José Germán Rodríguez
Expediente 468/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 05/06/2018
Partes del expediente
- José Germán Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos remitidos por el Director Jurídico Contencioso Dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, residente en esta ciudad, el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (foja 189 a 191); manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (foja 192), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el veinticinco de mayo del año en que se actúa (foja 195); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió como se precisó en la certificación, sin que realizara manifestaciones respecto al cumplimiento Luego, este órgano jurisdiccional procede a determinar si de acuerdo con las documentales que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada el quince de agosto de dos mil diecisiete (fojas 114 a 136), se determinó conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a *, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, en tanto no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva al peticionario de amparo las cantidades que le fueron descontadas desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53"; además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión (fojas 143 a 148), el que fue admitido en auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 162) para que resolviera el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por lo que el dos de mayo de la presente anualidad allegó a este juzgado federal el testimonio de la ejecutoria de seis de abril del presente año, dictada en los autos del cuaderno auxiliar número 107/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, correspondiente al amparo en revisión número 1051/2017, del registro del órgano colegiado mencionado en primer término, en la que se aprecia que modificó la sentencia recurrida y en su lugar, sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal de la siguiente manera: "1.- Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, lo que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y, 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad le reintegre al quejoso las cantidades que le fueron descontadas por el concepto 53 (fondo de pensiones), con motivo de los descuentos efectuados en su recibo de nómina de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete -que generó la procedencia del juicio- y los posteriores que hubiesen efectuado a la luz de los preceptos declarados incostitucionales." En consecuencia, se requirió únicamente a la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que en el término de siete días lo acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (foja 176). Ante ello, a través del oficio y anexos enviados por el Director Jurídico Contencioso Dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas (fojas 189 a 191), manifestó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector, es decir, se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; asimismo, remitió copia de la transferencia bancaria realizada al promovente de amparo, de donde se advierte que devolvió la cantidad materia del juicio, la cual se pagó a la parte quejosa, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio, ha quedado cumplido. Luego, con fundamento en lo que dispone el ordinal 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente juicio es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el expediente en que se actúa, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 38 a 43), del original del cuaderno incidental); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos remitidos por el Director Jurídico Contencioso Dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, residente en esta ciudad, el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (foja 189 a 191); manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (foja 192), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el veinticinco de mayo del año en que se actúa (foja 195); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió como se precisó en la certificación, sin que realizara manifestaciones respecto al cumplimiento Luego, este órgano jurisdiccional procede a determinar si de acuerdo con las documentales que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada el quince de agosto de dos mil diecisiete (fojas 114 a 136), se determinó conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a *, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, en tanto no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva al peticionario de amparo las cantidades que le fueron descontadas desde la fecha en que se le otorgó su pensión, por el "concepto 53"; además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión (fojas 143 a 148), el que fue admitido en auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 162) para que resolviera el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por lo que el dos de mayo de la presente anualidad allegó a este juzgado federal el testimonio de la ejecutoria de seis de abril del presente año, dictada en los autos del cuaderno auxiliar número 107/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, correspondiente al amparo en revisión número 1051/2017, del registro del órgano colegiado mencionado en primer término, en la que se aprecia que modificó la sentencia recurrida y en su lugar, sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal de la siguiente manera: "1.- Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, lo que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y, 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad le reintegre al quejoso las cantidades que le fueron descontadas por el concepto 53 (fondo de pensiones), con motivo de los descuentos efectuados en su recibo de nómina de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete -que generó la procedencia del juicio- y los posteriores que hubiesen efectuado a la luz de los preceptos declarados incostitucionales." En consecuencia, se requirió únicamente a la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que en el término de siete días lo acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (foja 176). Ante ello, a través del oficio y anexos enviados por el Director Jurídico Contencioso Dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas (fojas 189 a 191), manifestó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector, es decir, se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; asimismo, remitió copia de la transferencia bancaria realizada al promovente de amparo, de donde se advierte que devolvió la cantidad materia del juicio, la cual se pagó a la parte quejosa, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio, ha quedado cumplido. Luego, con fundamento en lo que dispone el ordinal 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente juicio es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el expediente en que se actúa, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 38 a 43), del original del cuaderno incidental); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que dio cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, agréguense a sus autos el libelo y anexo de cuenta para que obren como corresponda, en virtud de que por acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso (foja 192), se dio vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del citado proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con el acatamiento de la sentencia de amparo concedida en autos.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.
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