José Gerardo Velázquez Blanco
Expediente 1525/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1525/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Gerardo Velázquez Blanco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta que remite el Apoderado y Representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto, mediante el cual desahoga el requerimiento contenido en el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, e informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo acompañando un anexo con el que refiere acreditar su dicho; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se advierte que se fijaron el uno de diciembre del año en curso, para consulta en el área de traumatología y ortopedia y el nueve de enero de dos mil veinticuatro en la especialidad de nefrología. De igual manera, se le tiene reiterando que se fijó el veintitrés de noviembre del año en curso, para consulta en el área de rehabilitación. Vista. En tal virtud, con copia autorizada del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que esté en posibilidad de imponerse de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha informado el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Requerimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General de los Servicios de Salud en San Luis Potosí y al Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe a este Juzgado el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, esto es: 1. Continúen prestando oportunamente atención médica requerida por la quejosa, derivado de su padecimiento (********************), es decir, continúen realizando en tiempo las dos sesiones por semana de hemodiálisis y suministrado de medicamentos respectivos conforme le sean prescritos, hasta el total restablecimiento de su salud. Apercibimiento. De no hacerlo así sin causa justificada, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Precisión a quejosa. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que, a fin de no poner en riesgo su salud y siempre y cuando se encuentre en posibilidad de adquirir los medicamentos y/o tratamientos que le hayan sido prescritos para su padecimiento, lo puede realizar, debiendo conservar las notas de compra de los mismos y/o facturas, a fin de solicitar el reembolso de los gastos generados por la compra de los mismos. Precisión a responsable. En el mismo orden de ideas, informase a la autoridad responsable que en caso de que el quejoso adquiera los medicamentos y/o tratamientos que le fueron prescritos para su padecimiento, con sus propios medios, deberá de reembolsar los gastos que el mismo sufrague. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 151/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. ANTE ENFERMEDADES QUE IMPLICAN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PERIÓDICA, EL ESTADO TIENE UN DEBER DE DILIGENCIA QUE DEBERÁ POTENCIALIZARSE CON UN CARÁCTER REFORZADO. HECHOS: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, ante enfermedades que implican el suministro de medicamentos de forma periódica, existe un deber de diligencia por parte del Estado que deberá potencializarse con un carácter reforzado, pues de ello dependen la vida, la integridad y la seguridad de las personas. JUSTIFICACIÓN: El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Este tipo de deberes comprometen a las autoridades del Estado a ajustar el aparato institucional, legal, administrativo y financiero para evitar vulneraciones a los derechos de las personas. Así, para salvaguardar el derecho humano a la salud previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de importancia garantizar el más alto nivel en las pretensiones relacionadas con el disfrute de ese derecho a partir de una serie de estándares jurídicos, así como de la realización progresiva de ese derecho, entre los que destaca el deber concreto y constante de avanzar hacia su plena realización. En consecuencia, la vulneración al derecho a la salud se actualiza desde el momento en que el medicamento no es suministrado al paciente de forma oportuna por el Estado -a través de las instituciones de salud-, ya que tenía conocimiento de que lo requería de manera continua y permanente; por tanto, incumplió con su deber reforzado de debida diligencia, pues las autoridades debieron planear y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que no se diera una situación de desabasto. Amparo en revisión 82/2022. 12 de abril de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano." Así como la tesis jurisprudencial 152/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LAS AUTORIDADES DE SALUD DEL ESTADO INCUMPLEN CON SU OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR ACCIONES PARA MEDIR Y FAVORECER ESE DERECHO, CUANDO NO ENTREGAN OPORTUNAMENTE EL MEDICAMENTO REQUERIDO POR EL PACIENTE. HECHOS: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, con la omisión por parte de las autoridades de salud del Estado de entregar oportunamente el medicamento requerido por el paciente, se incumple con la obligación de implantar acciones encaminadas a medir y favorecer, con apego al tratamiento respectivo, el derecho a la salud. JUSTIFICACIÓN: En términos del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se impone a los Estados, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una obligación de cumplimiento progresivo para lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados. De no concretarse con el nivel mínimo de procuración y atención a los pacientes en un sentido reforzado, se actualiza la omisión del actuar diligente por parte del Estado. Así, tratándose de situaciones en las que los pacientes requieren de la toma periódica de medicamentos, sobre todo, derivadas de enfermedades crónicas, y ante el desabasto, la falta del suministro diario potencializa y agrava su condición de salud, lo cual no sólo atiende a una entrega tardía de la dosis, sino que, ante la imperiosa necesidad por no contar con el medicamento, se menoscaba su salud. Amparo en revisión 82/2022. 12 de abril de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 153/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. PROCEDE REEMBOLSAR EL PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR EL PACIENTE, DERIVADO DE LA OMISIÓN Y SUMINISTRO TARDÍO POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), ANTE LA URGENCIA DE NO PONER EN RIESGO SU SALUD. HECHOS: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención al derecho humano a la salud, al no satisfacerse lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben reembolsarse al quejoso los gastos erogados con motivo de la adquisición del medicamento requerido para tratar su enfermedad, pues al actualizarse la interrupción del suministro del fármaco, así como su entrega tardía, se vulneró el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, dentro de los cuales -tratándose de servicios de salud- se encuentran las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. JUSTIFICACIÓN: De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la protección de la salud comprende como servicio básico la atención médica, que supone un tratamiento oportuno al enfermo, que incluye la aplicación de los estudios médicos necesarios y de los medicamentos correspondientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituye una institución pública de seguridad social que forma parte del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, se encuentra obligado, en términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., fracción I, 23, 24, 27, 32, 33 y 37 de la Ley General de Salud, a garantizar el derecho a la salud mediante atención médica preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, como un servicio básico de salud a las personas que tengan el carácter de derechohabientes, en términos de su ley. Ahora bien, en relación con su derecho a la salud, el quejoso vio afectada su esfera jurídica ante la suspensión del suministro del medicamento, lo cual no desaparece con su entrega a destiempo por el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues la entrega impuntual o inoportuna del medicamento que debía realizarse en forma ininterrumpida puso en peligro su salud. Ante ese escenario, el Juez de Distrito tenía la obligación de evaluar en su integridad los autos del juicio de amparo para advertir que, al no haberle sido suministrado el medicamento por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el quejoso se vio en la imperiosa necesidad de adquirirlo por sus propios medios. Amparo en revisión 82/2022. 12 de abril de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano". Notifíquese por medio de lista y por oficio al Director General de los Servicios de Salud en San Luis Potosí y al Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto".Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; luego, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Ahora, en términos de lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 17, en relación con el 14 del citado Acuerdo General, debido a que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria en auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE. Por lo que, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Valoración del incidente. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la suspensión definitiva; en consecuencia glósese el cuaderno de dicho incidente, mismo que también es CONSERVABLE. Sin que en el caso obre en dicho incidente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Transferencia. Se deberá solicitar la transferencia de este expediente, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, esto es, a partir de la data en que se actúa. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9 segundo párrafo del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, en atención a su contenido, se provee: Consulta del expediente electrónico. Como lo solicita la oficiante, con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza consultar el expediente electrónico del asunto en que se actúa en la forma propuesta, a través del usuario ********************. Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese el usuario respectivo para tales efectos. Comisión a la Actuaria Judicial. Asimismo, se comisiona a la Actuaria Judicial que tenga a su cargo este asunto, para que proceda en los siguientes términos: En el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ingrese al apartado de "Actuaria", luego "Lista de Síntesis de Acuerdos" y después "Captura de Síntesis", y en el cuadro de número de expediente teclear el juicio de amparo en que se actúa. En la página que aparece deberá seleccionar el botón correspondiente a la fila denominada "Detalle", respecto de todos los acuerdos dictados previamente al presente proveído en el cual se autorizó el acceso a la Representación Social referida. En la página emergente que aparezca, en el apartado de "partes" seleccionará a la Agente del Ministerio Público de la Federación citada, y en el rubro titulado "Tipo de Notificación" deberá seleccionar "Notificación por lista", y luego apretar el botón "Guardar". La Actuaria Judicial deberá levantar el acta circunstanciada correspondiente en la que haga constar el cumplimiento de lo anterior, y el Secretario encargado del trámite de este asunto deberá constatar lo anterior. Notifíquese por medio de lista y cúmplase.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
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