José Gerardo Tomás Eng García
Expediente 931/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/06/2019
Partes del expediente
- José Gerardo Tomás Eng García
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de *** [parte quejosa] mediante el cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó su escrito inicial de demanda de amparo. Al respecto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, tal como se ordenó en proveído del catorce de mayo del presente año, devuélvanse a la parte quejosa los documentos originales que adjuntó a su escrito inicial de demanda de amparo, dejando en su lugar copia certificada, previa razón que por su entrega se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificado con credencial oficial vigente , y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento con que se le conminó en el referido auto del catorce de mayo del presente año, esto es, que de no comparecer a recoger los documentos originales que adjuntó a su demanda de amparo dentro del plazo de noventa días, con fundamento en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA ***, *** Y *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Recurso de revisión. Visto el escrito de ***, en su carácter de tercero interesado, se advierte que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión y se ordena correr traslado con copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, es decir, que obren las constancias de notificación a las partes del auto de esta fecha, remítase en el término de tres días el original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, con el escrito de interposición del recurso y expresión de agravios, a fin de que se sirva sustanciarlo. Fórmese cuadernillo de antecedentes con las constancias necesarias. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
... Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. "41. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las autoridades responsables tomen las medidas necesarias en el juicio laboral *** para que en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de que sean requeridas para que cumplan la presente sentencia concesoria, formule el proyecto de laudo y, una vez aprobado, sin adiciones ni modificaciones, lo eleve a la categoría de laudo, debiendo notificar a las partes, en los plazos establecidos por la ley de la materia..." Mediante proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. De las constancias remitidas por el Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se advierte que el seis de mayo de dos mil diecinueve, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector y al efecto remite copia certificada de las actuaciones emitidas en el juicio laboral *** (fojas 54 a 66), de las que se advierte la emisión del laudo correspondiente. Por tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, formulara el proyecto de laudo y, una vez aprobado, sin adiciones ni modificaciones, lo elevara a la categoría de laudo, y ordenara la pronta notificación a las partes, la cual realizó el tres de mayo del año en cita, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Además, mediante oficio 1559/2019/AI (foja 72) remitió las constancias de notificación. Consecuentemente, se concluye que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin que se advierta exceso o defecto en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. ...
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil diecinueve, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Glósese copia del presente acuerdo al original y duplicado del incidente de suspensión.. Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico, así como relevancia documental por el cual se deba conservar. Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción II del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo de dicho artículo. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese, y cúmplase.
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