José Godinez Curiel

Expediente 1504/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1504/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • José Godinez Curiel

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Se concede a la parte quejosa el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para recoger los documentos exhibidos en el juicio. Se le apercibe que, de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental, así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por conducto de su apoderado *******, contra actos del Congreso del Estado de Colima, y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 16, 17 y 31, fracción IV, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1504/2022-V. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: -La inconstitucionalidad del artículo 62 Bis 1, fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima- La aplicación de la norma citada mediante la recaudación del cobro por la cantidad de $******************** (******************** mil ******************** pesos 00/100), efectuada el ocho de diciembre de dos mil veintidós. Desechamiento. Al respecto debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a este juzgado federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia, se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ahora bien, en el caso particular este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo señalan:(...) Del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo los preceptos transcritos con anterioridad, se evidencia que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contados de la forma que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo que, por regla general, es de la forma siguiente: 1) Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; 2) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, 3) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial, como sucede con los relativos al auto de formal prisión o de vinculación a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17, de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca, es de citar la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del Tomo IX, Junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." La jurisprudencia que precede, pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Como se anticipó, el quejoso reclama la expedición y promulgación de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, en específico del artículo 62 Bis 1, fracción IV. Asimismo, en el escrito de demanda el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del cobro de dicho impuesto el ocho de diciembre de dos mil veintidós, lo que se corrobora con el comprobante del pago que exhibe, realizado el ocho de diciembre del mismo año. De lo anterior se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del acto de aplicación de la norma que reclama, el ocho de diciembre de dos mil veintidós, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad. Lo expuesto pone en evidencia que a la fecha de presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima (treinta de diciembre de dos mil veintidós), había fenecido el plazo de quince días que tenía para hacerlo. Así, la causa de improcedencia que se estudia, opera en la medida que el quejoso no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la existencia del acto de aplicación de la ley aquí reclamada, pues al tratarse de leyes heteroaplicativas, el plazo para interponer el juicio de amparo en su contra, es a partir de la fecha en que se demuestre la notificación del primer acto de aplicación; esto de considerar que si el ahora quejoso se enteró del acto impugnado el ocho de diciembre del año en curso, cuando acudió a las oficinas del Registro Público y se le informó la forma en que se cuantificaba el monto del cobro y procedió a efectuarlo, entonces el plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, transcurrió del nueve al veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de diciembre del año en curso, por ser sábados y domingos. Asimismo, se tiene en cuenta la manifestación bajo protesta de decir verdad del quejoso en su escrito de demanda, en el sentido de que la fecha en que tuvo conocimiento del acto de aplicación de la norma, fue el ocho de diciembre de dos mil veintidós, la cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar la extemporaneidad de la demanda que se analiza. Sobre el particular se invoca la Tesis: 2a./J. 50/2002 publicada en la página 64 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Materia Constitucional, Común, Novena Época, registro digital 186676. En tales condiciones, es dable afirmar que el plazo de quince días había fenecido al treinta de diciembre del año en curso, en que se presentó la demanda, según se advierte del sello de recepción que consta impreso en el escrito de demanda; de ahí que debe considerarse que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el quejoso al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. Se invoca en apoyo a la determinación anterior la Tesis 2a. IV/98, localizable en la foja 227, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Asimismo, las jurisprudencias 13 y 14, consultables en la página 11, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, página 57, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Asimismo, ilustra lo anterior la tesis Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 3212, registro número 328325. En virtud de todo lo anterior, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación al artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se impone desechar la demanda de amparo. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda, ya que no se podría desvirtuar la fecha en que la quejosa fue notificada del acto reclamado, con el material probatorio que pudiera aportar en el juicio. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487. Sin que la presente determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921. Domicilio procesal e intervención de autorizados. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Po otra parte, se tiene como autorizados de la parte quejosa en amplios en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a que ********************y ********************, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa designando únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos a ********************, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.). Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Notifíquese en términos de ley.

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