José Gilberto Hernández Flores

Expediente 807/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
807/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • José Gilberto Hernández Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Téngase al Segundo Tribunal de Alzada en materia Penal de Texcoco, México, acusando recibo de las constancias que se ordenaron devolver el diecinueve de abril pasado. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó el amparo y protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del dieciséis de marzo pasado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Devuélvase a la autoridad responsable las constancias que adjuntó a su informe justificado, solicitando acuse de recibo correspondiente; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia. Notifíquese; personalmente al quejoso en el centro preventivo en que se encuentra interno. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 807/2020-II, promovido por ********************************, Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las pruebas que adjunto la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 807/2020-II; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, turnado al Juzgado Decimosegundo de Distrito de dicha sede, ********************************, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal en el Distrito de Texcoco, Estado de México. Dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo; por lo que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, envió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnándose a este Juzgado Federal el tres de noviembre del año pasado. II. Previo desahogo mediante auto del veinticuatro de noviembre pasado, se admitió a trámite el presente juicio, el cual quedó registrado con el número 807/2020-II; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. III. A partir del diecinueve de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de ciertos casos, conforme al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y fue el treinta y uno de diciembre pasado, cuando se ordenó reanudar el procedimiento de este juicio de amparo, al considerarse como asunto de carácter urgente puesto que el acto reclamado afecta la libertad personal pues se trata de una solicitud para hacer efectivo un beneficio de ejecución de pena que suspenda la privación de libertad, asimismo se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; ; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: - La resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, que desecha el recurso de revisión extraordinaria hecho valer por el sentenciado ******************************** (aquí quejoso), a fin de resolver sobre la aplicación de una ley posterior que considera le resulta favorable. TERCERO. El Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo debe tenerse por cierto. Certeza que se corrobora con las constancias que fueron allegadas a este sumario constitucional y que obran integradas en el tomo I de pruebas. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causa de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio que se actualice alguna; por lo tanto, procede el análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales se dan por reproducidos, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante lo anterior, y para mejor entendimiento del asunto, se señala que el quejoso refiere de manera sustancial en su concepto de violación que la determinación reclamada:  Lo priva de sus derechos humanos sustantivos, en virtud de que el Tribunal de Alzada no estudio ni analizo su petición presentada el once de septiembre de dos mil veinte, dejando de observar el principio de congruencia, dado que al dictar la resolución reclamada lo hizo de manera arbitraria y deficiente, dejando de observar lo establecido en el artículo 14 Constitucional.  El Tribunal responsable no llevó a cabo un estudio de su solicitud presentada el once de septiembre de dos mil veinte, a lo cual se encontraba obligado resolviendo de manera análoga, por lo cual no cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad dado que lo resuelto por el órgano jurisdiccional no es conforme con sus pretensiones.  Que dicha determinación no cuenta con la debida motivación y fundamentación, pues no expresa las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para emitir el acto reclamado, ni los preceptos legales aplicables. QUINTO. Los conceptos de violación sintetizados son infundados. Lo anterior es así, pues de la resolución que constituye el acto reclamado, se advierte que la autoridad responsable precisó que conforme al numeral 424, fracción II, del Código de Procedimientos Penales abrogado en el Estado de México, se establece que la revisión extraordinaria de sentencia ejecutoria tiene por objeto resolver sobre la aplicación de una ley posterior que le resulte favorable al sentenciado. En ese contexto la autoridad responsable determinó que los argumentos propuestos por el revisionista aquí quejoso no encuentran sustento jurídico para proceder a su análisis y estudio a través del medio legal que promueve, ya que su petición radicó en el hecho de que ante la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede la reducción de un tercio de las penas y que conforme a los artículos 201, 202, párrafos tercero y cuarto de dicho código cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleve a cabo el procedimiento abreviado, es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años incluidas sus calificativas atenuantes y agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en el caso de delitos dolosos, de la pena de prisión que le corresponde al delito por el cual se le acusa. Por tanto, la autoridad responsable concluyó que la pretensión del quejoso consiste en que se le apliquen las penas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para el procedimiento abreviado, lo cual considero improcedente, porque de acuerdo a la época de comisión del hecho, el procedimiento que se le instauró por el hecho delictuoso cometido fue bajo a las normas procesales previstas en el Código de Procedimientos Penales abrogado en el Estado de México, de aplicación ultractiva, en términos del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por ende, se le impuso la sanción prevista en el código penal vigente al momento de la comisión del hecho delictivo. Reiteró la autoridad responsable, que la petición del sentenciado no encuentra sustento para entrar a su estudio y análisis, pues señalo que si bien la expedición de una ley posterior al dictado de una sentencia definitiva que le resulta más favorable al justiciable, es indiscutible que ésta debe aplicarse en su beneficio, sin embargo, consideró que es el código de procedimientos penales para el Estado de México, el aplicable al establecer en su artículo 424, fracción II, la procedencia de la revisión extraordinaria, cuando se apruebe una modificación legislativa que resulte favorable al sentenciado. Asimismo, precisó que conforme al artículo 2 del Código Penal para el Estado de México, deben aplicarse de oficio y retroactivamente las nuevas leyes según corresponda, siempre y cuando le sean más benéficas al justiciable tomando en consideración dos factores, la legislación actual y la vigente al tiempo de la comisión del delito, de modo que no es posible aplicar una nueva ley que regule cuestiones procesales a aquellas disposiciones que establecen las penas que corresponden al delito por el cual fue sentenciado el revisionista. En ese sentido la autoridad responsable determinó que no pueden aplicarse las penas correspondientes al procedimiento abreviado regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales ya que no implica una modificación a las penas previstas en el delito por el cual fue sentenciado, dado que la revisión extraordinaria no es un recurso para modificar las penas impuestas en un procedimiento abreviado con base en aquellas contempladas en dicho procedimiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que su petición carece de materia al listar legislaciones procesales diversas. Consecuentemente, la autoridad responsable desechó el recurso de revisión extraordinaria ya que la petición del quejoso no se adecua a lo dispuesto en el artículo 424 fracción II del Código de Procedimientos Penales abrogado en el Estado de México. Las consideraciones destacadas y en las que se sustenta el acto reclamado ponen de manifiesto lo infundado de los conceptos de violación, pues se estima que la determinación asumida por la autoridad responsable es correcta por lo siguiente. En principio se destaca que al ahora quejoso se le impuso la pena de prisión de seis meses conforme al numeral 289, fracción I del Código Penal del Estado de México, vigente en la época de los hechos, esto es dos mil trece; asimismo, se le impusieron diez años de prisión en términos de lo establecido por el numeral 290, fracción III, del mencionado código, penas que constituyen las mínimas como se advierte de la transcripción siguiente: "Artículo 289. El delito de robo se sancionará en los siguientes términos: (.) I. Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta veces salario mínimo, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a doscientos días multa." "Artículo 290. Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas señaladas en el artículo anterior con las siguientes: (.) III. Cuando se cometa en el interior de casa habitación y se utilice en su ejecución: A) Violencia sobre los bienes, se impondrán de 15 a 22 años de prisión y multa de uno a tres veces el valor de lo robado sin que exceda de dos mil días de multa, o, B) Violencia sobre las personas, se impondrán de 20 a 30 años de prisión y multa de uno a tres veces el valor de lo robado sin que exceda de dos mil días de multa". No obstante ello, como el ahora quejoso optó por el procedimiento abreviado, el Juez de la causa aplico el beneficio contenido en el artículo 389 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vigente en la época de los hechos, esto es, redujo en un tercio las penas de prisión impuestas, lo que arrojó una sanción privativa de libertad de siete años, el precepto del que se habla establece lo siguiente: "Artículo 389. El ministerio público podrá presentar la acusación y solicitar la apertura del procedimiento abreviado desde la audiencia en la que se resuelva la vinculación del imputado a proceso, hasta antes del pronunciamiento del auto de apertura de juicio oral. En caso de que el juez de control rechace la apertura del procedimiento abreviado, el ministerio público podrá retirar su acusación y solicitar al juez que fije un plazo para el cierre de la investigación, que no podrá exceder del originalmente señalado. El ministerio público manifestará su deseo de aplicar el procedimiento abreviado al formular su acusación por escrito, o verbalmente, en la misma audiencia intermedia. En caso de dictarse sentencia de condena, se aplicarán las penas mínimas previstas por la ley para el delito cometido, reducidas en un tercio, sin perjuicio de cualquier otro beneficio que proceda en términos del código penal. Tratándose de los delitos de extorsión, secuestro, homicidio doloso con modificativas que lo califiquen o lo agraven, el homicidio culposo de dos o más personas, violación, robo que ocasione la muerte, robo de vehículo automotor con violencia, robo cometido a interior de casa habitación con violencia, abuso de autoridad contemplado en la fracción II del segundo párrafo del artículo 137 bis, delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad y órganos jurisdiccionales, de la seguridad de los servidores públicos y particulares, el realizado contra el ambiente, contemplado en el párrafo segundo del artículo 229, y el de autorización de baile con contenido sexual en unidad económica, contenido en el artículo 148 Qúater, solamente de aplicarán las penas mínimas previstas por la ley para el delito cometido con exclusión de cualquier otro beneficio." Por otra parte, el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en sus artículos 201 y 202, párrafos tercero, lo siguiente: "Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y III. Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación". "Artículo 202. Oportunidad. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo. El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador". Del análisis de dichos preceptos se obtiene cuáles son los requisitos para autorizar el procedimiento abreviado y que cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso, y el ilícito por el cual se lleva acabo el procedimientos abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual se acusa. Con base en lo anterior el ahora quejoso solicito ante el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal en el Distrito Judicial de Texcoco la aplicación de la norma que mayor beneficio le producía, esto es, las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que en éste se puede solicitar la reducción hasta en una mitad de la pena mínima de los delitos de que se trate que en el caso es el de robo en la modalidad de haberse cometido en casa habitación con la agravante de violencia, sancionado en los preceptos antes transcritos ya que conforme al código procesal penal de la entidad federativa la pena mínima sólo puede reducirse en una tercera parte como se determinó en la sentencia condenatoria. Ahora bien, en relación con la aplicación de la ley más favorable debe tenerse en cuenta lo siguiente, el artículo 14 Constitucional establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Como puede observarse, esa disposición constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna; entonces interpretado en sentido contrario el citado precepto otorga un derecho a los gobernados consistente en que se le aplique retroactivamente una ley, cuando ello sea en su beneficio, lo que se conoce como la ultractividad, de modo que si una persona cometió un delito estando vigente una ley sustantiva con base en la cual se ejercitó en su contra la acción penal y fue sancionado con la pena privativa de libertad, y con posterioridad se promulga una nueva ley que prevé una pena menor para el mismo delito o bien deja de tener ese carácter, el gobernado tiene el derecho constitucional a que se le aplique retroactivamente la nueva ley. En ese sentido como se mencionó la intención del quejoso es que se le apliquen las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que constituye una norma más benéfica que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; sin embargo, el quejoso no advierte que no es posible acudir a las normas del mencionado Código Nacional por disposición de su artículo tercero transitorio que establece: "ARTÍCULO TERCERO. Abrogación El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo". De la disposición de transito reproducida se advierte que dispone que los procedimientos penales que a la entrada en vigor de ese ordenamiento se encuentren en trámite continuará su substanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos, de manera que ese código solo será aplicable a los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor con independencia de que los hechos hayan sucedió con anterioridad a su vigencia. En ese sentido como bien lo resolvió la autoridad responsable no es posible aplicar en beneficio del quejoso las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que la mencionada disposición transitoria así lo establece, por lo que al no poderse aplicar una norma que el quejoso considera produce mayor beneficio como bien se sostuvo en la resolución combatida no se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 424 fracción II, del Código de Procedimientos Penales aplicable. Por tanto contrario a lo que sostiene el quejoso el Tribunal de Alzada si estudio y analizo su petición de manera congruente y no se advierte que esta sea violatoria del artículo 14 Constitucional, en tanto que no se resolvió su petición por analogía como lo afirma el peticionario de amparo y el hecho de que la determinación reclamada no sea acorde a sus pretensiones ello no implica que sea violatoria de sus derechos fundamentales. Finalmente, contrario a lo que aduce el quejoso la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, pues se expresaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas para considerar que no es procedente la instancia intentada. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************************, por derecho propio, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal en el Distrito de Texcoco, Estado de México, por los motivos precisados en el último considerando del propio fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso en el centro preventivo en que se encuentra interno. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Rosario de América García Fuente, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal en el Distrito Judicial de Texcoco, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto del quince de febrero pasado hace del conocimiento de este Juzgado Federal que en el toca ********** de su índice, no existe el acto que el quejoso señaló en su escrito con registro 7296 y que hizo consistir en el auto del cinco de octubre de dos mil veinte, por el cual le fue negado el otorgamiento de la aplicación de una ley posterior que resulta favorable. Finalmente, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese; personalmente al quejoso en el Centro Preventivo en que se encuentra interno. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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