestos enunciados en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que el impetrante del amparo sea una persona extraña al procedimiento de origen, sin que la quejosa se encuentre en ese supuesto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De lo anterior se colige que, el incidente de nulidad de actuaciones es el medio idóneo para impugnar el embargo llevado a cabo en la ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo, puesto que tiene como finalidad analizar que dicha actuación del Ministro Ejecutor haya cumplido con las formalidades que para tal efecto establece la ley. En ese contexto, la parte quejosa estuvo en aptitud de promover dicho incidente de nulidad contra las diligencias que reclama, antes de acudir a impugnarlas en el juicio de amparo, ya que es el medio de impugnación establecido por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, mediante el cual puede ser nulificada esa clase de actuaciones judiciales; sobre todo -como se dijo en párrafos precedentes- cuando el inconforme es parte formal en el procedimiento mercantil de origen. Por lo que antes de acudir al juicio de amparo debió agotar ese medio de defensa ordinario para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; por tanto, como no se satisfizo ese presupuesto procesal, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia que se analiza. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37.de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así como la jurisprudencia sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página seiscientos setenta y ocho, tesis novecientos ochenta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, registro: 257209, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En tal virtud, al no haberse agotado el principio de definitividad con el procedimiento correspondiente, y que es un requisito establecido en la ley a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo por ser este un juicio de naturaleza extraordinaria, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia analizada por lo que se refiere a los actos reclamados precisados en párrafos que anteceden. En consecuencia, y como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Encargado de despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, ya que remite las constancias que le fueron solicitadas, lo que se toma de conocimiento para este Juzgado Federal; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado auto. Ahora bien, este órgano jurisdiccional se reserva a acordar lo conducente respecto a la demanda de amparo, hasta en tanto, la parte quejosa dé cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Gonzalo Pérez Tapia, por propio derecho, contra actos del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 901/2021-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince.Prevención. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del líbelo de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, en relación con el numeral 108, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que bajo protesta de decir verdad y dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. La parte quejosa reclama el emplazamiento al juicio 7/2021-3 del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; por tanto, deberá precisar cuál es la naturaleza de dicho juicio y cuáles fueron las prestaciones reclamadas, así como el estado procesal que guarda el mismo. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que no existe impedimento para dar cumplimiento al presente punto preventivo, toda vez que el quejoso es parte dentro del procedimiento de origen. SEGUNDO.- De los antecedentes del acto reclamado se desprende lo que a continuación se transcribe: ".me enteré que me encontraba demandado y que, estaba embargado desde hace un mes, es decir, desde el día dos de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, se me informó por la funcionara que me encontraba embargado, y que, más adelante me desposeerian de mi mis (sic) bienes muebles". Situación que causa incertidumbre para quien esto determina, por tanto, el promovente deberá precisar cuáles son los bienes que defiende en el presente juicio constitucional. TERCERO.- Se hace notar a la promovente que deberá exhibir seis copias de su escrito aclaratorio, las cuales son para distribuirse de la siguiente manera: a) Dos para las autoridades señaladas como responsables; b) Una para correrle traslado a la parte tercera interesada; d) Una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, e) Dos para el incidente de suspensión. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril 2001, página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resultaaplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Con el apercibimiento a la peticionaria de garantías, que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el primer punto preventivo de este proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Del requerimiento de constancias Con independencia de lo anterior, a efecto de mejor proveer, requiérase al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informe cual es la naturaleza del juicio 07/2021-3 de su índice, cuáles fueron las prestaciones reclamadas y el estado procesal que guarda el mismo; asimismo, deberá informar si el aquí quejoso ya compareció a juicio a efecto de hacer valer sus derechos. Debiendo remitir copia certificada completa y legible de las constancias con las que acredite su dicho. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en multa por la cantidad equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado por así solicitarlo. Tiene aplicación al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página un mil sesenta y siete, cuyo rubro establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL" Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que señala, y con facultades amplias a Manuel Antonio Castro Ramírez y Feliciano Zúñiga Sánchez, en razón que acreditaron tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Medios electrónicos. Por cuanto a la solicitud de autorización de la toma de registros fotográficos o imágenes a través de cualquier medio electrónico de las constancias que obran en el presente expediente; de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa, el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se exhorta a la parte quejosa. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere a la parte promovente para que proporcione un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese personalmente.
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