Jose Gonzalo Mariscal Alvarez

Expediente 2074/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2074/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Jose Gonzalo Mariscal Alvarez
  • Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2074/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, así como el anexo I, formado en el expediente principal, toda vez que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, remitió copia certificada del anexo formado en el juicio de amparo 1897/2018 de su índice, por tanto, se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2074/2018-IV, promovido por JOSÉ GONZALO MARISCAL ÁLVAREZ, por derecho propio, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada ese mismo día al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, JOSÉ GONZALO MARISCAL ÁLVAREZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades (fojas 5 a 10). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos radicó la demanda de amparo con el número 1897/2018-G-IV, dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional (fojas 24 a 28). Por auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos ordenó la separación de juicios por cada una de las carpetas de investigación y, ordenó el envío por separado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos (foja 3). Por oficio 1567/2018, el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, remitió el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, a este juzgado federal la demanda promovida por JOSÉ GONZALO MARISCAL ÁLVAREZ, que versa únicamente respecto de la carpeta de investigación FECC/113/2018-11 (foja 1). Por acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se registró la demanda de amparo con el número 2074/2018-IV, y a efecto de proveer lo conducente se solicitó al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, copia certificada de las actuaciones del juicio de amparo 1897/2018 de su índice. El nueve de enero de dos mil diecinueve, se recibieron las copias certificada solicitadas y por auto de diez de enero de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo se convalidaron las actuaciones realizadas por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Morelos; Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos; Vicefiscalía "A" de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos; Vicefiscalía "B" de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos y Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal, es la orden de investigación e individualización y su ejecución TERCERO. Inexistencia del Acto Reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables consistente en la orden de individualización emitida, así como su ejecución, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado (fojas 34; 36; 38 a 40; 44 a 46 y 50 a 52), tampoco es cierta la orden de investigación y su ejecución, que reclamó al Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo expresó dicha autoridad al momento de rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportará prueba alguna para desvirtuar su negativa Por lo tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de la orden de individualización y su ejecución reclamada a las autoridades responsables señaladas en el presente juicio de amparo, así como por la orden de investigación y su ejecución, dicho acto únicamente respecto al Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos. Lo anterior tiene apoyo en el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal; Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos; Vicefiscal "A" de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos y Vicefiscal "B" de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos, consistente en la orden de investigación emitida en contra del aquí quejoso y su ejecución, no obstante que la primera de las autoridades haya negado la existencia del acto que se le atribuye, pues su negativa se desvirtúa con lo manifestado por las tres últimas de las autoridades en cita, quienes al momento de rendir sus respetivos informes justificados aceptaron el acto reclamado e informaron que giraron orden de investigación a la Agente de la Policía de Investigación Criminal para el efecto de verificar el domicilio en el que habita JOSÉ GONZALO MARISCAL ÁLVAREZ. Lo que se corrobora con las fotocopias certificadas de la carpeta de investigación FECC/113/2018-11, que el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos, adjuntó a su informe justificado (anexo I, fojas 14 a 17), de las que se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la Vicefiscal Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos, giró el oficio FCAA/VAA/56/2018 (foja 14), a la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que verificara si el ahora quejoso habita en el domicilio ubicado en calle Morelos 53 1, Pueblo Acapatzingo, Cuernavaca, Morelos. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. QUINTO. Causales de Improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. En esas condiciones, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la intelección de las citadas porciones legales, tenemos que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso de forma real y actual. Luego, podría decirse que el amparo solo procede contra actos que, a la presentación de la demanda, existan y estén afectando la esfera jurídica del quejoso. En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la orden de investigación emitida en su contra por parte de las autoridades señaladas como responsables y su ejecución. Es verdad, se encuentra comprobado en autos del presente juicio de amparo que la Vicefiscal Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos, giró oficio (foja 14 anexo I), a la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que verificara si el ahora quejoso habita en el domicilio ubicado en calle Morelos 53 1, Pueblo Acapatzingo, Cuernavaca, Morelos, dentro de la carpeta de investigación FECC/113/2018-11. Sin embargo, debe decirse que en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ministerio Público al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, y por tanto, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos. Por su parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. Precisado lo anterior, se debe decir que el Agente del Ministerio Público se encuentra facultado para ordenar el desahogo de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y, en su caso, recabar los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, la integración de la carpeta de investigación no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica ni del investigado ni del indiciado, por lo tanto, se torna improcedente el presente juicio de amparo indirecto promovido en su contra o por actos emitidos para la integración de la carpeta de investigación, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en cada caso específico, pues de no ser de esta manera, se entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito. Máxime, si se parte de la base que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además, se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, como acontece en el caso, pues como ya se precisó con antelación, se impugna un acto emitido dentro de la integración de una indagatoria por lo que no existe derecho alguno particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos. Lo anterior, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado ya que sólo funge como parte de una etapa procesal. Luego, al no existir perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica de la persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente, como en el caso. Lo anterior guarda sustento en la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, de número de registro 2015500, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, materia común, página: 1947, del siguiente rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." También sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2601 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, octubre de 2017, Tomo IV, correspondiente a la Décima Época, del siguiente rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Así como la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2017560, cuyo rubro es el siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS." Sin que se soslaye que se haya ordenado la localización de JOSÉ GONZALO MARISCAL ÁLVAREZ, dentro de la carpeta de investigación FECC/113/2018, pues de las constancias de dicha carpeta de investigación se aprecia que tal orden no tiene como propósito afectar la libertad deambulatoria del ahora quejoso, sino que es un mandato emitido para verificar si habita en el domicilio señalado, ello derivado de la orden de investigación que se desarrolla en dicha carpeta de investigación. Por lo tanto, si dicha medida no tiene por efecto la afectación a la libertad del ahora promovente de amparo ni algún otro derecho subjetivo tutelado por la Constitución, resulta inconcuso que no se afecta ningún derecho humano en contra del ahora quejoso, por las razones en él vertidas. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 160811, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página: 1059, del siguiente rubro: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA." En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se debe de sobreseer en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, por el acto y autoridades precisados. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por JOSÉ GONZALO MARISCAL ÁLVAREZ, respecto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del anexo formado en el juicio de amparo 1897/2018; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales. Tomando en consideración que el Juzgado oficiante remitió el anexo I, se ordena formar un cuaderno de sigilo, que dada su trascendencia, se resguardará en la secretaría de este Juzgado de Distrito, quedando para consulta al momento de resolver la litis en el presente asunto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y anexos, signado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, a través del cual, remite las constancias solicitadas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; por tanto, se provee: De acuerdo con la boleta de turno 15891/2018 de la demanda remitida, se tiene que el presente juicio promovido por JOSÉ GONZALO MARISCAL ÁLVAREZ, por derecho propio, el cual substanciará únicamente por cuanto a los actos reclamados correlativos a la carpeta de investigación número FEC/113/2018-11. CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES Ténganse por convalidadas las actuaciones realizadas por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo 1897/2018, para los efectos legales a que haya lugar. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de amparo promovida por JOSÉ GONZALO MARISCAL ÁLVAREZ, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que el juzgado oficiante remitió un juego de copia certificada concerniente al cuaderno incidental, por tanto, créese la carátula incidental respectiva con el número de registro 2074/2018-IV del índice de este juzgado como cuaderno original; sin necesidad de ordenar la apertura del duplicado toda vez que se tratan de actuaciones totalmente concluidas. SOLICITUD DE INFORME A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Sin que se estime necesario requerir a las autoridades responsables su informe justificado, toda vez de que obran en las actuaciones que en copia certificada remitió el juzgado oficiante. Solicitud de anexo Luego, tomando en consideración que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, a través de acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho ordenó formar el anexo I, en virtud de las constancias por las autoridades responsables en el juicio de amparo 1897/2018. Por tanto, solicítesele atentamente que a la brevedad posible envié copia certificada del aludido anexo, para la debida integración del presente asunto. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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