José Gilberto Escamilla Caballero

Expediente 654/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
654/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
30/10/2017

Partes del expediente

  • José Gilberto Escamilla Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, quien sería la única legitimada, interpusiera recurso de revisión contra del auto dictado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio en que se actúa, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    AVISO. Chetumal, Quintana Roo, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual, remite copia certificada del medio óptico que contiene el audio y video de la audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, relativa a la carpeta administrativa 220/2017, de su índice. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la citada documental, así como por desahogada en atención de su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido de la documental consistente en el disco versátil digital (DVD). En ese contexto, a efecto de una mejor conservación, resguárdese dicho disco versátil digital (DVD) por separado en la Secretaría de este Juzgado, cuyo contenido y previo análisis que sobre el mismo se efectuó, contiene la audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, relativa a la carpeta administrativa 220/2017. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de improcedencia es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el improcedencia en el juicio, analizarla de oficio. Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la orden de aprehensión o detención, así como el cumplimiento de dichas ordenes, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de perjudicar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de hacer efectivo el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, en la especie, se actualiza la referida causa de improcedencia, en virtud de que el quejoso acudió a la instancia constitucional a reclamar la orden de aprehensión dictada en su contra, dentro de la carpeta administrativa 220/2017, así como su ejecución; sin embargo, con posterioridad, el tres de octubre de dos mil diecisiete, el Juez responsable llevó a cabo la audiencia intermedia, en virtud de que el aquí quejoso se puso a su disposición, por lo que el citado Juez con citada audiencia ordenó la cancelación de la orden de aprehensión y reanudó el procedimiento de dicha carpeta administrativa. Esto es, se advierte que el Juez responsable, en la audiencia intermedia de tres de octubre del año en curso, canceló la orden de aprehensión, dictada contra José Gilberto Escamilla Caballero, en la carpeta administrativa 220/2017. En consecuencia, al haber cancelado la orden de aprehensión, motivo del acto reclamado en el escrito inicial de demanda, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía el hoy quejoso; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete dentro de la carpeta administrativa 220/2017, así como su ejecución. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Incidental

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado de autos, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha resolución y, por tanto, a partir de esta misma data, deja de surtir efectos la suspensión definitiva que se concedió a la parte quejosa. Esto es, queda expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para ejecutar los actos reclamados en el presente asunto. Lo anterior, hágase del conocimiento a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Incidental

    Agréguese a los presentes autos el escrito y anexos de cuenta signado por ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual informa que el dos de los corrientes, el directo quejoso **** se puso a disposición del Juez de la causa. En consecuencia, téngasele dando cumplimiento con una de las medidas de seguridad que le fueron impuestas al concedérsele la suspensión definitiva. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el cual informa que el tres de octubre del año en curso se llevó a cabo la audiencia de intermedia, relativa a la carpeta administrativa 220/2016, en la que se decretó la reapertura al proceso y se dejó sin efectos la orden de aprehensión, librada contra el aquí quejoso *****. En consecuencia, requiérase al Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, para que dentro del término de tres días legalmente computados, remita copia certificada de la audiencia intermedia de tres de octubre del año actual, relativa a la carpeta administrativa 220/2016, de su índice. En el entendido de que deberá remitir dichas constancias al juicio principal del cual deriva la presente incidencia.

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