JOSE GERARDO PACHECO VALENZUELA y Otros.

Expediente 406/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
406/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • JOSE GERARDO PACHECO VALENZUELA y Otros.
  • JOSE ZAZUETA CERVANTES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, contra el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    es notificación personal para las partes

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS QUEJOSOS MARÍA JOSÉ ROMERO GUTIÉRREZ Y QUIEN RESULTE SER TITULAR DE LA LICENCIA DE ALCOHOLES NÚMERO 139-C, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Visto los oficios de cuenta signados por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, rinde informe justificado y remite documentales; agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. Bajo ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad mencionada y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, téngase por exhibida la documental allegada consistente en la copia certificada del oficio 1768 de veintiséis de septiembre del año en curso, suscrito por el Presidente de la citada junta laboral, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Pues bien, el suscrito juzgador advierte la actualización de una causal de improcedencia de este juicio de amparo, derivada del informe justificado de referencia, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene observancia la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Así también, cobra aplicación la tesis aislada I.7o.P.13 K, visible en la página 1947, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Tal proceder no vulnera el derecho humano reconocido en los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, ya que el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tal motivo, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a su efectividad, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así lo sostuvo, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), visible en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, de la literalidad que sigue: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". En ese tenor, se precisa que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando del acto reclamado hayan cesado sus efectos, en virtud de un actuar de la autoridad responsable. En efecto, en este juicio de amparo dicha causal de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado, toda vez que el acto atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, ha dejado de existir, por tanto, sus efectos ya no podrán surtir en perjuicio del quejoso, puesto que se le restituirá en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en relación con lo establecido por el artículo 77, fracción II del Cuerpo de Leyes en estudio. Lo anterior es así dado que, los acto reclamados por el quejoso consisten en: Del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, la omisión de enviar un oficio recordatorio respecto de la comunicación 2300, que dirigió al Delegado de Inspección y Normatividad de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con motivo del juicio laboral de origen J.E.No.2-08-422/2016, promovido por los propios justiciables, contra los terceros interesados María José Romero Gutiérrez y quien resulte ser titular de la licencia de alcoholes número 139-C; Del Director de Inspección y Normatividad del Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, la omisión de atender el oficio 2300, que le remitió el Delegado de Inspección y Normatividad de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, proveniente de la contienda laboral J.E.No.2-08-422/2016; y, Del Delegado de Inspección y Normatividad de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, la omisión de dar respuesta al oficio 2300, de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, el Presidente de la junta responsable remitió copia certificada del oficio 1737, de veinticuatro de septiembre del año en curso, dirigido al Delegado de Inspección y Normatividad Zona Norte, con residencia en ésta ciudad y derivado del juicio laboral de origen, el cual fue recibido por la citada autoridad el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, según el sello plasmado en la referida documental, igualmente, mediante oficios DJ/039/18 y DJ/057/18, firmados por el Director de Inspección y Normatividad Delegación Zona Norte, con residencia en ésta ciudad, se advierte que se dio contestación a lo solicitado por el Presidente de la Junta en mención, en el mencionado oficio 2300, recibido el ocho de noviembre de dos mil diecisiete; de ahí que, los efectos del acto reclamado han cesado y, ya no se causará un perjuicio para el quejoso. Cierto, al remitirse el oficio 1737, al Delegado de Inspección y Normatividad de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, -relacionado con el diverso 2300, recibido el ocho de noviembre de dos mil diecisiete-; a fin de desahogar la totalidad de probanzas en el juicio laboral de origen, -lo cual consiste en los actos reclamados-, se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, por lo que, en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, se tornaría jurídicamente imposible restituir a los quejosos en el goce de los derechos humanos que se estimen violados, al no existir más la violación o, bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo, si varió la materia del acto reclamado y se modificó sin dejar huella alguna en la esfera jurídica de los amparistas, susceptible de reparación, lo cual impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan al gobernado y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sobre el tópico, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones de derechos humanos que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos y, si la fracción XXI, del artículo 61, de la propia Ley, previene que el juicio resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entonces, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la propia legislación; por consiguiente, la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se deja sin efectos.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la autoridad responsable Delegado de Inspección y Normatividad de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, para que rinda su informe justificado; por tanto, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, no ha de celebrarse y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, para que tenga su verificativo.

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