José Gerardo Terrón Garces
Expediente 570/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 570/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/11/2018
Partes del expediente
- José Gerardo Terrón Garces
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de noviembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio de cuenta con el que se remite la demanda de amparo de que se trata, los autos originales del juicio administrativo 994/2015, del índice de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la constancia de emplazamiento a la parte tercero interesada y trece anexos que se acompañan, fórmese el juicio de amparo directo 570/2018, regístrese en el libro de gobierno y acúsese recibo. De las constancias que remite la autoridad responsable se desprende que el quejoso José Gerardo Terrón Garcés, por propio derecho, señala como acto reclamado la resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en los autos del juicio administrativo 994/2015, mediante la cual se determinó tener por cumplida la resolución emitida el quince e marzo de dos mil dieciocho, en el recurso de revisión 1368/2017. Por tanto, se puede advertir que este Tribunal Colegiado carece de competencia para conocer y resolver el presente asunto, puesto que el acto reclamado lo constituye una resolución que tuvo por cumplida la condena impuesta a las autoridades demandadas en el recurso de revisión citado, la cual puede ser reclamada en vía indirecta de conformidad en lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.". Mientras que el artículo 170 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Así es, del artículo transcrito se obtiene que el juicio de amparo directo, competencia de los tribunales colegiados de circuito, únicamente procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, o que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, en contra de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Asimismo, precisa que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal o las que sin decidirlo lo den por concluido, y que procederá el amparo directo, en contra de dichas determinaciones, únicamente cuando sean pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Por lo expuesto anteriormente, resulta inconcuso que este tribunal no puede conocer del presente asunto, pues no se ajusta a las hipótesis de procedencia contenidas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, al no reclamarse una sentencia definitiva o una resolución que sin decidirlo en lo principal, de por concluido el juicio, pues, en todo caso, se surte la competencia a un Juzgado de Distrito en términos de lo establecido por el artículo 107 de la citada ley. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 45 y 170 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo promovida por José Gerardo Terrón Garcés, por propio derecho, y, por ende, se ordena remitir al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en Turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, a quien se considera legalmente competente para conocer de la demanda, los autos del presente juicio de amparo directo 570/2018, previo cuaderno de antecedentes que se forme, así como los autos del juicio administrativo 994/2015, en 552 fojas, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Tribunal (Naucalpan de Juárez), con fundamento en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, se le previene para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, haga tal señalamiento, con el apercibimiento de que, en caso contrario, las demás notificaciones y aun las de carácter personal, se le harán por lista. Término que se otorga de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado, en términos amplios de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, siempre y cuando se tenga registrada su cédula en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito; de no ser así, únicamente se tendrá solamente como autorizado para oír y recibir notificaciones. Asimismo, con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Notifíquese, personalmente. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
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