José Gilberto Pérez Rivera

Expediente 1197/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 39 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1197/2017
Año
2017
Actuaciones
39
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • José Gilberto Pérez Rivera
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Social Villa Aldama, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio número 444, firmado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual, remite los autos originales del juicio de amparo 1197/2017 del índice de este juzgado; y testimonio de la resolución emitida en el incidente de inejecución de sentencia 1/2022, de su índice, la cual, resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se confirma la declaratoria de imposibilidad para cumplir la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 1197/2017, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa". En mérito de lo anterior, acúsese el recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales, del que deberán desglosarse las constancias que obren en copia simple, toda vez que éstas son susceptibles de destrucción y no son necesarias para la integración del juicio de amparo en el que se actúa, por lo que, únicamente agréguense al presente juicio de amparo, en el orden que corresponde, las constancias originales del cuaderno de antecedentes en comento. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, deberá depurarse con posterioridad al dos de febrero de dos mil veinticinco. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 58/2022, firmado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual, informa que admitió el incidente de inejecución propuesto por esta potestad, por lo que radicó el expediente 1/2022; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que mediante oficio SEADS/ 1124/ 2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal, acordó la adscripción de la Juez Daniela María León Linarte, como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, ello, hágase del conocimiento de las partes, para que en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días hábiles, contado a partir de que se encuentren notificadas, manifiesten lo que en derecho corresponda. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 104/2010, que por contradicción de tesis aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 312, Tomo XXXII, Julio de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de quince días hábiles concedido a la parte quejosa por acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a dicha determinación, transcurrió del catorce de octubre al cinco de noviembre del año en curso, descontando los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre del dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles, sin que lo haya hecho valer. Por ello, como esta ordenado en el acuerdo de once de octubre del dos mil veintiuno, remítanse los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a fin de que por su conducto lo remita al Tribunal que por razón de turno corresponda, para que dicho tribunal se pronuncie respecto a la imposibilidad manifestada por la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector. Notifíquese por lista de acuerdos.

  4. Principal

    V i s t o el estado de los autos, este Juzgado de Distrito debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el considerando quinto de la sentencia de amparo, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable a realizar lo siguiente: "a) De inmediato, deberán establecer un mecanismo efectivo a través del cual al quejoso José Gilberto Pérez Rivera, se le realice el estudio denominado TAC contrastada de cráneo; y, con el resultado de dicho estudio, sea valorado por el especialista en neurología, proporcionándole, de ser necesario, el medicamento que al efecto le sea prescrito, para lo cual, de ser necesario, realicen las gestiones pertinentes con la celeridad que el caso requiera, e incluso de ser necesario, por conducto de una institución externa o de los familiares del propio quejoso le sea proporcionado el tratamiento que su padecimiento amerita, ello, a efecto de que recupere la salud, acciones de las que deberá informar dentro del término de diez días naturales para que se lleven a cabo e informen al suscrito las acciones realizadas." Primer cumplimiento. El ocho de noviembre del dos mil dieciocho, este juzgado tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; sin embargo, el quejoso interpuso recurso de inconformidad en contra de dicha determinación, mismo que por razón de turno le correspondió resolver al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, quien por resolución de nueve de mayo del dos mil diecinueve, emitida en los autos del recurso de inconformidad 55/2018 de su índice, declaró fundado el recurso de inconformidad, por lo que por acuerdo de dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo los lineamientos del fallo protector. Además, se le precisó que los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, se pronunciaron en relación a que: "no se ha cumplido la ejecutoria de amparo, pues al habérsele diagnosticado neuroma doloroso, el cual debe ser extraído quirúrgicamente y se le suministró para aminorar su dolor el medicamento Dorixina Relax cada veinticuatro horas por veinticinco días, debe constar fehacientemente que el impetrante de amparo ya fue operado y que en el caso de no haber sucedido, se le este suministrando el medicamento en la cantidad y periodicidad prescrita; en el caso no obra constancia alguna que demuestre que ya se le realizó dicha intervención quirúrgica, ni de que efectivamente le haya sido suministrado el medicamente de referencia." Conductas realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió las siguientes constancias: 1. Oficio SSPC/PRS/CFRS5/DG/22746/2019 de once de octubre del dos mil diecinueve, firmado por la Encargada del Despacho de la Dirección Jurídica en ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" con residencia en Villa Aldama, Veracruz, al que anexó: Copia certificada de los resultados del TAC practicado al paciente José Gilberto Pérez Rivera y del oficio CGCF/CFRS5/DG/21729/2019. 2. Oficio SSPC/PRS/CFRS5/DG/25820/2019 de veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve, firmado por el Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" con residencia en Villa Aldama, Veracruz, al que adjuntó: Copia certificada del acta administrativa de egreso número 2800/2019 de veintitrés de noviembre del dos mil diecinueve. 3. Oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS12CPS-GTO/DG/24719/2019 de veintisiete de diciembre del dos mil diecinueve, firmado por el Director Administrativo en suplencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato" con residencia en Ocampo, Guanajuato, al que adjuntó: Copia certificada de la revaloración médica de José Gilberto Pérez Rivera, de veinte de diciembre del dos mil diecinueve. 4. Oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS12CPS-GTO/DG/6720/2021 de veintinueve de abril del dos mil veintiuno, firmado por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato" con residencia en Ocampo, Guanajuato, al que acompañó: Copia certificada de la interpretación del TAC practicado al paciente José Gilberto Pérez Rivera, el catorce de abril del dos mil veintiuno. 5. Oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS12CPS-GTO/DG/8195/2021 de veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, firmado por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato" con residencia en Ocampo, Guanajuato, al que anexó: Copia certificada de la valoración médica realizada a José Gilberto Pérez Rivera, el catorce de mayo del dos mil veintiuno. 6. Oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS12CPS-GTO/DG/11275/2021 de quince de julio del dos mil veintiuno, firmado por la Directora Jurídica en suplencia del Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato" con residencia en Ocampo, Guanajuato, al que adjunto: Copia certificada de la valoración del paciente José Gilberto Pérez Rivera, realizada el doce de julio del dos mil veintiuno. 7. Oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS12CPS-GTO/DG/14859/2021 de ocho de septiembre del dos mil veintiuno, firmado el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato" con residencia en Ocampo, Guanajuato, al que adjunto: Copia certificada de la valoración del paciente José Gilberto Pérez Rivera, realizada el treinta de agosto del dos mil veintiuno. 8. Oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS12CPS-GTO/DG/15109/2021 de trece de septiembre del dos mil veintiuno, firmado por la Directora Jurídica en suplencia del Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato" con residencia en Ocampo, Guanajuato, al que adjuntó: Copia certificada del oficio SSPC/PRS/CGCF/ CFRS12CPS-GTO/DG/14477/2021 de tres de septiembre del dos mil veintiuno, firmado por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato" con residencia en Ocampo, Guanajuato. Copia certificada del acta de egreso número 370/2021 de tres de septiembre del dos mil veintiuno, en la que se ordenó la libertad de José Gilberto Pérez Rivera, quien la firmo de conformidad. De las actuaciones enunciadas se advierte que la potestad común realizó estas acciones: El veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, se le practicó la Tomografía Axial Computarizada de cráneo al quejoso José Gilberto Pérez Rivera. El veintitrés de noviembre del dos mil diecinueve, el quejoso José Gilberto Pérez Rivera, egreso del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, para ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato. El veinte de diciembre del dos mil diecinueve, el quejoso José Gilberto Pérez Rivera, fue revalorado por el médico de del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, quien reviso el expediente clínico del centro de procedencia y determinó canalizarlo al especialista en cirugía general, para determinar su padecimiento. El catorce de abril del dos mil veintiuno, se le realizó al quejoso la Tomografía Axial Computarizada, de la que de su interpretación que aprecia que la conclusión fue hematoma subgaleal occipital derecho de aspecto crónico, encéfalo sin evidencia de lesiones y a correlacionar con el texto clínico, haciéndole una cita ante la especialidad correspondiente a efecto de que se determinará el plan médico a seguir por parte del especialista que en su momento lo valoraría. El catorce de mayo del dos mil veintiuno, se valoró nuevamente al quejoso, ordenándose su envió a cirugía de cabeza y cuello, para normar conducta por cronicidad de la lesión, pues el diagnóstico fue D210- tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y cuello, hematoma calificado. El doce de julio del dos mil veintiuno, se valoró de nueva cuenta al quejoso, toda vez que se había rechazado la nota médica de especialidad de catorce de mayo del dos mil veintiuno, indicándose el plan médico a seguir, contando en esa fecha con diversas citas relacionadas con su problema de salud. El treinta de agosto del dos mil veintiuno, se le realizó valoración médica al quejoso, en donde el galeno encargado de su realización determinó el plan médico a seguir, remitiéndolo a la especialidad de neurocirugía, por lo que se le solicitó a la autoridad corresponsable la cita respectiva. No obstante ello, el trece de septiembre del dos mil veintiuno, la Directora Jurídica en suplencia del Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato" con residencia en Ocampo, Guanajuato, informó la imposibilidad que tiene para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que el quejoso egresó de dicho centro penitenciario al haberse acogido al beneficio de la libertad condicionada sin monitoreo, anexando la autorización y el acta de egreso respectivos, en la que el quejoso firmo de conformidad. Imposibilidad para cumplimentar el fallo protector. Ahora, como se precisó con antelación, el efecto de la sentencia amparadora consiste en que, de inmediato se debería establecer un mecanismo efectivo a través del cual, al quejoso José Gilberto Pérez Rivera, se le realizara el estudio denominado TAC contrastada de cráneo y con el resultado de dicho estudio, fuera valorado por el especialista en neurología y de ser necesario se le proporcionara el medicamento que le sea prescrito e incluso de ser necesario, por conducto de una institución externa o de sus familiares le sea proporcionado el tratamiento que su padecimiento amerita, a efecto de que recupere su salud; y al habérsele diagnosticado neuroma doloroso, el cual debe ser extraído quirúrgicamente, se le suministró Dorixina Relax cada veinticuatro horas por veinticinco días, para aminorar su dolor, por lo que debe constar fehacientemente que el impetrante de amparo ya fue operado y que en el caso de no haber sucedido, se le esté suministrando el medicamento en la cantidad y periodicidad prescrita. Por consiguiente, resulta incuestionable que el suscrito se encuentra impedido para pronunciarse respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que se originó una situación jurídica diversa a la que constituyó el acto reclamado y, por tanto, es también diferente a la que provocó la protección constitucional, la cual dejó de existir con lo informado por la responsable, pues el quejoso ya no se encuentra bajo sus potestad, toda vez que fue puesto en libertad, tal y como se aprecia de la copia certificada del acta de egreso número 370/2021 de tres de septiembre del dos mil veintiuno; en consecuencia, este juzgador se encuentra imposibilitado real, material y jurídicamente para requerir diversas medidas de cumplimiento a la autoridad responsable. Bajo esas condiciones, -salvo opinión contraria de la superioridad- este Juzgado de Distrito declara que existe imposibilidad real, material y jurídica para el cumplimiento total de la sentencia concesoria del amparo, en virtud de que el quejoso ya no se encuentra bajo la potestad de la autoridad responsable y por ende no se le puede conminar a que de cumplimiento al fallo protector; por tanto, con fundamento en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, envíense los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para que sea la superioridad quien dicte la resolución que en derecho proceda respecto a la imposibilidad jurídica de cumplimiento a la multicitada sentencia de amparo. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), con número de registro 2014210, formada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Por consiguiente, con fundamento en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con tal circunstancia por un término de quince días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, para que estén en aptitud de inconformarse de considerarlo conveniente a sus intereses; en el entendido que una vez que transcurra dicho plazo, sin que las partes se hayan inconformado, de conformidad con los aludidos preceptos legales, se aplicará por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y se enviarán los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado, para que determine lo conducente respecto a la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2018, con número de registro 2017828, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

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