José Gómez Camacho

Expediente 864/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
864/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • José Gómez Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos se advierte que no existe actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dos de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio que remite el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS, con residencia en Ocampo, Guanajuato; remítase al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, virtud aceptó la competencia declinada por este juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a Carlos Andrés Sanabria Yuriar la suspensión definitiva. Notifíquese

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, siete de julio de dos mil veintiuno. I. Quejoso. José Gómez Camacho. II. Formación del expediente. Recibido el escrito de demanda signado por Piedad Camacho Osuna, en favor de José Gómez Camacho, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social 12, con residencia en Ocampo, Guanajuato; regístrese en el libro de gobierno con el número 864/2021, y fórmese el sumario físico respectivo; de igual forma, en acatamiento a lo dispuesto en el ordinal 3 de la ley de la materia, se ordena la apertura del expediente electrónico, el cual deberá corresponder íntegramente con el impreso. II. Suspensión de plano. No obstante que, como se verá en apartado posterior, este Juzgado carece de competencia en razón del territorio para conocer de la demanda presentada, con base en lo previsto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, debido a que, del estudio integral a la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados a la responsable consisten en la omisión de proporcionarle atención médica, así como la segregación a la que se dice ha sido objeto en el lugar de reclusión del quejoso. Dado que dicho acto reclamado podría implicar riesgo para la vida de los quejosos, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que la responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social 12, con residencia en Ocampo, Guanajuato, gire las respectivas instrucciones, gestiones o lleven a cabo cualquier acto necesario para que se proporcione al quejoso José Gómez Camacho, la atención médica y medicamentos necesarios para el debido tratamiento de él o los padecimientos de que se duela, bajo la responsabilidad del médico o médicos tratantes. En el entendido que deberá ser sometido de forma inmediata a la valoración de un especialista que esté en aptitud de recetar y suministrar aquellos medicamentos que realmente necesite para su eficaz tratamiento; lo anterior, deberá hacerse bajo las medidas terapéuticas adecuadas y bajo la estricta responsabilidad del médico o médicos tratantes. Ello es así, ya que la falta de atención médica y/o de medicamentos puede causar menoscabo a la salud de los quejosos, con lo que se puede poner en riesgo su vida, por lo que, en aplicación del principio pro persona se considera adecuado proveer en los términos ya citados. De igual forma, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que de inmediato cese cualquier acto de los previstos por el artículo 22 Constitucional. Requiérase a la autoridad responsable para que acate de inmediato la suspensión de plano concedida y, dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, contadas a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, informe el cumplimiento que haya efectuado en relación a la medida cautelar otorgada, apercibida que de hacer caso omiso, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del ordinal 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. III. Solicitud de colaboración. Toda vez que el quejoso José Gómez Camacho se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social 12, con residencia en Ocampo, Guanajuato; con fundamento el artículo 27, fracción ll de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su numeral 2, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, para efecto que en auxilio en las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al funcionario correspondiente se constituya en las instalaciones del centro penitenciario anteriormente señalado, para que dé fe judicial de la integridad física del agraviado, y notifique el presente proveído. De igual manera, dada la gravedad de los actos materia de reclamo, solicítese a la autoridad exhortada en auxilio de este Juzgado de Distrito notifique el oficio correspondiente a la responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social 12, con residencia en Ocampo, Guanajuato, que para tal efecto se le remita a fin de notificar la suspensión de plano decretada y solicitarle su informe respectivo. Se hace del conocimiento del juzgador que conozca de la encomienda solicitada, que este órgano jurisdiccional no desconoce las reglas de las notificaciones respecto de las autoridades responsables, contenidas en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, consistentes en cuando la notificación sea por oficio y la autoridad resida fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo; sin embargo, dada la concesión de la suspensión de plano y el requerimiento al cumplimiento de ésta por parte de las responsables que se encuentran dentro de su jurisdicción, es por lo que se solicita su apoyo en la notificación de los oficios en comento, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 Constitucional. IV. Incompetencia. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se advierte los actos reclamados se hacen consistir en la falta de atención médica y segregación por parte del Director del Centro Federal de Readaptación Social 12, con residencia en Ocampo, Guanajuato, en el que se encuentra recluido. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que carece de legal competencia en razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en estudio, ya que el acto tendrá o tienen ejecución en la ciudad de Ocampo, Guanajuato, cuya jurisdicción está a cargo de los Juzgados de Distrito de esa entidad federativa, con sede en León. En relación con la anterior, el artículo 37 de la Ley de Amparo contempla tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por su parte, el artículo 4 Constitucional, así como los diversos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalan que las autoridades penitenciarias tienen la obligación de brindar atención médica a quienes se encuentren privadas de la libertad; por lo que al presentarse demanda de amparo en contra de la omisión de brindar el servicio médico a los internos, debe tener conocimiento el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio en el que se encuentre el centro penitenciario donde se halle recluso el promovente de amparo. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes seis de diciembre de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2021191, y de contenido: OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. Por tanto, sobre el particular se actualiza la primera de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, la omisión de proporcionar atención médica al quejoso que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 12, con residencia en Ocampo, Guanajuato, es un acto del que es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, conforme lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En esa intelección, es evidente que surge causa de incompetencia para este órgano de control constitucional para conocer de los actos reclamados por el quejoso, acorde a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues se reclama la omisión de brindar atención médica y actos de segregación en un Centro de Readaptación Social con residencia en Ocampo, Guanajuato, de ahí que es competente por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Por lo expuesto, con fundamento en el numeral 48 de la ley de la materia y la jurisprudencia de la Primera Sala invocada, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, y declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y remítase vía mensajería acelerada la demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito que corresponda y provea lo que estime procedente. Se instruye a la Secretaría encargada del trámite para que vigile que el envío de los autos sea hecho con la debida diligencia. Solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Romualdo Ruiz López, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/1079/2021, de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno ante el licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que autoriza y da fe.

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