José Gilberto Temoltzin Martínez

Expediente 1171/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1171/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • José Gilberto Temoltzin Martínez
  • Jaime Corestenin Gitlin, representante de

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 48), se ordenó el archivo de este asunto; sin embargo se estableció que el cuaderno de antecedentes en que se actúa era destruible una vez transcurridos cinco años posteriores a la notificación del auto citado. No obstante, toda vez que se está en la hipótesis a que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la aclaración que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción una vez transcurridos seis meses posteriores a la notificación del auto que ordenó su archivo; en consecuencia, toda vez que a la fecha ya transcurrió en exceso dicho plazo, procédase a su inmediata destrucción.

  2. Principal

    Agréguese el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, informa que se aceptó la competencia planteada por este juzgado, y se admitió la demanda de amparo promovida por José Gilberto Temoltzín Martínez por conducto de su representante Jaime Corenstein Gitlin quedando registrada con el número de amparo 1465/2016 de su índice. En ese orden, del estado de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción del cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 1171/2016-IV, toda vez que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual Jaime Corenstein Gitlin, en representación de José Gilberto Temoltzín Martínez, solicita la devolución del instrumento notarial que adjuntó a su escrito de demanda; ahora, toda vez que en auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la presente contienda constitucional y mediante oficio 39384/2016 de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se remitió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el expediente original 1171/2016-IV del índice de este Juzgado, dada la incompetencia planteada por el mismo; en tal virtud, remítase en vía de alcance el escrito de cuenta, dejando en autos copia certificada del mismo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el Jaime Corenstein Gitlin, en representación de José Gilberto Temoltzín Martínez, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.Expuesto lo anterior, vista de nueva cuenta la demanda de amparo así como el escrito de cuenta, se provee: Ahora, del estudio integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte como acto reclamado destacado la resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca de queja 352/2016 por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en la cual no se admitió a trámite el recurso de queja presentado por Jaime Corenstein Gitlin, en representación de José Gilberto Temoltzín Martínez, en contra del diverso auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 1318/2010, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, en el cual se decretó la caducidad del mismo.En el caso resulta pertinente señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito.Lo anterior en virtud de que este órgano jurisdiccional se estima legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por Jaime Corenstein Gitlin, en representación de José Gilberto Temoltzín Martínez, por el acto precisado en párrafos precedentes, por razón de la vía.En ese sentido, conviene señalar que los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.(.)"."Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda."(.)""Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley."(.)""Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes."La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido.Explicado lo anterior, debe mencionarse que del contenido de los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.Para mayor comprensión resulta oportuno transcribir el contenido de los preceptos citados:"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.)""Articulo 107. El amparo indirecto procede:I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;b) Las leyes federales;c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;e) Los reglamentos federales;f) Los reglamentos locales; yg) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; yb) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; yVIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto."En la especie se advierte que el acto reclamado, no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues lo constituye la resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca de queja 352/2016 por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en la cual no se admitió a trámite el recurso de queja presentado por Jaime Corenstein Gitlin, en representación de José Gilberto Temoltzín Martínez, en contra del diverso auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 1318/2010, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, en el cual se decretó la caducidad del mismo, en virtud de ser una resolución que pone fin al juicio en comento. En efecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo directo (que conoce un Tribunal Colegiado de Circuito), procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio.Para mejor comprensión en el sentido de la presente resolución, resulta conveniente señalar los antecedentes del acto reclamado los cuales consisten en:José Gilberto Temoltzín Martínez, demandó en la vía ordinaria civil en contra de Gilberto Temoltzin Moreno, el cual fue radicado con el número 1318/2010 del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Hidalgo.Posteriormente, mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, con motivo del escrito presentado por María Magdalena Temoltzin Martínez albacea de Gilberto Temoltzín Moreno, se decretó la caducidad de la instancia.Inconforme con la anterior resolución, el citado demandado interpuso recurso de queja, que fue resulto mediante resolución de ocho de septiembre del presente año, por la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, declarándose improcedente dicho medio de convicción.Por consiguiente, toda vez que el acto reclamado es la resolución dictada en el toca de queja 352/2016 en la que se declaró improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en la que se decretó la caducidad de la instancia en el juicio de origen, es que se considera que el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo es el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, pues de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos órganos jurisdiccionales son los competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra resoluciones que ponen fin al juicio.Cabe hacer mención, que si bien la parte quejosa señala en su escrito aclaratorio que se duele de la falta de regulación respecto a la caducidad en el Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Tlaxcala y la falta del recurso en contra del auto por el que se decrete la caducidad, del análisis de la demanda de amparo se advierte que dichas manifestaciones son encaminadas a combatir el primigenio acto reclamado en sí, consistente en la resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el toca de queja 352/2016.Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 185437 de rubro y texto siguientes:"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo".No pasa inadvertido, para el suscrito resolutor las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J. 17/2003, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página 6, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.", Tomo XVIII, julio de 2003, página 10, con el rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." y Tomo XVIII, julio de 2003, página 15, con el rubro: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.", que en esencia establecen que si no se agotó el principio de definitividad, en contra de la resolución que puso fin al juicio, el tribunal colegiado deberá declararse incompetente y remitir los autos al juez de distrito respectivo, bajo el argumento de que no es la última resolución dictada en el procedimiento. Sin embargo, con fecha diez de abril de dos mil quince, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor."En dicho criterio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad.Y, finalizó señalando que las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003, que hablan sobre dichas cuestiones, se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, las cuales no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, por ello, se itera la incompetencia decretada en el presente asunto.Asimismo, tampoco pasa inadvertido para el suscrito resolutor la tesis I.6o.P.9 K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de dos mil dieciséis, tomo IV, página 2506, materia común, Décima Época que a la letra dice:"ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR TRIBUNALES JUDICIALES. LOS IMPUGNADOS EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracciones III y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 170, fracción I y 175, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, los actos de ejecución de sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales, impugnados por vía de consecuencia y no por vicios propios, no son reclamables en el juicio de amparo directo, en virtud de que por su naturaleza y por el momento en que se producen, es lógico sostener que las posibles violaciones en torno a esos actos, no se realizaron con el proceso que concluyó con la sentencia definitiva reclamada en el juicio de amparo directo, es decir, no tienen lugar durante el procedimiento, antes de la emisión de la resolución definitiva correspondiente, ni en ésta, sino posteriormente, pues la ejecución de un fallo presupone la existencia de éste; amén de que los actos de ejecución son reclamables en el amparo indirecto que se promueva contra ellos, siempre que afecten directamente derechos sustantivos del promovente."Sin embargo, del análisis de la demanda de amparo se advierte que en el apartado VI. referente a los hechos o antecedente del acto reclamado, el quejoso bajo protesta de decir verdad, en el punto tres manifiesta que en el juicio de origen no se ha dictado sentencia, por lo que el caso en concreto no encuentra en la hipótesis anteriormente señalada.Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, una vez que obre en autos la constancia de la notificación del presente proveído realizada a la parte quejosa, remítase el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, para los efectos previstos en el citado artículo; solicitando el acuse de recibo respectivo; fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas.

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