José González Jimenez

Expediente 2531/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2531/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • José González Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta de la que se desprende que la parte quejosa, dentro del término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por ********************, contra actos del Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, conforme a su numeral 2°, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad y previas las anotaciones de ley en el libro de gobierno, archívese el presente asunto concluido, en la inteligencia de que una vez transcurridos tres años, será destruido en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte; así como capítulo octavo, punto 8.1.2, sub punto 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE LOS ACTUALES QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa ********************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********************, para los efectos legales a que haya lugar, por medio del cual desahoga la prevención contenida en autos de seis y catorce de diciembre de dos mil veintitrés. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, así como los escritos aclaratorios, y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Así, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]" "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Previo al estudio de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo, es necesario precisar que la parte quejosa tiene el carácter de parte demandada, y se duele ahora en esta demanda de amparo del auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 7/2021, del índice del Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, mediante cual se niega suspender de la ejecución de sentencia solicitada. Por tanto, la suscrita Juzgadora, advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, suficiente para desechar por notoriamente improcedente, la referida demanda de amparo, por las siguientes consideraciones. Es así, los artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De ese precepto se desprende que, el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto reconoció la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados después de concluido el juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en ciertos supuestos. Por ello, estableció límites expresos en la lógica de perseguir claros objetivos para salvaguardar la efectividad del juicio de amparo y no arriesgar que éste quede sin materia cuando su interposición sea en contra de resoluciones intermedias del procedimiento, y también garantizar la efectividad de la tutela judicial evitando dilaciones innecesarias de los procedimientos judiciales de instancia, porque de permitir la interposición ilimitada del juicio constitucional federal suspendería la continuidad del procedimiento de ejecución. Razón por la cual, la regla prevista en el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es contundente en limitar la procedencia del amparo a la última resolución del remate entendida ésta como la resolución que ordena la escrituración y/o entrega indistintamente del bien adjudicado. Misma situación que estatuye la regla de procedencia de los actos tendentes a la ejecución de sentencia que conforme al párrafo segundo de la fracción IV del mismo dispositivo, el juicio constitucional solo resultará procedente contra la última resolución de esa fase, la cual podrá ser en los siguientes supuestos: El auto que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. La declaración de imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mandato. Los que ordenen el archivo definitivo del expediente. Es decir, de acontecer alguno de los supuestos descritos, entonces, se podrá reclamar en la instancia constitucional las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora, para una mejor comprensión del asunto, debe destacarse que el acuerdo que se reclama en esta vía, es el auto por el cual se niega la suspensión de la ejecución de sentencia solicitada por la parte quejosa y del cual se advierte que, en efecto, se trata de un mandato dictado en etapa de ejecución, toda vez que lo que se trata de suspender es que se lleve a cabo el otorgamiento de escritura en su rebeldía. A fin de evidenciar lo anterior, es menester precisar que de lo antecedentes narrados por la parte aquí quejosa se advierte que fue vencido y condenado en el juicio de origen, por lo cual interpuso recurso de apelación, el cual fue confirmado, y posteriormente promovió juicio de amparo directo, el cual se le negó y protección de la justicia federal. De igual manera, se destaca que el procedimiento de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, que al haberse negado el amparo y protección de la justicia federal, se otorgó escritura por su rebeldía y se ordenó enviar los autos a la notaría Pública Número Veintiséis para el Distrito Judicial Morelos, para que se lleve a cabo el otorgamiento de la misma. Que con motivo de esta última actuación, solicitó que no fueran enviados los autos a la notaria y se suspendiera su ejecución, en virtud de que en diverso expediente y juicio se ventila una acción en contra del autor de la sucesión a bienes de *************, representada por su albacea aquí quejoso. Ante tal petición recayó el acto que a través de la presente vía constitucional se combate, consistente en el auto de quince noviembre de dos mil veintidós, por el cual se niega acordar de conformidad la suspensión de la ejecución de sentencia. Es decir, la citada actuación, no constituye el proveído que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; la declaración de imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mandato; o bien, ordena el archivo definitivo del expediente. Por tanto, aunque se haya ordenado turnar los autos al notario público para el otorgamiento de la escritura por su rebeldía, y que si bien, en el auto impugnado se niega acordar de conformidad su petición en el sentido de que no se sean enviados los autos el fedatario para el otorgamiento de la escritura, que consiste prácticamente en la suspensión del procedimiento de ejecución, tal actuación no da pauta para la procedencia del juicio de amparo, pues no se trata de un acto definitivo en la etapa de ejecución, en términos del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ya que la citada negativa a la solicitud de suspensión aquí combatida, procura y se endereza a lograr el cumplimiento de los obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio, tal y como el quejoso manifiesta en su desahogo de prevención "fui vencido en primera instancia en otorgar la escritura pública a favor del hoy tercero interesado". Decisión que según su propia relatoría de antecedentes, constituye cosa juzgada al haberse negado el amparo uniinstancial en contra de la confirmación del fallo primigenio. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2022499, que refiere lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva". En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113, de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********************.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa ********************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********************, para los efectos legales a que haya lugar, por medio del cual desahoga la prevención contenida en autos de seis y catorce de diciembre de dos mil veintitrés. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, así como los escritos aclaratorios, y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Así, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]" "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Previo al estudio de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo, es necesario precisar que la parte quejosa tiene el carácter de parte demandada, y se duele ahora en esta demanda de amparo del auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 7/2021, del índice del Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, mediante cual se niega suspender de la ejecución de sentencia solicitada. Por tanto, la suscrita Juzgadora, advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, suficiente para desechar por notoriamente improcedente, la referida demanda de amparo, por las siguientes consideraciones. Es así, los artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De ese precepto se desprende que, el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto reconoció la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados después de concluido el juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en ciertos supuestos. Por ello, estableció límites expresos en la lógica de perseguir claros objetivos para salvaguardar la efectividad del juicio de amparo y no arriesgar que éste quede sin materia cuando su interposición sea en contra de resoluciones intermedias del procedimiento, y también garantizar la efectividad de la tutela judicial evitando dilaciones innecesarias de los procedimientos judiciales de instancia, porque de permitir la interposición ilimitada del juicio constitucional federal suspendería la continuidad del procedimiento de ejecución. Razón por la cual, la regla prevista en el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es contundente en limitar la procedencia del amparo a la última resolución del remate entendida ésta como la resolución que ordena la escrituración y/o entrega indistintamente del bien adjudicado. Misma situación que estatuye la regla de procedencia de los actos tendentes a la ejecución de sentencia que conforme al párrafo segundo de la fracción IV del mismo dispositivo, el juicio constitucional solo resultará procedente contra la última resolución de esa fase, la cual podrá ser en los siguientes supuestos: El auto que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. La declaración de imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mandato. Los que ordenen el archivo definitivo del expediente. Es decir, de acontecer alguno de los supuestos descritos, entonces, se podrá reclamar en la instancia constitucional las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora, para una mejor comprensión del asunto, debe destacarse que el acuerdo que se reclama en esta vía, es el auto por el cual se niega la suspensión de la ejecución de sentencia solicitada por la parte quejosa y del cual se advierte que, en efecto, se trata de un mandato dictado en etapa de ejecución, toda vez que lo que se trata de suspender es que se lleve a cabo el otorgamiento de escritura en su rebeldía. A fin de evidenciar lo anterior, es menester precisar que de lo antecedentes narrados por la parte aquí quejosa se advierte que fue vencido y condenado en el juicio de origen, por lo cual interpuso recurso de apelación, el cual fue confirmado, y posteriormente promovió juicio de amparo directo, el cual se le negó y protección de la justicia federal. De igual manera, se destaca que el procedimiento de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, que al haberse negado el amparo y protección de la justicia federal, se otorgó escritura por su rebeldía y se ordenó enviar los autos a la notaría Pública Número Veintiséis para el Distrito Judicial Morelos, para que se lleve a cabo el otorgamiento de la misma. Que con motivo de esta última actuación, solicitó que no fueran enviados los autos a la notaria y se suspendiera su ejecución, en virtud de que en diverso expediente y juicio se ventila una acción en contra del autor de la sucesión a bienes de *************, representada por su albacea aquí quejoso. Ante tal petición recayó el acto que a través de la presente vía constitucional se combate, consistente en el auto de quince noviembre de dos mil veintidós, por el cual se niega acordar de conformidad la suspensión de la ejecución de sentencia. Es decir, la citada actuación, no constituye el proveído que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; la declaración de imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mandato; o bien, ordena el archivo definitivo del expediente. Por tanto, aunque se haya ordenado turnar los autos al notario público para el otorgamiento de la escritura por su rebeldía, y que si bien, en el auto impugnado se niega acordar de conformidad su petición en el sentido de que no se sean enviados los autos el fedatario para el otorgamiento de la escritura, que consiste prácticamente en la suspensión del procedimiento de ejecución, tal actuación no da pauta para la procedencia del juicio de amparo, pues no se trata de un acto definitivo en la etapa de ejecución, en términos del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ya que la citada negativa a la solicitud de suspensión aquí combatida, procura y se endereza a lograr el cumplimiento de los obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio, tal y como el quejoso manifiesta en su desahogo de prevención "fui vencido en primera instancia en otorgar la escritura pública a favor del hoy tercero interesado". Decisión que según su propia relatoría de antecedentes, constituye cosa juzgada al haberse negado el amparo uniinstancial en contra de la confirmación del fallo primigenio. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2022499, que refiere lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva". En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113, de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********************.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE CATORCE DE LOS ACTUALES QUE EN LO CONDUCENTE DICE:

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