José Gil Pérez Vargas

Expediente 319/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
319/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2017

Partes del expediente

  • José Gil Pérez Vargas
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el cinco de abril de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico; por ende destruible.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para obrar como corresponda el escrito presentado por la licenciada *****, defensora pública federal y del quejoso **************; en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte, para lo efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en diligencia de treinta de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso ******, ante el actuario judicial adscrito al Juzgado manifestó: "si ratifico el contenido del escrito, porque yo lo escribí de mi puño y letra". Ahora bien, en atención a lo manifestado por el quejoso, en el citado escrito de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, del que se advierte que no ratifica la demanda de amparo interpuesta a su favor por la licenciada Patricia Terrazas Marín, en atención a que él nunca le dijo nada acerca de los maltratos que ella señala en su escrito de demanda; en consecuencia, como se previno al quejoso, en proveído de veintisiete de marzo del actual, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, con que se formó el presente expediente; quedando sin efecto todas las providencias decretadas en el citado auto de veintisiete de marzo. En atención a lo anterior, y toda vez que la audiencia constitucional en este juicio de amparo está señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se deja sin efecto la fecha antes mencionada.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve la licenciada Patricia Terrazas Marín, en favor de ***********, fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción V, 107, 109, 112, segundo párrafo, 115, 116, 117, 125 y 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de garantías, promovida por Patricia Terrazas Marín, en favor de **********, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que se conculcan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1°, 2, apartado A, fracción VIII, 4°, tercer párrafo, 14, 16, 17, 18, 20, apartado B, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25, 29, 62 y 63 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 2, 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 3 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación del presente proveído, en el cual expondrán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad legal del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada de las constancias relativas al acto combatido en esta vía constitucional, o de no serle posible, manifieste el impedimento legal que tenga para remitirlas. Ahora bien, dado que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, se apercibe a las autoridades responsables que si alguna de las constancias que remitan en apoyo de su informe, está incompleta o ilegible, total o parcialmente, lo rinden sin remitir constancias necesarias para apoyarlo o no manifiestan el impedimento legal que tuviesen para tal efecto, se estarán a las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 ya citado. Se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Ahora bien, teniendo en consideración que en la especie, el quejoso reclama de las autoridades señaladas como responsables, "(.) LOS MALOS TRATOS, CRUELES E INHUMANOS CONSISTENTES EN GOLPES QUE RECIBE INGRESANDO A SU CELDA QUE SE ENCUENTRA EN UN MÓDULO DENOMINADO "OCLADE" POR PARTE DEL PERSONAL DE CUSTODIOS QUE TRABAJAN EN DICHO CENTRO DE RECLUSIÓN DESDE EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ASÍ MISMO, NO SE LE PERMITE SALIR A LAS ÁREAS DE TRABAJO NI REALIZAR ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN AL INTERIOR DE DICHO CENTRO, AFECTADO GRAVEMENTE SU SALUD FÍSICA Y MENTAL."; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO el acto consistente en: "LOS MALOS TRATOS, CRUELES E INHUMANOS CONSISTENTES EN GOLPES QUE RECIBE INGRESANDO A SU CELDA QUE SE ENCUENTRA EN UN MÓDULO DENOMINADO "OCLADE" POR PARTE DEL PERSONAL DE CUSTODIOS QUE TRABAJAN EN DICHO CENTRO DE RECLUSIÓN, ASÍ MISMO, QUE NO SE LE PERMITE SALIR AL ÁREA DE TRABAJO NI REALIZAR ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN AL INTERIOR DE DICHO CENTRO", así como cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República. En el entendido, de que la suspensión de plano y de oficio otorgada en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, tendrá por efecto que el órgano jurisdiccional decrete la suspensión de los actos reclamados y dicte todas las medidas necesarias para que la autoridad responsable realice las gestiones, para que cesen de inmediato la determinación consistente en LOS MALOS TRATOS, CRUELES E INHUMANOS CONSISTENTES EN GOLPES QUE RECIBE JOSÉ GIL PÉREZ VARGAS AL INGRESAR A SU CELDA QUE SE ENCUENTRA EN UN MÓDULO DENOMINADO "OCLADE" POR PARTE DEL PERSONAL DE CUSTODIOS QUE TRABAJAN EN DICHO CENTRO DE RECLUSIÓN, ASÍ MISMO, NO PERMITIRLE SALIR AL ÁREA DE TRABAJO NI REALIZAR ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN AL INTERIOR DE DICHO CENTRO, toda vez que hasta este momento no se cuenta con resolución debidamente fundada y motivada que justifique los tratos que recibe así como la privación de sus derechos a participar en los trabajos y actividades que se realizan, en el interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. Con fundamento en lo establecido por los artículo 126, párrafo segundo, y 158, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informen sobre el cumplimiento que se haya dado respecto de la medida suspensional, apercibidas que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa por CINCUENTA unidades de medida y actualización de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo vigente, haciéndoles saber que de incumplir dicho mandato podrán incurrir en el delito a que se refiere el artículo 262, fracción III, de la Ley en cita, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda de garantías. Con copia autorizada del presente auto notifíquese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y désele la intervención legal que le corresponda. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial, en que se asiente esa circunstancia. Se ordena al Actuario Judicial adscrito, que se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Varonil con sede en Cieneguillas, Zacatecas. Una vez que localice a José Gil Pérez Vargas, directo quejoso deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieren dictado. Se tienen como autorizados de la parte quejosa para recibir notificaciones, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de esa propia legislación a los licenciados Eduardo Daniel Olivares de la Rosa y Ma. Leonor Meza Rodríguez, dada la materia penal sobre la que versa el presente asunto; y como domicilio para tal efecto, el ubicado en las oficinas que ocupa la Defensoría Pública Federal adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, de esta ciudad. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico.

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