José González Martínez
Expediente 1073/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José González Martínez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de dieciséis de octubre de este año, por medio del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintidós de noviembre de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.RASG/ARGC*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentada por********************, y un anexo, contra acto y autoridad precisados en la misma; fórmese expediente y regístrese con el número ********************/2023-III, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado destacado la omisión de dar respuesta a su solicitud de fecha veintidós de agosto de dos mil veintitrés, realizada vía oficio a través del Departamento de Atención Ciudadana de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Veracruz, en la cual pide la cancelación del proyecto denominado "Primera etapa de ampliación del Acuerdo de Veracruz", que consiste en la construcción y operación para la exhibición de cuatro lobos marinos, a través de lo que llaman lobario, y que a la fecha no ha tenido respuesta. En el caso en estudio, se advierte que respecto el precisado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no produce una afectación real y actual del promovente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los numerales relacionados se deduce que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto u omisión o ley que reclama. En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte solo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I, del artículo 5° de la Ley de Amparo, transcrito, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, se debe determinar lo que se entiende por interés jurídico e interés legítimo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. De lo anterior se advierte que existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En suma, son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos, la existencia y titularidad de un derecho y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Por otra parte, el interés legítimo ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto al de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la prosecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o perjuicio inmediato. El Alto Tribunal expuso que el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos y concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que este no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar el alcance jurídico del concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, señaló que este tipo de interés no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª), consultable en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Lo anterior implica que la acción constitucional será procedente cuando el promovente: a) Sea titular de un interés jurídico, incluyendo en esta hipótesis cuando alegue ser parte en un procedimiento administrativo; b) Sea titular de un interés legítimo, según ha quedado caracterizado. c) Y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. En la especie, el accionante del amparo aduce que el acto reclamado viola la garantía de petición prevista en el artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el veintidós de agosto del en curso, presentó una solicitud por escrito ante el Departamento de Atención Ciudadana de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Veracruz; sin que a la fecha dicha autoridad haya emitido respuesta. En efecto, el artículo 8 constitucional establece: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El numeral transcrito consagra el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado en general, y significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud por escrito, ya sea de carácter administrativo, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación emitir una respuesta de forma escrita, la cual debe ser dada a conocer en breve término. Así, el derecho de pedir se constituye como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les presente. Asimismo, el derecho establecido en el precepto constitucional tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide; es decir, impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2167, registro digital 162603, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS." En el criterio antes citado refiere, que el "breve término" para emitir respuesta, deberá calcularse teniendo en cuenta el estudio y la complejidad de la petición formulada, así como el lapso empleado para acordarla. Ahora, por su parte, el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, estatuye lo siguiente: "Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo." (Énfasis añadido) En el precepto transcrito se establece que la autoridad deberá contestar las peticiones de los gobernados en un lapso que no sobrepase los cuarenta y cinco días hábiles. En ese sentido, si la petición reclamada se realizó el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, y la demanda de amparo fue presentada el trece de octubre del año en curso, como se advierte del sello estampado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, es notorio que no se supera el plazo que la ley referida le otorga como máximo para dar contestación a la petición formulada. Para evidenciar lo anterior, es dable precisar los cuarenta y cinco días hábiles que refiere la Constitución Política del Estado de Veracruz, como se ilustra: Agosto Lunes Martes Miércoles Jueves viernes sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sept Lunes Martes Miércoles Jueves viernes sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Octubre Lunes Martes Miércoles Jueves viernes sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Así, como quedó plasmado, el referido plazo de cuarenta y cinco días hábiles empezó a contar el veintitrés de agosto del dos mil veintitrés y fenece el veintisiete de octubre del presente año. En virtud de lo anterior, es inconcuso que dicha autoridad se encuentra dentro del término para dar contestación a lo solicitado por el impetrante del amparo, de ahí que, no se aprecia omisión alguna por parte de la aludida autoridad para dar respuesta al escrito del aquí quejoso y por ende, tampoco se advierta afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Orienta a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019190, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 63, Febrero 2019, Tomo I, de rubro siguiente: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 5/2019 (10a.), sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, identificada con el registro 2019191, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, que reza: "PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS AUTORIDADES DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA A LAS INSTANCIAS QUE LES SEAN ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO HUMANO, SE SUSTENTA EN FACULTADES DE NATURALEZA COINCIDENTE." En virtud de lo expuesto, es evidente la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción Xll, en relación con la fracción I del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procede desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita. USUARIO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS De igual manera, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 1, 14, 34, 39, 55 y 58 del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se habilite para que pueda acceder, consultar y se le notifiquen vía electrónica los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, con la clave de usuario "********************". En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario "********************", para que pueda ingresar, consultar y ser notificado vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada siempre y cuando proceda de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), con número de registro digital 2026122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, bajo el rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso". Respecto al domicilio convencional para oír y recibir notificaciones que indicó, se toma nota para los efectos que haya lugar, sin que en el caso se ordene realizarlas en el mismo, en virtud de lo ordenado en el párrafo que antecede. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente del amparo.RASG/avh*
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