Jose Gonzalo Paredes Medina
Expediente 1158/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1158/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Gonzalo Paredes Medina
Actuaciones
- Principal
MESA I. Visto lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que el Actuario de la adscripción, en su razón de tres de los corrientes, informa que no obra en el sistema de expediente electrónico, la constancia de notificación electrónica de la parte quejosa, respecto de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, conforme a lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la notificación de que se trata a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Vista la demanda de amparo, se tiene a José Gonsalo Paredes Medina, Víctor Félix Cob Mena, Ricardo Reyes Durán May, Francisco Pech Uicab, Juan Sosa Martínez, José Lourdes Tacú Uicab, Rusell Alexander Uicab Peña, Priciliano Tún Chan, Severa Quintal Uicab, Filemón Quintal Medina, Cándido Uicab Uicab, Mariano Quintal Novelo, Rita María del Socorro Paredes, Isael Quintal Mena, José Luciano Quintal Novelo, Pedro Pablo Quintal May, Claudia Fabiola Cob Durán, Antonio Quintal Sima, Armando Martín Cocom, Juan Bautista del Rosario Quintal Quintal, Santiago Cob Mena, Gregorio López Cen, Luis Daniel Ruiz Novelo, Carlos Pech Mena, Addy Mercedes Flores Medina, Severo Uicab Tacú, Apolinar Tun Cob, Celso Mena Aragón, José Asunción Tacú Uicab, Álvaro Tacú Uicab, Rafael Cob Mena, Gonsalo Alcocer Peña, Natividad Romero Peña, Gutberto Rodríguez y Molina, Justino Aragón Quintal, Hilario Chale Ya, Francisco Javier Quintal Alcocer, Domingo Uicab Uicab, María Paula Rosado Gutiérrez, Elieser Durán May, Elías Solís Flores, Víctor Crecencio Cocom Cob, Samuel Martín Rosado, Manuel Jesús Uicab Flores, Juvencio López Cen, José Raúl Pech Coba y José Lourdes Rosado Rodríguez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de Chocholá, Yucatán, que hacen consistir esencialmente en: La elaboración, publicación, ejecución y celebración de la primera convocatoria para asamblea de ejidatarios del ejido de Chocholá, Yucatán, fijada para el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la Asamblea General de Ejidatarios de Chocholá Municipio de Chocholá, Yucatán, de elección de autoridades ejidales para el treinta de agosto del año en curso, en un domicilio particular, así como la exclusión de los quejosos en la convocatoria y en la toma de acuerdos de la misma. En consecuencia, fórmese expediente, regístrese con el número 1158/2019-I y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con apoyo en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa, a José Gonsalo Paredes Medina. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: ... Conforme al precepto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5, fracción II, aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación de los anteriores numerales, relacionados con la fracción I del artículo 103 constitucional, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el citado precepto constitucional no se define el término de "autoridad", por lo que en este sentido se dejó al legislador ordinario la determinación del concepto contenido en el ordenamiento constitucional; sin embargo, éste último, en la Ley reglamentaria tampoco definió el vocablo mencionado, toda vez que al efecto se limitó a establecer un aspecto accidental del concepto y no su esencia. Ciertamente, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, promulga, pública, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Es decir, el legislador únicamente hizo referencia a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que debe reunir para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Jurisprudencialmente se ha sustentado que, para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. XXVII/97, de rubro siguiente: ... Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema tratado emitió la tesis 2a. XXXVI/99, cuyo rubro es: ... De los criterios referidos, se puede determinar que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable quien emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones legales que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar cuáles son actos de autoridad, debe atenderse a la clasificación de la teoría general del derecho, conforme a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Al efecto, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o previstas por la ley, estando ambas en el mismo nivel; esto es, existe bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Pues bien, en la especie, la parte quejosa reclama del Comisariado Ejidal del Ejido de Chocholá, la elaboración, publicación, ejecución y celebración de la primera convocatoria para asamblea de ejidatarios del ejido de Chocholá, Yucatán, fijada para el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la Asamblea General de Ejidatarios de Chocholá Municipio de Chocholá, Yucatán, de elección de autoridades ejidales para el treinta de agosto del año en curso, en un domicilio particular, así como la exclusión de los quejosos en la convocatoria y en la toma de acuerdos de la misma. Acto reclamado que no debe reputarse acto de autoridad en términos de los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ciertamente el artículo 27, fracción VII, de la Constitución Federal; así como los numerales 22, 32, 33, 36 y 90 de la Ley Agraria, disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... Ley Agraria en vigor. ... "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente". ... "Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante esta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". ... De los numerales transcritos se aprecia, que Constitucionalmente se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales, cuyo órgano supremo es la Asamblea General, con la organización y funciones que señale la ley; cuáles son sus facultades; que el Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, su constitución, facultades y obligaciones; cuáles son las facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia; los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad; y qué disposiciones le son aplicables. De ahí, que los actos del Comisariado ejidal, no puedan considerarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que ninguno de los normativos transcritos les otorga la facultad de imperio, sino se encuentran en una relación de coordinación; lo que se corrobora con el numeral 21 de la legislación agraria, que dispone: .. De su contenido se aprecia que la Asamblea, el Comisariado Ejidal, así como el Consejo de Vigilancia, son órganos del ejido, esto es, no son órganos del Estado. Entonces, el acto reclamado al Comisariado Ejidal del Ejido de Chocholá, Yucatán, consistente en la convocatoria para la celebración de asamblea del Ejido, que se llevaría a cabo el treinta de agosto de dos mil diecinueve, carecen de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, pues no son equivalentes a los actos de una autoridad. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10ª.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Materia Común, Página 2184, que a la letra dice: ... Del mismo modo, es de invocarse la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Tercera Parte, Materia Administrativa, Página 17, con el rubro y texto siguientes: ... Por otra parte, este juzgador advierte de oficio, que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" La porción normativa invocada, establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la presentación del juicio, recurso o medio legal con los mismos alcances, sin mayores requisitos ni plazo que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional. El texto del precepto legal reproducido, establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra los actos reclamados proceda un recurso o medio de defensa ordinario susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a que no deben exigirse mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso o medio de defensa ordinario, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley que rige el juicio constitucional para conceder la suspensión definitiva; el principio de definitividad debe prevalecer en ese caso y, en consecuencia, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios en su defensa. El principio de definitividad, que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le causen afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal también alude a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones conducentes de la Ley Agraria, como las de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que los particulares estén en la aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. .-.. Por consiguiente, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que la legislación ordinaria prevea la suspensión del acto reclamados sin mayores requisitos a los establecidos en la ley de amparo para su procedencia; d) Que el caso concreto no se ubique dentro de algunas de las excepciones contempladas en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con los numerales 163 y 166 de la Ley Agraria, en ese orden, disponen lo siguiente: ... Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; (.)." ... (.)". En tales condiciones, la convocatoria reclamada no puede estimarse un acto definitivo para ser examinado a través del juicio de amparo, pues de llevarse a cabo la asamblea a la que alude el acto reclamado, y de afectar los intereses de la parte quejosa las determinaciones que ahí se adopten, dicha parte podrá acudir ante el Tribunal Agrario, en los términos de lo dispuesto por el ordinal 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a efecto de combatir, por medio del juicio de nulidad, la ilegalidad del acto reclamado. Cobra sustento a lo anterior, la tesis registrada con folio 190574, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Página 1738, Materia Administrativa del tenor siguiente: ... Máxime que con la interposición de ese medio de defensa se suspenderían los efectos de tales actos, sin exigirse mayores requisitos de los establecidos por la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, según se desprende de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley Agraria. Es aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, localizable en la página 345, del Tomo XII, Septiembre de mil novecientos noventa y tres, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el rubro y texto: "TRIBUNAL AGRARIO. ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO ANTE EL. PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando en materia administrativa proceda en contra de los actos reclamados, algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medios de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la propia Ley de Amparo; así pues, cuando se reclama alguna de las controversias surgidas en relación a tierras o derechos de las previstas por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es necesario someter previamente dicha cuestión a los tribunales referidos, puesto que al acudir al medio ordinario de defensa se está en posibilidad de obtener la suspensión del acto reclamado con menos requisitos que los que la Ley de Amparo exige para otorgar dicha medida. Lo anterior porque de conformidad con lo previsto en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles el cual tiene aplicación supletoria al caso, por disposición expresa del artículo 167 de la Ley Agraria, no sólo mediante la promoción inicial de la demanda, sino antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo, podrán decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente, sin audiencia de la contraparte y sin que proceda recurso legal alguno. Por lo tanto, si se promueve el amparo sin agotar previamente el juicio agrario opera la causal de improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley reglamentaria, de los artículos 103 y 107 constitucionales, siempre y cuando la hipótesis del caso de que se trate no se ubique en alguna otra excepción al principio de definitividad de los actos reclamados en el juicio de garantías." También es aplicable por las razones que la informan y en lo conducente la jurisprudencia 2a./J.33/97, Materia Administrativa, sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, del Tomo VI, Agosto de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES EJIDALES O COMUNALES. SU NULIDAD PUEDE PROMOVERLA UN EJIDATARIO O COMUNERO. De acuerdo con lo establecido en la Ley Agraria vigente a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, no existe disposición expresa que establezca un porcentaje mínimo de concurrencia de ejidatarios para promover la nulidad de las asambleas de elección de representantes del núcleo, a diferencia de lo previsto en el artículo 407 de la Ley de Reforma Agraria derogada. Por tanto, donde la ley no distingue, el juzgador no debe distinguir, sin que sea el caso de estimar aplicable, por analogía o mayoría de razón, el artículo 40 de la Ley Agraria, porque dicho precepto establece la remoción de autoridades, comisariado y consejo de vigilancia, la cual deberá efectuarse por la asamblea convocada en términos del artículo 39 de la Ley Agraria y solamente que no sea así, por la Procuraduría Agraria a partir de la solicitud de por lo menos el veinticinco por ciento de los ejidatarios del núcleo; este porcentaje de ejidatarios no debe exigirse extensivamente tratándose de la solicitud de nulidad, porque son actos de naturaleza distinta, dado que las causas de la nulidad de la asamblea electiva son concomitantes a los actos de la elección y sólo puede ser decidida, previo juicio, por el Tribunal Agrario correspondiente, mientras que la remoción reconoce causas posteriores a la elección y es decidida por la asamblea de ejidatarios o comuneros, debiendo señalarse que el ejercicio de la acción de nulidad, por sí misma, no debilita el ejercicio representativo del órgano, ya que mientras no sea declarada inválida la asamblea impugnada, la elección de representantes seguirá surtiendo efectos y, en caso de que dicho acto electivo sea declarado ilegal, procederá dejarse sin efectos y la elección deberá llevarse a cabo en los términos de la ley, por lo cual no se propicia la inestabilidad de la representación del núcleo, sino su saneamiento. En tal virtud, cualquier ejidatario o comunero con derechos agrarios reconocidos, y actuando en interés de la legalidad del acto democrático de la elección, tiene legitimación para demandar su nulidad." (Énfasis añadido) Ahora, en el caso que nos ocupa, como ya se estableció, la parte quejosa señala como acto reclamado la convocatoria, de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la Asamblea General de Ejidatarios de Chocholá Municipio de Chocholá, Yucatán, de elección de autoridades ejidales para el treinta de agosto del año en curso, en un domicilio particular. En ese contexto, es inconcuso que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, un acto que no se estima definitivo, pues como ya se adelantó, de afectar los intereses de la parte quejosa, lo resuelto por la asamblea general de ejidatarios, podrá demandar su nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario competente. El referido medio de defensa, se encuentra previsto en la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con el numeral 163 de la Ley Agraria, por virtud del cual puede obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos reclamados a la autoridad que señala en su demanda, además de que con esa promoción, también puede obtener la suspensión de la ejecución de esos actos, conforme al artículo 166 de la Ley Agraria, sin que para ello se exigieran mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar dicha medida cautelar. Esto es así, porque en la Ley de Amparo se dispone que para que la suspensión se decrete deben darse los requisitos siguientes: que no se siga perjuicio al interés social; que no se contravengan disposiciones de orden público; y, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado, con la ejecución del acto reclamado. En tanto que, la Ley Agraria en su artículo 166, autoriza a los Tribunales Agrarios para acordar sobre la suspensión de los actos que pudieran afectar a los interesados, hasta en tanto se resuelva el negocio en definitiva. De lo antes señalado, se advierte que el medio de defensa que pudo intentar la parte quejosa, previamente a la promoción del presente juicio de garantías, sí prevé la figura jurídica de la suspensión de los efectos de los actos que reclama. Es aplicable a lo razonado la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, del Tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y nueve, Materias Común y Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ... Por consiguiente, al no haberse interpuesto el juicio de nulidad previamente al ejercicio de la acción constitucional, es evidente que los quejosos no observaron el principio de definitividad que es uno de los que rige en el juicio de amparo; de lo que se sigue, que los actos reclamados en el caso que nos ocupa no pueden estimarse definitivos, para efectos del juicio de garantías y, por ende, es improcedente la demanda de amparo planteada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, razón por la cual se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías que se analiza, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Además, basta imponerse del contenido de la convocatoria de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en la que se cita a los ejidatarios del núcleo ya mencionado, para la celebración de la asamblea de treinta de agosto de dos mil diecinueve, para advertir que se citan los fundamentos y motivos que dan sustento al acto reclamado, pues se invocan los artículos 12, 21, 22, 23, fracción III, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 38 y 39 de la Ley Agraria. Tiene aplicación a lo anterior la tesis registrada como 912403, Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Administrativa, P.R. TCC, Página 725, del tenor siguiente: ... Igualmente resulta aplicable, en lo conducente y por las razones que lo informan la tesis registrada como 202281, Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Página 970, de rubro y texto siguiente: ... En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, esto es, las previstas en la fracción 61, fracción XXII, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, aplicados en sentido contrario y 61, fracción XX, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: ... Téngase a Ricardo Arturo Lagunes Gasca, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y de igual manera, a Julián Vázquez Guzmán, Flavio Augusto Ayuso López, Martha Flores y Sahid Manuel Salgado Magaña, pero con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Finalmente, en cuanto a que se otorgue a Ricardo Arturo Lagunes Gasca, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, formular promociones y se le notifique los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello su nombre de usuario que es: "Ricardo_lagunes", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 64 y 67 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover y que le sea notificado en el mismo con su nombre de usuario "Ricardo_lagunes", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan.
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